El Consejo General de Economistas de España reclama una transición normativa clara en sostenibilidad

Como sabemos, España cuenta actualmente con la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, que obliga a determinadas empresas a reportar sus impactos medioambientales, sociales y de gobernanza. Esta norma supuso un avance significativo en términos de transparencia, pero ha quedado desfasada frente al nuevo marco europeo. En este contexto, la transposición de la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) la cual se encuentra en periodo de enmiendas en la Cámara del Congreso de los diputados supondrá un cambio de paradigma: en su redacción actual amplía el número de empresas obligadas, endurece los contenidos exigidos y obliga a aplicar estándares homogéneos a escala europea (ESRS o NEIS, Normas Europeas de Informes de Sostenibilidad).

Según los últimos datos publicados, un total de 20 países han transpuesto definitivamente la CSRD, mientras que 7 incluida España se encuentran en pleno proceso legislativo y 3 no han iniciado aún la consulta pública. Esta situación evidencia una transposición desigual en el conjunto de la Unión Europea, y de los Países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en sus siglas en inglés), que puede afectar la comparabilidad y la implementación efectiva del marco europeo común.

A esto hay que sumar la reciente aprobación del denominado “Paquete Ómnibus” por el Consejo de la Unión Europea (febrero y abril de 2025), que propone modificar algunos aspectos esenciales de la CSRD: entre ellos, ampliar plazos de aplicación aspecto este ya aprobado, excluir a ciertas empresas de obligaciones de reporte, flexibilizar la exigencia respecto a la verificación, adaptar para las empresas no obligadas y que formen parte de las cadenas de valor la denominada norma voluntaria de informes de sostenibilidad para pymes (VSME de sus siglas en inglés). Todo ello está en proceso de discusión y tramitación, y busca facilitar una implementación progresiva y equilibrada del nuevo marco regulador, siguiendo las pautas del contenido del informe Draghi y Letta, así como la nueva estrategia de competitividad europea.

En este escenario, el presidente de los economistas ha reiterado el claro y firme compromiso de avanzar hacia una economía sostenible y competitiva, pero con seguridad jurídica, acompañando al tejido empresarial para que pueda adaptarse con garantías y sin improvisaciones, pues España no puede permitirse ni retrasos que perjudiquen la comparabilidad europea y con otras jurisdicciones, ni imponer exigencias desproporcionadas que ahoguen la capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas, que representan el grueso de la economía productiva española.

En vista del contenido del “Paquete Ómnibus”, que puede introducir modificaciones sustanciales en los calendarios y requisitos, el Consejo General de Economistas de España formula las siguientes RECOMENDACIONES:

• Se recomienda que, siempre que sea imperativo y necesario para cumplir con las obligaciones derivadas del marco jurídico y regulatorio europeo, se proceda a la transposición de la Directiva CSRD al ordenamiento jurídico español, incorporando asimismo los nuevos acuerdos y modificaciones que resulten de las medidas adoptadas en el denominado “Paquete Ómnibus”. Mientras tanto, y durante este período transitorio hasta la aprobación definitiva de dichas medidas, se considera conveniente que se apueste por la facilidad y simplificaciones ya conocidas, procurando que no existan grandes cambios adicionales para las empresas y los profesionales con el fin de evitar adaptaciones innecesarias que pudieran ser revertidas a corto plazo y reducir los costes e incertidumbres derivados de posibles cambios normativos provisionales.
• Con independencia de que estén o no obligadas, se recomienda a las empresas que ya hayan comenzado a aplicar los ejes fundamentales de las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS/NEIS) que continúen haciéndolo, ya que esto contribuye a la comparabilidad de la información no financiera en el entorno europeo y fortalece las capacidades internas de reporte y gobernanza.
• En cuanto a los verificadores, debemos recordar las recomendaciones dadas por el ICAC y la CNMV, es decir, seguir las directrices del COESA, la norma internacional ISSA 5000 y la futura norma técnica nacional del ICAC.
• Respecto a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que reporten de forma voluntaria, se considera aconsejable la utilización del borrador de normas voluntarias para pymes (VSME), dado el consenso existente en que dichas normas no sufrirán cambios sustanciales y se consolidarán como un estándar reconocido a nivel europeo. Esto permitirá una mejor alineación futura y facilitará el acceso a financiación sostenible y relaciones comerciales con grandes empresas, financiadores y otras partes interesadas sujetas a la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD). Asimismo, respaldamos el objetivo de la Comisión Europea de proteger a las pymes de solicitudes excesivas de información sobre sostenibilidad, especialmente cuando forman parte de cadenas de valor de grandes empresas o instituciones financieras sujetas a la Directiva CSRD y la Directiva CSDD.