Alguien desconocedor de la esquizofrenia separatista podría confundir la muchedumbre con viajes del Imserso folklorizados por desfiles con antorchas –los capirotes siguen en el armario – y la degustación de productos autóctonos como fuet y escalibadas. Cánticos vejatorios y ofensivos amenizaron una tarde soleada en la que la gran mayoría de los catalanes optaron por actividades lúdicas y festivas desconectada de cualquier maniquea tribalización. Albert Soler, el periodista que mejor ha desnudado el trampantojo separatista, envidia en sus artículos la capacidad de los madrileños de desconectar y priorizar familiares y seres queridos. Desde su Girona natal le imaginamos celebrar esta supuesta vuelta a la normalidad.
No es para menos. Según datos del Centro de Estudios de Opinión, entidad dependiente de la Generalitat, el apoyo a la quimera independentista se desploma entre las franjas más jóvenes de la población. En octubre de 2017 el 52% de los encuestados entre 18 y 34 años se mostraban favorables a la partición territorial. Seis años más tarde el apoyo separatista ha decaído hasta el 36%. A la vez, quienes apuestan por continuar formando parte de España suben doce puntos hasta el 53%.
Con tal información no extraña que a las convocatorias de las plataformas nacionalistas se personen sexagenarios y septuagenarias. Tietas y jubilados que optan por manifestarse rompiendo de tal manera la aburrida cotidianidad. La desafección de las nuevas generaciones hacia la causa independentistas es desde hace tiempo la mayor preocupación de los capitostes separatistas. Un ex responsable de la ANC reconocía al autor la incapacidad de “poder asegurar una continuidad operativa de aquí a cinco años… No logramos cautivar a universitarios o treintañeros”. Aquellos que convirtieron Plaza de Uquinaona en Belfast en octubre de 2019 parecen haber optado por una existencia alejada de la visceralidad y de la fobia identitaria.
La imposibilidad logística del separatismo de recuperar el monopolio callejero obliga a acrecentar la exacerbación verbal contra las instituciones y el Estado. Los mensajes cada vez más ultrajantes de Dolor Feliu, actual presidenta de la ANC, encuentran justificación en la pérdida de activos y el decreciente apoyo social. Una conducta impropia de una funcionaria y que podría alentar a grupúsculos fanatizados a dar un salto cualitativo legitimando la violencia como principal modus operandi.
El experimento fracasado de los denominados Blanc Bloc, creados a imagen y semejanza de los Tute Bianche italianas que colapsaron el G8 de 2001 en Génova, o la detención de los autodenominados “Equipos de Respuesta Táctica” de los CDR en septiembre de 2019 representan alarmantes señales de un sectarismo legitimador de la violencia más que extendido en las franjas más exacerbadas del separatismo. Puede calificarse de milagrosos que hasta la fecha no tengamos que lamentar víctimas mortales en el embate contra el Estado, con la debida excepción del turista fallecido por infarto durante el asedio al Prats que alentó Tsunami Democrático (TD).
Mientras tanto en la capital el mandatario en funciones empieza a sembrar el camino hacia la reelección. Un periplo dificultoso y que ocasionará crispación especialmente en las filas socialistas. La reprobable aprobación de una ley de alivio penal, eufemismo blanqueador de la amnistía, y el regreso impune de aquellos que agrietaron los cimientos institucionales del Estado, perjudicaría especialmente a Salvador Illa. El filósofo equilibra sus intervenciones como un avezado trapecista para no invalidar la siniestra estrategia pactista del amato líder.
Fíjense en lo acontecido hace una semana en el Parlament y en el Ayuntamiento de Madrid. Illa abrió las puertas a una repetición electoral ante la resolución conjunta de las formaciones separatistas que exigía “una amnistía y hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”. El candidato más presidenciable del constitucionalismo a la Generalitat sorteando los obstáculos causados por su misma formación política. Mientras tanto en Cibeles el socialismo votaba en contra de una moción popular que denegaba la concesión de la amnistía. Una vez más se imponía la consigna de Moncloa/Ferraz silenciando toda voz discrepante. Ante la pasividad de Juan Lobato, se echa en falta un contrapoder al absolutismo sanchista.
Quienes prosperan en la formación son arribistas de la talla de Óscar Puente. El ex alcalde de Valladolid protagonizó una intervención esperpéntica con su verborrea gorilesca en el Parlamento. Como bien ha escrito Jorge Bustos, “cuándo se levantó para ocupar la tribuna de oradores todo el mundo se sorprendió de que supiera caminar erguido”. Sánchez no tuvo reparo en comisionar a una persona salpicada por los escándalos la réplica a Feijóo viniendo menos a la cortesía parlamentaria. No sorprenda entonces que haya sido el mismo Puente quién en una entrevista a la COPE reconociera la aceptación en las filas socialistas de hacer regresar impunemente a los fugados “en aras de la convivencia”.
La guardia pretoriana del mandatario en funciones trabaja a marchas forzadas con el objetivo de engatusar al electorado y convencerle de la necesidad de la fase de desjudicialización. El último artículo de Ivan Redondo, el Richelieu caído en desgracia, que publica “La Vanguardia” se titula “Tener fe en la amnistía”.
En el medio de tanto lodazal se ha producido algo insólito. Un concejal socialista, tal Daniel Viondi, dimitió al haber palmeado la cara de José Luís Martínez-Almeida. Entre sus méritos para ascender en el organigrama socialista haber jugado varias pachangas al baloncesto con el secretario general.
A falta de guionistas por la huelga en Hollywood, siempre nos queda la política autóctona.
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