Cisma socialista
El cisma entre el antiguo y nuevo PSOE está más que servido con el centenar de ex altos cargos y ex ministros que piden la dimisión “inmediata” del presidente del Gobierno para restituir el honor de su partido. Alertan del grave deterioro institucional y la desconfianza ciudadanía hacia el sistema democrático por los continuos escándalos que salpican al ejecutivo y a su propia formación. Felipe González da un paso más al proclamar también que no votará al PSOE si Sánchez es candidato, mientas Page y Lamban consideran el perdón una infamia y un golpe letal a la Constitución. Para el líder de la oposición se trata de una decisión ilegal y una transacción corrupta a cambio del poder.
Feijoo y Abascal acercan estrategias
El ambiente de fin de ciclo, de legislatura y hasta de la 'era Sánchez' con un eventual adelanto de elecciones, apremia a Feijóo y Abascal a tender puentes con un encuentro “informal", tras meses de reproches y tensión, para analizar "el contexto político nacional e internacional", asumiendo las (profundas) discrepancias. A pesar de ello, el centro derecha se prepara para trasladar su convulsa co-gobernanza autonómica a La Moncloa, consciente de que la sola suma de votos -una holgada mayoría según las encuestas-, será insuficiente si se repite el calvario y la dramática subsistencia de la izquierda. Por el momento, el tándem de la oposición entierra el hacha de guerra de la descalificación por no presentar la moción de censura o por no romper el bipartidismo.
El líder del PP está convencido de que Sánchez no aguantará la presión sobre su figura y su Gobierno por la vorágine de corrupción y los casos abiertos en los tribunales. El dirigente de Vox, por su parte, advierte que las últimas estrategias para mantenerse en el poder son una amenaza para la nación, la democracia y para el estado de derecho. Los populares no solo hacen un casus belli contra Sánchez, también implican en su estrategia de descrédito a la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la que consideran responsable de encubrir a un gobierno corrupto y agónico.
Vacaciones parlamentarias
El Parlamento se marcha de vacaciones regladas hasta septiembre -a excepción de las explicaciones de Sánchez sobre la corrupción en un pleno extraordinario-, con traca dialéctica del hemiciclo enfrascado en el ¡y tu más! de todos los grupos y en especial del bipartidismo. Los gritos de “dimisión” o "cómplice" a los ministros del Gobierno y el reproche de la bancada socialista ante la "preocupante" manera de hacer oposición por parte del PP, cierran otro de los periodos de sesiones más convulsos de los últimos años.
La OTAN retrata a España
Sánchez queda retratado en la cumbre de la OTAN por el resto de socios, en la que rehúye hasta la mirada con Donald Trump, quien reprocha los grandes desafíos internos de España y señala a un Gobierno que gasta “muy poco” en Defensa. El presidente de EE.UU. critica la negativa de invertir el 5% del PIB mientras amenaza con la imposición de represalias comerciales tras cumplirse este mes de julio los 90 días de gracia otorgados por Trump a los aranceles recíprocos. El resto de países también censura la insolidaridad de invertir más allá del 2,1% en la Defensa comprometido por la organización atlántica.
La Justicia cerca al Gobierno
La judicatura, por su parte, continúa impertérrita con su quinta huelga de la historia en rechazo a la “ley Bolaños” y con la investigación de los casos que cercan al Gobierno. Los últimos pasos se centran en el registro de los domicilios de la ex presidente de Adif y del ex director de Carreteras en busca de pruebas de las adjudicaciones bajo sospecha en los casos Cerdán, Koldo y Ábalos para amañar presuntamente contratos públicos en el Ministerio de Transportes.
Bolaños quiere salvar a Puigdemont
Tanto el ministro Bolaños, como el presidente catalán, Salvador Illa, piden extender la amnistía al ex presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo mantiene todavía el delito de malversación y la orden de detención en caso de pisar España. Los republicanos de ERC aseguran que la amnistía no resuelve el conflicto político que solo se resolverá “votando”.
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