Además se han adoptado otras medidas complementarias como la ampliación del gasto de Defensa –lógico por otra parte si va a disponer de más efectivos-, y se pretenden destinar a defensa unos 5.500 millones de euros adicionales hasta 2028. En el plan de Dinamarca se incluye rearmar el país y modernizar sus Fuerzas Armadas. Dinamarca destinará este año y el siguiente el 2,4% del PIB en defensa, contando con la ayuda militar que actualmente envía a Ucrania. A partir de 2026, el país nórdico tiene previsto destinar el 2% del PIB íntegramente a su defensa, tal y como se exige desde la OTAN a todos los países miembros. En el caso de Dinamarca el cambio supone un importante esfuerzo, no solo económico, sino de relato, tras décadas de no dedicar más del 1% de los recursos.
Dinamarca es el tercer país en Europa que incluye a las mujeres en el servicio militar obligatorio, mientras que la mayoría de los 28 miembros de la Unión Europea lo han abolido completamente, como es el caso de España. Los otros dos países que obligan tanto a hombres como a mujeres a servir en las fuerzas armadas son sus vecinos de Suecia, que reinstauró el servicio militar tanto para hombres como para mujeres en 2017, y Noruega, donde se introdujo en 2015 el servicio militar obligatorio para ambos sexos.
En principio se trata de una respuesta al incremento de las tensiones con Rusia y a las exigencias de la OTAN, y entre las medidas se encuentran hacer que las responsabilidades sea mayores y las tareas más numerosas. Pero, en el fondo, es una decisión que se verá prolongada a largo plazo aunque acabe pronto la guerra de Ucrania. Otros escenarios de nuevos riesgos se abren en el medio plazo, y los miembros de la OTAN actualizan sus medios y los recursos a aplicar.
Francia también está valorando reinstaurar el Servicio Militar Obligatorio y así se comprometió el presidente francés, Emmanuel Macron en 2018, siendo una de sus propuestas electorales. De momento no hay detalles acerca del progreso de la propuesta, pero Macron afirmó en la base naval de Tulón que el "servicio nacional universal" tendrá un presupuesto propio que no afectará a las cuentas de defensa, pasando del 1,8% de 2018, hasta los 34.200 millones de euros a aumentarlo anualmente en 1.700 millones hasta 2022 y de 3.000 millones al año siguiente, para que en 2025 se dedique a este fin el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, como es mandato de la OTAN.
También es debate abierto en Alemania, que en 2011 abolió el servicio militar obligatorio. Por aquel entonces, Angela Merkel era canciller y la duración era de nueve meses, destinando el 1,6 % del PIB para la defensa nacional. Hoy las cosas han cambiado, Merkel era amiga de Putin, presumía de hablar con él por WhatsApp, pero estamos en guerra con Rusia. En Alemania, el envejecimiento de la población dificulta el objetivo del Gobierno de aumentar a 200.000 soldados el Ejército para 2030, y es probable que, ante las amenazas crecientes, esa fecha haya que aproximarla. La dificultad de atraer soldados para la defensa de Alemania ha reavivado el debate sobre la reintroducción del servicio militar obligatorio, siguiendo los modelos escandinavos o la propuesta francesa.
La defensa de nuestra familia, pueblo, ciudad, región o país no es solo cosa de policías o militares: todos debemos asumir un compromiso con lo que nos interesa defender. Mentalmente empezamos por nuestra casa o nuestro municipio, y vamos ampliando el escenario a conceptos más amplios.
En nuestro país debería abrirse con tranquilidad el debate acerca de la implantación del Servicio Militar Obligatorio, que desapareció con un Real Decreto el 9 de marzo de 2001. Para muchos analistas, la decisión del Gobierno de Aznar fue precipitada y había alternativas a la abolición completa, tras más de dos siglos de reclutamiento militar. Cuando se habla de fomentar la “cultura de defensa” se nos olvida que hemos pasado de percibir miles de jóvenes uniformados por las calles de nuestras ciudades a desalojar los uniformes de toda visibilidad urbana. La excusa para tal decisión era la amenaza terrorista de ETA, pero, ¿cuál es el motivo actual para mantener esa distancia entre ciudadanía y Fuerzas Armadas?
En España, el personal al servicio de la Administración Militar asciende a 139.281 efectivos, de los cuales 125.579 están en activo y 13.702 en la reserva. Luego está el "cupo" no razonablemente cubierto, respecto al resto de países de la OTAN, de los reservistas voluntarios. En España hay 3.016 reservistas voluntarios, de los que más de un 20 % son mujeres. Se trata de ciudadanos que quieren "servir a España" y, para ello, aportan sus capacidades y conocimientos a las diferentes misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas dentro y fuera del territorio nacional. La "relajación" respecto a nuevas plazas y activaciones hacen que se trate de un servicio "desgastado" que convendría también actualizar. Los gobiernos españoles se muestran perezosos cuando se habla de aplicar recursos a Seguridad y Defensa, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir necesariamente con estas realidades.
Reducir los tiempos, especializar, ofrecer puntos para oposiciones y concursos públicos, certificar la formación recibida para que tuviera acogida en la vida civil quizás como formación profesional, e incorporar a la mujer, hubieran sido puntos de apoyo para el mantenimiento del servicio militar obligatorio. Lograr que fuera algo que fuera útil y de lo que sentirse orgulloso. Ahora toca revisar aquellas decisiones ante el retorno de un panorama muy diferente, con crecimiento de riesgos múltiples.
Una renovada actualización requeriría que se diseñara un sistema en el que las personas que suscribieran este compromiso vieran reforzadas sus capacidades, se sintieran orgullosos de su participación, y que el cumplimiento mereciera un reconocimiento social que muchos otros estarían dispuestos a seguir.
Es preciso que la Sociedad abra el debate acerca de la posibilidad de reimplantar el Servicio Militar Obligatorio en España. Podría haber una primera fase “voluntaria”, con posibilidad de que los nuevos reclutas puedan suscribir un acuerdo de ampliación de su compromiso, con nueva formación semiprofesional y con posibilidad de ascensos. Un “reenganche” a la antigua pero actualizada.
No abrir el debate es una irresponsabilidad más de todas las que nos circundan, pero eso no impediría que, llegado el caso indeseable, los ciudadanos tuviéramos finalmente que cooperar igualmente en la defensa de lo colectivo.
La “no mili” no elude de la obligación que tenemos todos los ciudadanos, los políticos los primeros: cuando toca guerra al final vamos todos, miremos Ucrania o Yugoslavia.
Más vale que estemos preparados.
Si (
No(
