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CARTA DEL PRESIDENTE

De ciudadanos de 1ª y 2ª… a delincuentes de 1ª y 2ª

De ciudadanos de 1ª y 2ª… a delincuentes de 1ª y 2ª
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· Por Alfonso Merlos, Presidente del Grupo "El Mundo Financiero"

domingo 17 de marzo de 2024, 08:38h
No es que todos seamos iguales ante la Ley hasta que se demuestre lo contrario. Es que en España, de un tiempo a esta parte, se constata por la vía de los hechos -sin remedio- que los ciudadanos son indiscutiblemente desiguales, en la protección de sus derechos y sus libertades y, también, en la propia salvaguarda de sus intereses económicos.

No es ningún secreto. Ha sido por desgracia una enfermedad intratable la que ha llevado a partidos políticos de todo signo y sigla, especialmente a socialistas y ahora con fuerza a comunistas, a privilegiar el trato a nacionalistas catalanes y vascos en detrimento de lo que cada español merecía: viviese en Extremadura o Canarias, en Murcia o Asturias, en Baleares o en Cantabria. Y no sólo eso: en las Comunidades Autónomas mal llamadas históricas (como si el resto de regiones hubiesen sido creadas ‘ex novo’), los ciudadanos ‘de segunda’ han padecido, siendo catalanes y vascos, el rodillo de ‘los de primera’ (incluido el rodillo de la violencia), separatistas excluyentes y asalvajados de la misma calaña que han contado lastimosamente con la colaboración, complicidad y, en el mejor de los casos, pasividad cobarde y dolosa del gobierno de España.

Ahora se han pisado, borrado y saltado todas las líneas rojas. Es el triple mortal con tirabuzón. Más allá de que esa desigualdad manifiesta e inaceptable siga sin arreglo -no parece algo prioritario-, se crea y extiende una nueva clasificación para los ciudadanos entregados al delito. Y así, de nuevo aquellos que lo hacen en nombre del independentismo más troglodita, cateto y sinvergüenza son exonerados de sus fechorías, ven borrado su execrable historial, que sin embargo permanece inalterado para aquellos otros ciudadanos (condenados por corrupción o por lo que fuere) para los que socialistas y comunistas no prevén medidas de gracia.

El ejecutivo más lesivo de la historia democrática de España pretende dejar postrado al Estado de Derecho; desarticularlo, desactivarlo. Y más allá de la existencia o no de una oposición política implacable, más allá de la mayor o menor rebelión cívica que mantenga el pulso de la resistencia a pie de calle, ante una verdadera emergencia nacional estamos en manos de los jueces: no de su valentía -no es ésta una cuestión de testosterona o arrojo- sino de su independencia, de su integridad, de su simple profesionalidad. Son el último valladar para evitar (aún) lo evitable: que la democracia española, empujada y maniatada por unos bandoleros, se ponga, súbita e irreversiblemente, de hinojos.

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