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HERRAMIENTAS DIGITALES DE LA JUSTICIA

Los economistas reivindican su papel en el ámbito de la Justicia

de izda. a dcha.): Bárbara Pitarque, Valentín Pich, Manuel Olmedo y Aitor Cubo
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de izda. a dcha.): Bárbara Pitarque, Valentín Pich, Manuel Olmedo y Aitor Cubo

  • La jornada ha estado centrada especialmente en el funcionamiento de las herramientas del área de la economía forense, como son la administración concursal y judicial o la pericia económica

martes 14 de mayo de 2024, 11:46h
El Consejo General de Economistas de España, a través del Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias de dicho Consejo General– ha celebrado hoy la jornada titulada "Herramientas digitales de la Justicia", que ha contado con la participación del secretario de Estado de Justicia del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Manuel Olmedo, y del director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia del citado ministerio, Aitor Cubo. El objetivo de este encuentro ha sido explicar las nuevas herramientas digitales que el ministerio ha venido poniendo en marcha –especialmente, a raíz de la publicación del RDL 6/2023, de 19 de diciembre, en materia de servicio público de Justicia, cuyas medidas de eficiencia digital entraron en vigor el pasado 9 enero– con el objeto de agilizar los trámites que llevan aparejados los procesos judiciales, de forma que tanto los profesionales como los ciudadanos puedan acceder a los servicios de la Justicia digital fácilmente. La jornada ha estado centrada especialmente en el funcionamiento de las herramientas del área de la economía forense, como son la administración concursal y judicial o la pericia económica, campos en los que, desde el REFOR, consideran que los economistas desempeñan un papel fundamental; de ahí la importancia de que estos profesionales se familiaricen con los nuevos instrumentos de la justicia digital.

Entre los servicios digitales que se han expuesto se encuentran: Lexnet; Carpeta Digital; Expediente Judicial Electrónico; Servicio Electrónico para procedimientos concursales de Microempresas (SEM); Visor Horus; Perit@ (para el ámbito pericial); y servicios de IA y de robotización de procesos, así como de videoconferencia en juicios.

Ha abierto la jornada el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien ha valorado positivamente “el esfuerzo que está realizando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para el impulso de la Justicia Digital, algo que tiene un especial mérito si tenemos en consideración la compleja estructura de nuestro país en la que se dan situaciones como, por ejemplo, que coexistan diferentes sistemas electrónicos en algunas comunidades autónomas (seis en LexNET) y que, además, no estén intercomunicados del todo entre ellos”. Según Pich, “el trabajo del ministerio en este campo resulta loable, ya que la justicia digital es un tema estratégico que tiene beneficios constatables por el ahorro de tiempo y costes que redundan en una Justicia más eficiente”. Durante su intervención, el presidente de los economistas ha señalado que “según el CEPEJ (organismo de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia), en las comparativas con el resto de los Estados miembros del Consejo de Europa, España está mejorando año a año y ya se encuentra dentro de los cinco países con mayor desarrollo tecnológico en la Justicia, sin perjuicio de que nuestro país pueda abordar todavía algunas mejoras a este respecto”.

En la sesión, Bárbara Pitarque, vicepresidenta 2ª del REFOR, que también ha intervenido en la sesión, ha informado de que el CGE está colaborando con el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mediante su participación en un Grupo de Trabajo sobre los formularios electrónicos concursales de microempresas (en la parte de cuentas económicas), así como en otro Grupo de Robotización y Automatización (en cuya última reunión celebrada en este mes de mayo se han analizado nuevos proyectos que permitan avanzar en la automatización de tareas repetitivas, como podría ser, en el caso del área concursal, la relación de créditos y las comunicaciones a acreedores, que restan tiempo a la labor del profesional).

Durante la jornada se han presentado algunos datos ilustrativos del impulso que está tomando la Justicia digital. Así, tomando como marco los datos del Consejo General del Poder judicial, se ha expuesto que desde 2006, año de la puesta en marcha de LexNET, se han realizado a través de esta plataforma más de 500 millones de comunicaciones y presentaciones de escritos y documentos del ámbito de la Administración de Justicia. Así mismo, en diez años, desde 2013, se ha más que duplicado el número de notificaciones electrónicas en el ámbito de la justicia, de 42 millones de notificaciones en 2013 a 94 millones en 2023. También está creciendo el número de procedimientos electrónicos de microempresas concursales en este año 2024, tras su puesta en marcha en 2023.

En la sesión, los economistas han valorado positivamente diferentes aspectos relacionados con la implementación de la justicia digital en los ámbitos en los que ellos operan. Así, los economistas forenses han puesto en valor la importante dotación de fondos destinados a este fin (410 millones de € hasta 2030); las adaptaciones de la IA realizadas específicamente para la Justicia; la robotización de procesos repetitivos, y las modificaciones llevadas a cabo en las oficinas judiciales para mejorar la eficiencia organizativa, entre otros.

No obstante, los economistas han llamado la atención sobre algunos aspectos sobre los que consideran que cabría aplicar mejoras, tales como las asimetrías en el grado de desarrollo tecnológico entre juzgados; el exceso de actualizaciones y versiones de las herramientas digitales –si bien, a este respecto, la reciente creación del Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia (PAGAJ) ha supuesto un avance considerable–, o la falta de armonización con otros países europeos que no han apostado por soluciones únicas digitales, lo que podría restar eficiencia en procesos transfronterizos.

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