La estrategia de gestión del conflicto que implementó durante décadas Tel Aviv se ha transformado en una política mucho más agresiva con la finalidad de desplazar a la fuerza a la población palestina y desarraigarla de sus tierras. Jordania y Egipto, ambos países colindan con Cisjordania y Gaza, perciben el totum revolutum en Oriente Próximo como una grave amenaza a su seguridad nacional y estabilidad y, por lo tanto, están obligados a hacer de necesidad virtud en términos diplomáticos. Por un lado manifiestan su indignación al implacable avance castrense de las Fuerzas Armadas de Israel (IDF), pero cuidan las relaciones directas con la administración Trump, el gran aliado de Netanyahu, pese a su modus operandi escurridizo.
Desde la ocupación de los territorios palestinos, incluida Jerusalén oriental en 1967, Israel había adoptado una estrategia bien definida: gestionar el conflicto y controlar a una población palestina abandonada por su corrupta clase dirigente y secuestrada por el fundamentalismo de Hamás y de la Yihad Islámica. Un enfoque basado en herramientas represivas – arrestos indiscriminados, demolición de infraestructuras críticas y domicilios personales y operaciones militares suportadas por sus aparatos de inteligencia – pero también en formas indirectas de control como la cooperación policial con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el ofrecimiento de suministros básicos y mano de obra para crear algunas sinergias con la población israelí de la franja meridional y desalentar cualquier forma de resistencia.
Fue especialmente significativa la creación en 2019 del EastMed Gas Forum, organización regional en la que participaban Chipre, Egipto, Israel, Palestina y Jordania a raíz de los yacimientos de gas natural descubiertos en el Mediterráneo Oriental. Como explica el investigador Ignacio Urbasos (es posible descargar el informe al enlace rb.gy/wlnl7n), “el hidrocarburo emergió como un posible vector de cooperación e integración económica regional”.
Sin embargo, después del pogromo ocasionado por Hamás el 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Israel – no confundamos con su población – cambió radicalmente de rumbo y optó por implementar una estrategia que pone en entredicho el apoyo de históricos aliados como Reino Unido o Alemania. En la Franja de Gaza el avance implacable de los blindados ha causado alrededor de 50 mil cadáveres según cifras de Naciones Unidas (UN) y una crisis económica, social y humanitaria sin precedentes. La destrucción sistemática de infraestructuras que posibilitan el normal transcurrir de la vida cotidiana tiene como objetivo la inhabitabilidad del área geográfica y la expulsión de la población autóctona.
Netanyahu no tiene margen de maniobra al encontrarse secuestrado por las facciones más ultranacionalistas del país y ha retirado en varias ocasiones su firme intención de expulsar a los palestinos de Gaza. También durante encuentro en la Casa Blanca con el magnate republicano. El pasado mes de marzo el gabinete de seguridad aprobó una propuesta del ministro de Defensa Israel Katz para asegurar y garantizar “la transferencia voluntaria de aquellos que optan por abandonar la Franja”. Una propuesta que ha alimentado el enojo y la rabia de quienes desempeñaron importantes cargos en la administración israelí.
El más vehemente ha sido Ehud Olmert, que abandera una iniciativa de paz junto al diplomático palestino Nasser Al Qudwa. El ex primer ministro (2006-2009) y alcalde de Jerusalén (1999-2003) que susurró a los oídos de Ariel Sharon, hace varias décadas uno de los rostros más conocidos del Likud, es una de las voces más comprometidas a favor de un acuerdo que incluya la creación de un estado Palestino y el entendimiento entre “quienes son nuestros primos hermanos (…). El gobierno tiene apoyos en la sociedad, pero el 60% de los israelíes se opone a su mandato” precisaba en una entrevista concedida a El Mundo (es posible consultar la pieza informativa al enlace rb.gy/7w7r0b).
