Este informe constituye un ejercicio de análisis integral sobre el papel de los embalses en nuestro país. Ofrece una visión estructurada de estas infraestructuras desde distintas ópticas: su evolución histórica, su distribución geográfica y su papel en la planificación del agua, para, finalmente, centrarse en el objetivo principal del informe que es determinar y analizar su valor económico. El documento, por tanto, analiza con rigor técnico los diversos efectos estratégicos y económicos que generan, con el objetivo de aportar claridad y elementos de juicio útiles para la toma de decisiones en materia de infraestructuras hidráulicas.
En el acto han participado Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), y los autores del estudio: Pascual Fernández Martínez, economista e investigador del Servicio de Estudios-CGE, URJC; Salvador Marín Hernández, economista y director del Servicio de Estudios-CGE, UM; y Amelia Pérez Zabaleta, economista, vicepresidenta del CGE e investigadora del Servicio de Estudios-CGE, UNED. Esta última ha moderado el debate que se ha generado al final de la jornada.
Durante la presentación, los representantes del Consejo General de Economistas (CGE) han resaltado el valor económico y estratégico de los embalses en España, destacando su importancia en la gestión del agua y su impacto en la economía, en cuanto que “son garantes de la seguridad hídrica y alimentaria, del suministro energético, de la protección frente a riesgos naturales y de la competitividad de sectores estratégicos”.
En su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Miguel Ángel Vázquez Taín, ha afirmado que “lejos de ser un legado obsoleto, los embalses son infraestructuras esenciales para afrontar los retos del cambio climático, la transición energética y la seguridad alimentaria en las próximas décadas”. Según Vázquez Taín, “España debería, por tanto, al hilo de este y otros estudios similares, reforzar su política de planificación y mantenimiento de estas infraestructuras, invertir en su modernización y complementar su papel con soluciones innovadoras –como la reutilización y la desalación–, dentro de una estrategia nacional del agua que priorice el interés general y la sostenibilidad de largo plazo”.
A este respecto, Pascual Fernández, ha señalado que “España vive instalada en una paradoja hídrica: somos un país con un comportamiento climático cada vez más volátil —sequías más largas e intensas seguidas de episodios extremos—, pero con una economía que depende estructuralmente del agua regulada. Nuestro estudio confirma que sin embalses apenas podríamos utilizar en torno al 7–9% del agua disponible, lo que equivaldría a paralizar buena parte de nuestra capacidad productiva”; asimismo, ha concluido indicando que “los números hablan por sí solos: más de 55.000 millones de euros anuales de actividad económica dependen directamente del agua regulada por los embalses. Solo en el sector agrario y energético se generan cerca de 40.000 millones de euros en facturación y más de 530.000 empleos vinculados a actividades que serían inviables sin esa regulación”.
Por su parte, el director del Servicio de Estudios del CGE, Salvador Marín, ha señalado que “en un escenario de precipitaciones decrecientes —la media ha caído de 684 mm/año a 640 mm/año en las últimas décadas—, la planificación, el mantenimiento y la modernización de los embalses dejan de ser opciones para convertirse en una política económica de primera magnitud”, y, finalmente, ha remarcado que “ la conclusión económica es clara: sin embalses la economía española perdería eficiencia, resiliencia y competitividad; por eso es indispensable renovar estas infraestructuras, integrar tecnologías complementarias como la reutilización y la desalación, y actualizar su valoración para reflejar su verdadero impacto, tanto sobre el crecimiento y el empleo como desde el ámbito social y la seguridad”.
A continuación, Fernández, Marín y Pérez ha expuesto las principales conclusiones que pueden extraerse de este estudio, que se incluyen a continuación:
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
España dispone de cerca de 1.200 grandes presas, con una capacidad total de 61.000 hm3.
El uso del agua en España se distribuye principalmente entre el regadío, abastecimiento urbano e industrial. El regadío representa el 80,19% del uso del agua, seguido del abastecimiento urbano (15, 97%) y los usos industriales y otros (3,84%).
Solo entre el 7% y el 9% de las necesidades de agua se podrían satisfacer si no dispusiéramos de la regulación que nos proporcionan nuestros embalses.
