Desde el minuto uno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que esta operación no se iba a hacer y, en vez de dedicarse a ser ministro, que bastante tenemos con la situación de las cuentas públicas, no ha hecho otra cosa que torpedear una operación que sería buena para las finanzas españolas y que tendría como resultado la fusión del tercer banco del país por activos y actividad en España con el cuarto banco, pero que seguiría siendo el tercero, por debajo de los dos grandes bancos, resultado de fusiones previas (Caixa con Bankia y Santander con Popular), y que son bastante más grandes que BBVA en España.
No le ha bastado con poner unas condiciones prácticamente inaceptables para evitar que se puedan fusionar los dos bancos, BBVA y Sabadell, entre tres y cinco años, sino que además ahora se permite que el Sabadell pueda vender una parte significativa de su negocio, la entidad inglesa TSB, fruto de la fusión de las cajas de ahorro inglesas hace ya bastantes años.
En el mundo de las fusiones y adquisiciones, a esta estrategia, dentro de las denominadas “píldoras venenosas”, se le denomina “venta de las joyas de la corona” y se basa en vender parte del patrimonio de la entidad opada para que deje de ser atractiva la compra por parte de la entidad potencialmente adquirente. En pura teoría financiera, cuando se produce una OPA, la entidad afectada (Sabadell) debería “estarse quieta”, para permitir que sus accionistas decidan si les interesa o no la oferta. No han bastado catorce meses de demoras y palos en las ruedas. Cuando se ha visto que, a pesar de todo, BBVA va a seguir adelante, entonces se vende una parte significativa del patrimonio de Sabadell.
En el artículo 28 de la Ley de OPAs, se indica que “Desde el anuncio público de una oferta pública de adquisición y hasta la publicación del resultado de la oferta, los órganos de administración y dirección de la sociedad afectada; cualquier órgano delegado o apoderado de los mismos; sus respectivos miembros; así como las sociedades pertenecientes al grupo de la sociedad afectada y cualquiera que pudiera actuar concertadamente con los anteriores, deberán obtener la autorización previa de la junta general de accionistas, antes de emprender cualquier actuación que pueda impedir el éxito de la oferta”.
Pero resulta que las leyes en España las redactan funcionarios y abogados que, en la mayor parte de los casos, no han trabajado nunca en la vida real y, por tanto, no saben lo que ocurre en España con las Juntas de Accionistas. Desde siempre, las redes de sucursales bancarias han recogido, como cortesía profesional, las delegaciones de voto firmadas en blanco por los accionistas (en muchos casos, a cambio de un pequeño obsequio), y se las entregan al presidente de la sociedad que ha convocado la Junta de Accionistas, para que tenga siempre mayoría absoluta y apruebe el contenido del orden día sin prácticamente oposición de los accionistas que acuden a la Junta y que apenas suelen suponer el 1% de los asistentes.
Por tanto, poner como condición que se apruebe en Junta no significa nada; seguro que se va a aprobar y ello va a suponer que lo que compre BBVA, supuesto que consiga su objetivo, tendrá claramente un valor inferior al que tenía originalmente Banco Sabadell. Y, curiosamente, en un gesto de poca nobleza, es precisamente el Banco de Santander el que entra en juego, comprando TSB al Sabadell. Como no es un banco suficientemente grande (uno de los tres más grandes de Europa y bastante más que BBVA), pues que lo sea un poco más. Eso no es un problema para el Sr. Cuerpo, en un alarde de “objetividad”.
Sinceramente, viendo todo lo que está pasando en el panorama político y económico en España, resulta sorprendente que todavía nos tengan el más mínimo respeto tanto nuestros socios europeos como los países americanos. Esta injerencia en asuntos privados no es nueva en nuestro país. En el año 2000, el inefable Rodrigo Rato vetó la compra de una pequeña eléctrica asturiana, Hidrocantábrico, por parte de Unión Fenosa, porque, además de ser de su tierra, “no quería que hubiera sólo cuatro empresas eléctrica en vez de cinco”; al año siguiente permitió que se vendiera a la empresa Ferroatlántica (Grupo Villar Mir) porque esta empresa sí que le gustaba al Sr. Rato. Y el todavía más inefable José Luis Rodríguez Zapatero, frenó en 2007 la compra de la eléctrica Endesa por parte de la alemana E.ON, simplemente porque no le gustaba que la comprara una empresa alemana, ya que prefería que lo hiciera una italiana, ENEL, como así ocurrió.
Como no hay pruebas de cohecho, no se puede decir nada de las motivaciones de nuestros políticos para meterse donde no les llaman, pero como europeo y bajo la Directiva Comunitaria de Libertad de Movimientos de Capitales, no puedo hacer otra cosa que criticar unas actuaciones del todo innecesarias y que simplemente perjudican a los accionistas de las sociedades afectadas, amén de perjudicar notablemente la denominada “marca España” de cara a posibles inversiones extranjeras. Si no hay seguridad jurídica en nuestro país, por qué van a querer invertir los potenciales inversores de otros países. Ya hizo bastante Zapatero con el fiasco de las Renovables, cuyos juicios y arbitrios están todavía dando guerra y nos van a costar miles de millones de euros a todos los españoles.
No sé si el Sr. Cuerpo actúa motu proprio o dice lo que le dicen que diga, pero su actuación, en mi modesta opinión, no es presentable en un estado europeo moderno.
Y encima se postula para dirigir el Eurogrupo…