La fuerte injerencia de los ultraortodoxos en el Gobierno también afecta la vida diaria en Cisjordania. Los colonos pretenden expandir sus asentamientos, se calcula que alrededor de 40 mil palestinos han sido desplazados, y ultimar el plan diseñado por Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas desde 2017 y definido por un ex alto cargo del ayuntamiento de Jerusalén como “el cáncer de nuestra sociedad”, que busca anexionar el territorio al Estado judío.
Tanto Amman como El Cairo han expresado reiteradamente su oposición y enojo a las políticas xenófobas de Israel. En noviembre de 2023 Jordania retiró su embajador y en septiembre de 2024 Ayman Safadi, el ministro de Asuntos Exteriores, declaró que cualquier intento de trasladar a la fuerza a palestinos violaría el tratado de paz firmado en octubre de 1994, que motivó en parte el asesinato de Isaac Rabin, y sería considerada “una violación de guerra” Cabe recordar que su majestad Rania procede de una familia palestina y el matrimonio con el monarca Abdalá II Al Hussein fue interpretado como un mensaje de distensión de Amman hacia Gaza y Cisjordania después de que la OLP saliera derrotada del conflicto de baja intensidad con el régimen jordano en 1970 y 1971.
De manera similar Egipto ha rechazado las maniobras de Israel para ampliar la denominada “zona de amortiguación” en Gaza y el mismo Al Sisi advirtió al gobierno estadounidense de que los planes de anexión y transferencia forzada haría peligrar las relaciones bilaterales definidas por el histórico acuerdo de 1979 impulsado por Jimmy Carter. Ese tratado fue utilizado como justificante por los Hermanos Musulmanes para legitimar el asesinato de Anwar el Sadat, un curioso paralelismo.
Mientras el rey de Jordania se reunía con Trump en febrero de 2025, Al Sisi decidió posponer su visita al encontrarse la hipótesis del desplazamiento forzoso sobre la mesa. El ex militar optó por reunirse con algunos líderes regionales y desarrollar un plan para la reconstrucción de la Franja que no implique la deportación de miles de personas. Ambos países valoran la ofensiva israelí como una seria amenaza a su seguridad interna.
Las autoridades de El Cairo, que se han enfrentado en la última década a milicias islamistas en el Sinaí, temen que un eventual flujo de refugiados posibilite la infiltración de Hamás en el país y que la organización terrorista logre asentare para atentar contra Israel desde el sur. Un escenario que podría desencadenar una reacción militar de Tel Aviv o incluso facultar la presencia de tropas internacionales aminorando su soberanía nacional. Es importante recordar que la población egipcia es una de las más solidarias con los palestinos, sin embargo se opone firmemente a cualquier desplazamiento forzado hacia su territorio.
También Jordania navega en aguas revueltas. El país ha absorbido múltiples oleadas de refugiados desde 1948 y alberga a centenares de miles de sirios que escaparon de la guerra civil y no tienen pensado regresar. Ulteriores migraciones pondría seriamente a riesgo la estabilidad socio política de un Estado que sufre escasez de agua – Israel es su principal abastecedor gracias a novedosos programas de desalinización – desempleo juvenil y una pujante deuda pública. Además no tiene ni la infraestructura ni los recursos necesarios para hacer frente a una llegada masiva.
Andrea Plebani, reputado experto y conocedor de Oriente Próximo, señala el equilibrio demográfico como “gran preocupación y factor desestabilizador”. Una parte significativa de los jordanos es de origen palestino y el socavamiento de la identidad nacional pondría en entredicho la estabilidad de la monarquía hachemita pese a la sudada aceptación de Rania como reina consorte. Además, la misma opinión pública ha expresado su oposición a desplazamientos masivos, si bien la presión sobre el gobierno para ayudar a Cisjordania y Gaza es diaria con protestas multitudinarias en todo el país. Otro ejercicio de cinismo digno de mención al no ser todo oro lo que luce.
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