Puigdemont humilla a Sánchez
A cincuenta días de las urnas catalanas el ex presidente prófugode la Justicia anuncia su candidatura para restituir la presidencia de la Generalitat y "culminar el proceso independentista" por el que el gobierno de Sánchez ultima su perdón. Puigdemont se jacta de haber "arrastrado al PSOE" a aprobar la amnistía y "haberlo sentado" en la mesa de negociación de Suiza para pactar otro 1-O. El dirigentepolítico sobre el que pesa una orden de detención internacional, humilla y hasta se cachondea del ejecutivo nacional, tras confirmar que se presentará en el Parlament si es propuesto para ser investido como 'molt honorable president'. Recuerda el dirigente secesionista refugiado en Bruselas, que durante la próxima legislatura se celebrará el décimo aniversario del referéndum ilegal de 2017, dispuesto a negociar con Sánchez la autodeterminación que dejó a medias 8 años atrás, con la advertencia de ir "a por todas". Su propuesta de liderar una candidatura unitaria es rechazada de plano por su rival y antiguo socio del govern, ERC, al considerarla un error. De momento, las encuestas no favorecen a Junts, relegado a la tercera posición cuya suma de escaños con los republicanos no conseguiría la mayoría necesaria gobernar.En caso de fracasar o retrasarse la aprobación de la amnistía más allá de junio, el candidato huido sería detenido de manera inmediata y puesto a disposición judicial.
Batalla campal en las Cortes
Nuestras Cortes escenifican una batalla campal, incruenta por el momento, aunque no exenta de injurias, gritos, provocación y malos modos, que hacen irrespirable el ambiente del hemiciclo. Congreso y Senado se declaran la guerra a cuenta de la tramitación de la Ley de amnistía, tras el conflicto institucional planteado por el PP en la cámara alta en defensa de sus atribuciones, por tratarse de “una reforma encubierta de la Constitución”. El enfrentamiento institucional -sin precedentes en nuestra democracia- no paraliza el debate de una norma que los letrados de la cámara territorial descalifican por “vulnerar” 16 artículos de la Constitución y dos directivas europeas, además de las “irregularidades" cometidas en su procedimiento legislativo. El Consejo del Poder Judicial, por su parte, considera “inconstitucional” y “arbitraria” la ley del perdón por atentar contra el derecho de igualdad y la separación de poderes. También califica el CGPJ como “inadmisible” que el poder legislativo deje sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales.
Duelo Sanchez-Feijóo
El Gobierno convierte cada sesión de control parlamentario en una suerte de guerra contra la oposición con un único argumento: la petición de dimisión de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, por las tropelías de su novio con Hacienda a cuenta de la compra de mascarillas. La desesperación del ejecutivo para tapar los despropósitos cometidos durante la anterior legislatura, llevan a Sánchez a utilizar instituciones y organismos del Estado -Fiscalía, abogacía, agencia tributaria e incluso el ministerio de Hacienda- en beneficio partidista, con los que neutralizar sus propios casos de corrupción, así como las concesiones a sus socios secesionistas que cada día suben el listón de sus exigencias.
En paralelo, el líder de la oposición, Núñez-Feijóo, anuncia una investigación parlamentaria sobre los negocios de la mujer del presidente Sánchez, mientras este le echa en cara la concesión de una subvención de la Xunta de Galicia a la empresa donde trabajó la esposa del entonces presidente gallego. El dirigente del PP, también amenaza con llevar a los tribunales "los asuntos que afectan al entorno más inmediato" del inquilino de la Moncloa, por un presunto conflicto de intereses en el rescate de Air Europa.
Encrucijada de Yolanda Diaz
El adelanto de las elecciones en Cataluña, tras la voladura de sus presupuestos y el sunami colateral de los PGE, sitúan a la vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar en las horas más bajas de su gestión con una formación que se diluye electoralmente y pierde influencia en el gobierno de coalición. La mayoría socialista del gabinete ha dado orden de orillar su protagonismo del que recelan incluso sus más fieles. Apenas dos años después de su alumbramiento en 2022, el popurrí de siglas de Sumar -hasta 15-, va de derrota en derrota con el desmembramiento del partido fundacional, Podemos, y la desafección interna de los restantes partidos (IU, Más Madrid, Compromís, Chunta, Verdes Equo, Mes…). Los errores y el desgaste del poder no solo le han hecho desaparecer de Andalucía y su Galicia natal, sino reducir peso también en territorios como País Vasco, Valencia o Cataluña (a punto de ser rebasados por el PP) y hasta esfumarse la aspiración de auparse como tercera fuerza nacional.
No lo tiene fácil Yolanda Diaz, a pesar de su apoteosis congresual que la reelige para liderar su batiburrillo de formaciones, e incluso para mantenerse como diputada durante 20 años. El único feudo pacifico de la confederación son los ‘comuns’ de Colau, la facción con mayor peso dentro de Sumar, que acapara un ministerio, la portavocía del partido y otra en el Congreso.
Peor lo tiene su antiguo partido, Podemos, al que decidió relegar y repudiar a ex colegas de cuitas y gabinete -como Belarra, Garzón o Montero-, que acaba de cumplir el aniversario más amargo desde su fundación hace ahora diez años. Con la misma enjundia que Pablo Iglesias decidió fundar un partido en enero de 2014 para “asaltar el cielo” político, la transformada Unidas-Podemos ha conseguido situarse hoy en la irrelevancia del grupo mixto del Congreso, tras dejarse por el camino 66 de los 71 escaños con los que irrumpió. Desahuciada de la mayor parte de los parlamentos autonomicos, la única aspiración de UP es conseguir una pírrica representación en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Triste periplo del asambleario pnn y rey del botellín, convertid en agitador mediático y tabernero garibaldino, al que perdieron sus ínfulas y ego personal haciendo añicos la nuevas formas de hacer política junto a otros líderes efímeros como Rosa Díez o Albert Rivera
Comisiones de investigación por doquier
Congreso y Senado constituyen hasta cinco comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas de todo lo que afecte a la corrupción, e incluso cualquier asunto pasado, como la operación Cataluña del Ministerio del Interior que creó una trama parapolicial durante el Gobierno de Rajoy; la gestión de los atentados del 2017 en Barcelona y Cambrils, y una más para analizar el espionaje con los programas de software Pegasus y Candiru a políticos y activistas catalanes, incluido el presidente de la Generalitat. A estas investigaciones se añaden dos comisiones más en cada una de las cámaras, para investigar el caso Koldo y la trama del Ministerio de Fomento por cobro de comisiones con la venta de mascarillas a diferentes administraciones durante la pandemia.
La comisión del Senado llamará a declarar al presidente del Gobierno, a la presidenta del Congreso y a una larga lista de ministros y altos cargos de las distintas administraciones para levantar las “alfombras del sanchismo”, mientras en la cámara baja deberán comparecer líderes políticos, presentes y pasados, como Rajoy su ministro de Interior y responsables de los cuerpos de seguridad del Estado. Quedan excluidos y fuera de las comparecencias tanto los magistrados y fiscales, solicitados por las formaciones independentistas. El PP no descarta pedir la comparecencia también del director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Félix Tezanos, por elaborar barómetros electorales con "fines partidistas" durante los últimos años.
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