Algo que es controvertido también por el hecho de que, al menos en España, la mayor parte de trabajadores y empleadores siempre están de acuerdo acerca de los horarios, la flexibilización, la conciliación de horarios con sus obligaciones familiares y, por supuesto, el pago de horas o jornadas extras.
Incluso está muy extendido el uso de flexibilizar la entrada y salida en la jornada de trabajo, pudiendo acomodarse a una entrada y salida flexibles según las necesidades, no del empleador, sino del trabajador.
Una novedad en los últimos tiempos vino además con la pandemia del Covid, que trajo la incorporación del llamado “teletrabajo”, algo que en España había entrado con retraso sobre los países de nuestro entorno y cuyo uso se ha extendido tanto a empresas publicas como privadas.
El proyecto incluye la medida de que todas aquellas empresas que no cumplieran con la reducción laboral se enfrentarían a fuertes sanciones de hasta 10.000 euros por cada trabajador. Para este año 2024, el objetivo es reducir la jornada laboral desde las 40 horas hasta las 38,5 de máximo, antes de bajar en 2025 hasta las 37,5 horas semanales, es decir, una rampa progresiva.
Hasta ahora los horarios se han estado cumpliendo mayoritariamente por acuerdo entre trabajadores y empleadores, y lo que propone ahora el Ministerio es evitar que se falseen los datos de estos registros para cumplir con los nuevos límites legales. Hay dudas de que los datos de los registros se hayan falseado, y lo que el ministerio parece que quiere controlar el el trabajo extra que en algunas empresas puedan realizar muchos trabajadores que exceden de su jornada laboral y cuyas horas extras no se remuneran.
El gobierno ha dispuesto la creación de un sistema digital y accesible para los trabajadores, representantes sindicales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Sindicatos y administración podrán acceder a este control de forma remota y la empresa, además, deberá conservar los registros durante cuatro años, en los que estarán a disposición de trabajadores y las entidades citadas.
Pero la aplicación de este nuevo sistema puede tener consecuencias también para el trabajador, pues llegar tarde al trabajo, y que la empresa tenga acreditado un incumplimiento reiterado de la jornada laboral puede suponer una causa de despido con la implantación del registro horario.
La mayor parte de los expertos en derecho laboral han alertado de una consecuencia negativa para los trabajadores, especialmente tras las últimas sentencias, y han advertido de que la obligación de las empresas de registrar diariamente la jornada de los empleados abre la puerta también a que las compañías puedan sancionar con más facilidad a los trabajadores por incumplimientos de los horarios, algo que hasta ahora quedaba en una simple amonestación por la dirección de la empresa.
Fichar electrónicamente, como se pretende en la nueva disposición gubernativa, va a dejar constancia de los retrasos por lo que la empresa tendrá acreditado de manera inapelable un incumplimiento reiterado de la jornada laboral y con ello podrá motivar incluso el despido de un empleado.
En el mercado ya comienzan a surgir modelos de software de gestión de control horario que resolverán todas las eventualidades que puedan surgir y, de hecho, muchas empresas emplean ya muchos tipos de programas de gestión con control horario digital que traen múltiples ventajas, entre las que se encuentran el cumplimiento de la obligación legal del registro de la jornada laboral, facilita la flexibilidad y movilidad de los trabajadores, permite el control de las horas extra, protege los registros horarios, facilita la transparencia entre empresas y trabajadores y reducirá notablemente la conflictividad y las sanciones, dado lo riguroso del sistema. Así que, aunque la ley de registro y control horario todavía no esté en aplicación, los sistemas y software de control horario ya están disponibles en el mercado y constituyen una formidable ventaja para empresas y departamentos de recursos humanos para irse adaptando a los tiempos que vienen.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social dará un plazo de seis meses para que las empresas se adapten al nuevo registro de jornada digital. Así se ha desprendido del borrador del anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. El Gobierno procederá a la creación de una mesa de diálogo social con los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas al objeto de evaluar los resultados de la reducción de jornada establecida en esta norma. El objetivo es seguir avanzando en la reducción de la duración máxima de la jornada legal ordinaria de trabajo teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
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