Si se eliminara el uso de las tierras raras se volvería a la década de los 60. En el sector de defensa, por ejemplo, las tierras raras permiten desarrollar capacidades militares y sistemas de combate más eficaces, ágiles e inteligentes. Sin ellas, muchos de los sistemas de armas de alto rendimiento de los ejércitos no podrían producirse.
Alrededor del 98% de las tierras raras utilizadas en la Comunidad Europea en 2021 se importaron de China. El gigante asiático ha desarrollado un monopolio en el mercado de las tierras raras desde la década de 1990. Actualmente, el 80% de estas tierras se produce en ese país. Se prevé que la demanda se quintuplique de aquí a 2030.
Los políticos europeos, llevan tiempo alertando de la importancia de reducir la dependencia exterior de China, temerosos de que lo use como medida de presión ante alguna disputa. Sucedió en 2010, cuando China restringió las exportaciones de tierras raras a Japón por una disputa territorial y también fue usada como arma política en su guerra comercial con Estados Unidos.
"El litio y las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas", declaró el año pasado el Comisario de Mercado Interior de la UE, Thierry Breton.
Entre los argumentos aportados por Ecologistas en Acción ante El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se encontraban los perjuicios que acarrearía en la fauna de la comarca. Según ellos, vivían cuatro parejas de águila imperial ibérica, ejemplares de linces ibéricos y un gran número de aves esteparias. Señalaban también las consecuencias socioeconómicas y patrimoniales, pues en las cercanías está situado el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas.
El Consejo de Seguridad Nuclear, emitió un informe diciendo que las actividades de explotación minera de tierras raras en el Campo de Montiel "están exentas de riesgo radiológico y no requiere de la adopción de medidas de control".
Quantum Minería realizó un estudio de los diferentes impactos ambientales potenciales del proyecto. La compañía ha contado con la colaboración de diferentes consultoras y especialistas en medioambiente.
La compañía minera ha realizado, entre otros estudios, censos de diferentes tipos de aves como el sisón, la ganga, el aguilucho o el águila imperial, además de otras especies animales como el lince, el conejo, anfibios y reptiles. También estudios detallados sobre la flora de la zona, con lo que esperaba dar respuesta a las consideraciones que expuso la Viceconsejería de Medio Ambiente y otros.
Las características del yacimiento y el método de explotación, minería de trasferencia, aseguraban que el impacto ambiental de este proyecto sería muy limitado, además de ubicarse en una zona definida por el Plan Estratégico de Recursos Minerales no Energéticos de Castilla-La Mancha (Horizonte 2020) como "favorable para la actividad minera" y está fuera de la red ecológica europea Natura 2000 de áreas de conservación de la biodiversidad.
Quantum Minería consideraba que las afecciones a los valores ambientales de la zona podían mitigarse y compensarse con medidas acordadas con las administraciones y se comprometía a continuar los estudios y análisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto para dar respuestas "perfectamente fundamentadas" a las alegaciones presentadas.
Castilla-La Mancha presentó un superávit fiscal de 1.634 millones de euros al recibir más dinero del Estado de lo que aporta. Esta información proviene de una de las últimas publicaciones del sistema de cuentas públicas territorializadas (SCPT), que se realizó con datos de 2014. Pese a que Castilla-La Mancha representa un coste fiscal para el Estado, esta autonomía toma decisiones que están afectando negativamente a la transición energética y a la competitividad de las empresas españolas.
Castilla-La Mancha niega proyectos que crean puestos de trabajo, que reducen la deuda pagada, que apoyan la transición energética y que aumentan la competitividad. El tener seguras las materias primas fundamentales para producir los componentes de, por ejemplo, las baterías eléctricas, fortalecería las opciones de España para atraer fábricas de baterías eléctricas o la producción de vehículos eléctricos. Pero una comunidad autónoma deficitaria fiscalmente se niega a conceder permisos de explotación y esta resolución afecta a importantes sectores productivos del país. ¿Tiene derecho Castilla-La Mancha a tomar estas decisiones? ¿No le correspondería al Estado?
Si (
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