El Ejecutivo de Pedro Sanchez se someterá a la dictadura de un partido secesionista y minoritario, con apenas el 1,6% del voto nacional y siete escaños en el Congreso (2% del hemiciclo), para posibilitar la legislatura más tensa y dividida de la democracia. El expresidente de la Generalitat mantiene el chantaje al Estado con la exigencia de que pida "perdón" por su actuación el 1-O y la interlocución de una llamada final con Sánchez, “de presidente a presidente”, como colofón al acuerdo para reelegirle presidente del Gobierno.
Parálisis institucional
Cien días después de las elecciones generales, las principales instituciones permanecen estancadas en espera de la investidura del candidato socialista para ocupar el palacio de la Moncloa. Tanto el Congreso como el Senado continúan paralizados y funcionando a medio gas, sin comisiones que puedan legislar ni ejercer el control del gobierno. Tampoco el poder ejecutivo en funciones puede tomar decisiones de calado en situación de interinidad, sin capacidad para impulsar leyes ni aprobar gastos, mientras el Poder Judicial se mantiene en “situación crítica” y casi de “respiración asistida”, al decir de su máximo representante y del Tribunal Supremo, Francisco Marín.
Culpable de tan preocupante parálisis institucional no es otro que el independentismo catalán, cuya arrogancia se permite amenazar a la segunda autoridad del Estado con la advertencia de hacerle "mear sangre" si no consigue la amnistía por la insurrección desencadenada durante el procés. Cooperador necesario de esta bochornosa realidad es también el jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, empeñado en conceder la amnistía que beneficiará a un fugado de la justicia, junto al líder republicano, Junqueras, y centenares de dirigentes y altos cargos de la administración catalana. El líder de Junts mantiene el pulso para imponer, además, un referéndum junto a otras prebendas económicas y la asunción de competencias ferroviarias.
Para que nada falte, el nacionalismo vasco reivindica "amarrar" el reconocimiento de Euskadi como nación, incluso si la investidura se produce en el "último minuto" con tal de evitar una repetición electoral. El nacionalismo del PNV que ya apoyó en 2018 y 2019 al presidente socialista no se fía esta vez, por lo que le exige negociar un 'nuevo estatus' vasco que actualice el Estatuto de Gernika.
Dictadura de las minorías
Como en tantos periodos oscuros de nuestra historia, de nuevo vuelve a aflorar la imposición sobre el consenso y, lo que es mucho más grave, a emerger la dictadura de las minorías anti constitucionalistas y regresivas, carentes de toda ideología o equilibrio reflexivo. Pocas veces ha habido en democracia tal falta de consenso e incluso tanta división como en los momentos actuales, en los que nuestra clase política se encastilla en dos bloques numantinos a derecha e izquierda, sin apenas resquicio al entendimiento y el logro de amplios acuerdos de Estado.
Feijóo, punto final de Sánchez
El líder del PP exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijar cuanto antes la fecha del debate del candidato socialista convencido de que la concesión de la amnistía será el “punto final” de Sánchez. Feijóo aumenta la presión sobre el gobierno en todos los frentes. Su mejor escaparate institucional sigue siendo el Senado, donde la holgada mayoría absoluta le sirve para aprobar una moción contra un perdón, “expreso o velado”, al tiempo que abre una comisión de investigación sobre los apaños del CIS. La avanzadilla de los presientes autonomicos 'populares' en la Comisión General de las Comunidades reclama también la “igualdad jurídica y económica” de los territorios para frenar un sistema de financiación asimétrico o unilateral que dé “privilegios” a Cataluña.
Presión de Sanchez y batiburrillo de Sumar
En la recta final de las negociaciones con sus socios, Sánchez apremia al futuro bloque de investidura (PNV, ERC, Bildu y BNG) para no sobrepasar la tercera semana de noviembre. Psoe y SUMAR sellan el segundo acuerdo de gobierno para la nueva legislatura que contempla la reducción de la semana laboral a 37,5 horas, nueva regulación del despido, subida del Salario Mínimo (SMI), aumento del parque público de vivienda y ampliación de los permisos por nacimiento.
El batiburrillo de la formación se parece cada día más a la España cantonal de la primera república, con sus cuatro efímeros presidentes enfrentados y uno de ellos -Estanislao Figueras- expatriado en París al grito de estar "hasta los cojones de todos nosotros". Los “rebeldes” del multi-partito nacional no son otros que Iglesias Belarra y Montero, quienes en nombre de Podemos rechazan, por insuficiente, el acuerdo de gobierno con Sánchez, y la amenaza de Díaz y Colau de cortarles el grifo de la financiación si no vuelven al redil y aplacan sus reivindicaciones ministeriales. La estrategia del ‘clan de galapagar’ no solo pasa por hacer sudar sus cinco votos, si no por presentar a la ministra de Igualdad en funciones, Montero, como candidata al Parlamento Europeo.
Juramento de la princesa Leonor
El bipartidismo arropara a la corona, aunque sea por unas horas la próxima semana, en la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor. La ceremonia viene precedida de la publica reflexión de Felipe VI a la heredera del trono de asumir la “mayor responsabilidad con España” en una monarquía que “simboliza su unidad y su permanencia". La hija mayor del Rey cumplirá así con el trámite que fija el artículo 61.2 de la Carta Magna que estipula que "el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad debe prestar el mismo juramento" que el jefe del Estado. Poco importa al secesionismo vasco y catalán junto al resto del nacionalismo gallego, que plantara al constitucionalismo en la Cámara baja con el argumento de que la monarquía es una institución "caduca y corrupta" que debería "desaparecer". En la ceremonia estarán buena parte de los diputados y senadores del PSOE, PP y Vox, así como de Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
El CIS olvida la amnistía
EL CIS de Tezanos no pregunta por la amnistía, al considerar que no es una preocupación ciudadana, pero si por su preferencia sobre quién debe ocupar la Moncloa. El presidente en funciones, Pedro Sanchez, se impone como candidato preferido entre los votantes socialistas (72,4%), de ERC (59,4%) e incluso del PNV (57,1%). El último barómetro del Centro de Investigación sitúa al bipartidismo casi a la par, con el Psoe (32,6%) cuatro décimas por encima del PP (32,2%), seguidos de Sumar (12,7%) y Vox (10,1%) en cuarto lugar. El independentismo de ERC sube a costa de Junts, igual que Bildu sobre PNV.