Durante casi medio siglo, Estados Unidos fue el gran sheriff mundial contra la corrupción. Su ley FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), aprobada tras el escándalo del Watergate, persiguió sobornos y fraudes en casi todos los rincones del planeta. Pero Donald Trump decidió suspender su aplicación el 10 de febrero de este año, y las nuevas directrices de su fiscal general, publicadas en junio, apuntan a una considerable desactivación de ese papel de garante mundial. A Europa le toca tomar el relevo y llenar el vacío.
“La FCPA fue una ley audaz, desacomplejada, de potentísima extraterritorialidad y diseñada para terminar con las malas prácticas de buscar tratos de favor de los gobiernos mediante sobornos a sus funcionarios o políticos”, recuerda Diego Cabezuela Sancho, presidente de INLAW Alliance of Law Firms y socio sénior de Círculo Legal.
Europa debe sacudirse el tutelaje norteamericano
El giro de la Administración norteamericana ha marcado un antes y un después en la lucha internacional contra la corrupción. Mientras Washington abandona, Reino Unido, Francia y Suiza ya han anunciado la creación de un Grupo Internacional de Fiscalización Anticorrupción, destinado a reforzar la cooperación entre autoridades judiciales.
“El giro de la Administración norteamericana obliga a Europa a sacudirse deprisa la eterna tutela de Estados Unidos. El relevo de USA en la lucha por la transparencia está en marcha”, advierte Cabezuela.
Europa lleva también años construyendo su propio armazón ético: la Bribery Act británica y la Ley Sapin II francesa son hoy también referentes globales, aunque nunca han alcanzado el poderío de la norma norteamericana. A su vez, el GRECO, organismo del Consejo de Europa, ejerce una vigilancia constante sobre los Estados y sus reproches suelen traducirse en cambios legislativos más o menos inmediatos. Aunque España hace tiempo que recibe impertérrita las malas notas del GRECO, como un estudiante indolente, incapaz de aprobar sus asignaturas”, ironiza el jurista.
Latinoamérica, epicentro del cambio
En Latinoamérica, el compliance ha pasado de ser un lujo corporativo a un mecanismo de supervivencia. Escándalos como Lava Jato/Odebrecht o Fujimori–Montesinos destaparon redes de sobornos de tamaño monumental que sacudieron gobiernos.
“Fue paradigmático el caso Fujimori Montesinos, en que más de 1.600 personas habían sido sobornadas para controlar a medios, jueces y congresistas. No menor impacto supuso el caso Lava Jato/Odebretch”, recuerda Cabezuela, que implicó a la petrolera estatal brasileña Petrobras.
Los datos de Transparencia Internacional dan buena cuenta de la situación y de su percepción por los ciudadanos. El 62 % de los latinoamericanos cree que la corrupción aumentó en 2024, y casi 90 millones de personas reconocen haber pagado sobornos a funcionarios. Entre quienes se atrevieron a denunciarlos, uno de cada cuatro sufrió represalias.
En todo caso, los avances son lentos, pero inexorables, no hay vuelta atrás. En la última década, la entrada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la mayoría de los códigos penales latinoamericanos ha empezado a remar en la misma dirección”, apunta Cabezuela.
Trump frena el motor anticorrupción global
La decisión de Trump de paralizar la aplicación FCPA sorprendió incluso a sus propios aliados. “El Presidente lamentó que los empresarios norteamericanos no pudieran competir en igualdad de armas en determinados mercados”, explica Cabezuela, refiriéndose a países donde los sobornos aún son parte del negocio.
Pero el jurista recuerda que la integridad también puede ser rentable: “El alto coste reputacional que han alcanzado las acusaciones de corrupción, la enérgica labor de limpieza de los bancos que financian los grandes proyectos internacionales, y el avance generalizado de la cultura del compliance entre las jóvenes generaciones de los países latinoamericanos hacen posible competir sin meter las manos en el barro. Muchas empresas lo hacen, y lo hacen con éxito.”
Una revolución ética desde dentro
Para Cabezuela, el cambio no dependerá de una ley, sino de una convicción. “El compliance es un arma indispensable para alejar a los empresarios de las malas tentaciones. Requiere estructuras de control sólidas, dotación de recursos adecuados y, sobre todo, un liderazgo claro por parte de los directivos.”
Y concluye con un mensaje que apunta al núcleo del problema:
“Es vital estimular y proteger a los denunciantes internos, blindar la independencia de la justicia y promover una cultura de transparencia que parta de los gobiernos y se extienda por toda la sociedad. No es tarea fácil, pero puede hacerse.”
Si (
No(