Las infraestructuras de regulación permiten que podamos disponer de entre el 38% y el 47% de los recursos disponibles. Son, por tanto, las infraestructuras de regulación (los embalses) los que garantizan la satisfacción de la gran mayoría de nuestras demandas hídricas.
El regadío es el ámbito donde esta diferencia es más palpable. España cuenta con más de 3,6 millones de hectáreas regadas, que aportan el 65% de la producción agraria a pesar de ocupar solo el 22% de la superficie cultivada. Este sector, altamente modernizado y competitivo, sostiene a su vez a la industria agroalimentaria y es parte relevante de nuestro potente sector exportador. Sin el respaldo de los embalses, casi tres cuartas partes de estas superficies (todas menos las que se riegan con aguas subterráneas) resultarían inviables, con pérdidas estimadas de decenas de miles de millones de euros y cientos de miles de empleos, poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria y la posición internacional del país. El abastecimiento urbano, por su parte, depende en un 70% de aguas superficiales reguladas (y el 30% restante de aguas procedentes de acuíferos y desalación); sin embalses, la garantía de suministro, la calidad del agua y la estabilidad de los sistemas urbanos se verían comprometidas.
La primera valoración patrimonial de las grandes presas españolas se realizó a partir de la metodología desarrollada por el CEDEX en 2014, estimada para esa fecha en 21.270 millones de euros. Posteriormente, la Dirección General del Agua del MITECO actualizó esta cifra en 2023 a 25.000 M€.
Dando por bueno el cálculo del valor patrimonial de las presas, estimado en 25.000 millones de euros, este estudio del Consejo General de Economistas considera que estas cifras se quedan algo cortas en la estimación de sus efectos sobre la producción y valor añadido en diversos sectores.
ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE ESTUDIOS-CGE DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA REGULADA:
El valor económico de la facturación de la producción agrícola derivada del regadío con aguas reguladas por embalses, que hemos calculado como el 48% del valor de la producción vegetal total estimada en la Renta Agraria por el MAPA para el año 2024, equivalente a 18.145 millones de euros.
Como consecuencia directa del punto anterior, el 48% del valor añadido del sector de la industria agroalimentaria, equivalente a 15.400 millones de euros.
Un tercio de la facturación total del sector del comercio de energía eléctrica (sector CNAE 3514), que se situó en el año 2024 en 64.400 millones de euros, equivalente a 21.500 millones de euros.
Conjuntamente los tres efectos anteriores tendrían un efecto sobre el empleo no inferior a 530.000 puestos de trabajo.
El papel de los embalses es igualmente decisivo en el ámbito energético. En torno a un tercio de la electricidad producida en España depende directamente de su existencia: desde la hidráulica, que aporta en media un 11% de la generación, hasta el 85% de la producción nuclear, pasando por parte de la térmica que no tendría garantizadas sus necesidades de refrigeración. La continuidad del suministro eléctrico en condiciones seguras y competitivas estimamos que quedaría amenazada sin la regulación hídrica, afectando a hogares, empresas e industrias.
Ahora bien, estas infraestructuras no están exentas de impactos medioambientales. Su construcción ha implicado la inundación de pueblos y valles, la transformación de ecosistemas fluviales y la alteración de paisajes. Sin embargo, la visión simplista de considerar a los embalses únicamente como agentes de deterioro ambiental omite su otra cara: la de espacios que, con el tiempo, han conformado gran parte de la Red Natura 2000 y el hábitat de numerosas especies, en especial aves acuáticas. Más de la mitad de los embalses presentan algún grado de solapamiento con áreas protegidas, y muchos se han convertido en reservas de biodiversidad.
Además, los embalses desempeñan un papel crucial en la fijación de caudales ambientales y en la laminación de avenidas, reduciendo de forma sustancial las pérdidas humanas y materiales asociadas a inundaciones (los daños económicos evitados por inundaciones se estiman en 500 millones de euros anuales y que puede incrementarse notablemente en años de episodios extremos). La reciente DANA en Valencia (2024) ha puesto de manifiesto, de manera dramática, que la falta de planificación y de inversión en infraestructuras incrementa el coste social y económico de estos fenómenos.
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