En este sentido, el presidente de CONPYMES ha recordado que “el gasto en contratación pública representa el 11,5 % del PIB en España y casi una cuarta parte del gasto público total. Prácticas como los pactos de precios entre empresas, el abuso de posición dominante o el reparto de las licitaciones, tienen un impacto elevado en las arcas públicas. Casi el 34 % de las licitaciones estatales tienen solo un licitador, y el 65 % tres o menos, lo que aumenta significativamente el riesgo de corrupción y colusión”.
Torres remarca que “tenemos el ejemplo de las múltiples condenas por corrupción urbanística que no han supuesto, en la práctica, ningún freno para que grandes constructoras sigan operando impunemente con la administración. Algunas de estas empresas han sido multadas, sus directivos condenados o incluso han pactado con la justicia reconociendo delitos, y aun así siguen recibiendo adjudicaciones millonarias, muchas de ellas mediante procedimientos opacos o sin competencia real”.
Desde CONPYMES reclaman las siguientes medidas urgentes:
- Inhabilitación inmediata de cargos públicos implicados en prácticas irregulares o corruptas.
- Prohibición inmediata y efectiva de contratar con empresas condenadas por corrupción o colusión, directa o indirectamente, aunque operen con filiales o con cambios nominales. Reforma legal para impedir el “blanqueo empresarial” mediante cambios de denominación social o fusiones que permiten eludir sanciones e inhabilitaciones.
- Reforma integral de la Ley de Contratos del Sector Público, para garantizar controles más estrictos, mayor transparencia y la limitación real de adjudicaciones por vía de emergencia o procedimiento negociado sin publicidad.
- Creación de un registro público de empresas inhabilitadas, accesible y obligatorio para todas las administraciones, incluyendo gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Publicación íntegra y accesible de todos los contratos, adjudicatarios y criterios de selección, sin excepciones.
- Auditoría completa de los contratos otorgados en los últimos diez años a empresas condenadas, y publicación de sus importes, adjudicaciones y responsables.
- Aplicación inmediata de cláusulas éticas en todos los concursos públicos, con supervisión independiente y capacidad sancionadora real. Prohibición de contrataciones con antecedentes y sanciones administrativas ejemplares.
- Aplicación real de las recomendaciones de la CNMC, incluyendo la reclamación de daños y la vigilancia activa de licitaciones.
- Obligatoriedad de remitir avisos a la CNMC ante indicios de colusión o corrupción, con protocolos claros para la interposición de sanciones y procedimientos justificativos.
- Reclamación activa de daños y perjuicios a empresas sancionadas, como propone la CNMC.
- Formación continua para los órganos de contratación, dotándolos de herramientas como la guía CNMC, el check‑list, y la IA BRAVA.
Torres comenta que “el sistema actual premia a quienes han defraudado al Estado y castiga a las empresas honestas que compiten en desigualdad, especialmente a las pymes, cuya participación en la contratación pública está muy por debajo de su peso en la economía. Es inadmisible que, en pleno 2025, se siga financiando con dinero de todos a quienes han saqueado lo público, y empresas con antecedentes penales sigan beneficiándose del presupuesto público”.
Asimismo, José María Torres recuerda al gobierno que “es primordial incluir a las pymes con voz propia e independiente en el Diálogo Social, acabando con el monopolio respecto a la representatividad que se produce cuando se instaura la democracia en España en los años 70. Esta anomalía provoca que las pymes y autónomos, que representamos el 99,8% del tejido empresarial y el 75% del empleo, no estemos incluidos en la representación institucional, la concertación, ni en las mesas de negociación donde se decide nuestro futuro. Esto es fundamental para que podamos contribuir activamente a la elaboración de la política social y laboral de España y defender nuestros derechos”.
CONPYMES es una confederación empresarial, económica y políticamente independiente, que surge de la necesidad de impulsar el desarrollo, el bienestar y, sobre todo, la representación real de las pymes y de los autónomos y autónomas en España.
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