Nevado criticó además la reforma del Consejo de Administración aprobada el 30 de octubre, fecha en la que coincidió con la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Recordó que el PP pidió posponer el pleno “por respeto a las víctimas”, pero denunció que la sesión se mantuvo y que la modificación permitió aumentar de 10 a 15 el número de vocales. La popular acusó al Gobierno de asegurarse así “una mayoría afín” y de otorgar “plenos poderes” al Consejo “sin contrapesos”.
La eurodiputada también sostuvo que la corporación ha vulnerado su propio Manual de Estilo y que “el servicio público se ha sacrificado en favor de la ideología”. Criticó la incorporación de productoras externas y tertulianos que, según dijo, “actúan como hooligans”, y citó a la periodista Silvia Intxaurrondo como ejemplo de “falta de neutralidad”, al defender incluso las mordidas de los implicados en los casos de corrupción relacionados con el PSOE.
Nevado enumeró otros aspectos incluidos en la petición analizada por la comisión: el incremento de la deuda de RTVE, las irregularidades detectadas en procesos de oposición, el uso “ineficiente” de fondos europeos y la “falta de control” en la gestión interna.
En concreto, citó entre el “cúmulo de despropósitos” el despilfarro de fondos europeos, el fraude en las oposiciones, la inyección de 500 millones de euros con la llegada de Elena Sánchez, junto con el decreto que le concedería plenos poderes para no depender del Consejo de Administración a pesar de ser solo presidenta interina. Asimismo, denunció que la deuda de RTVE ha alcanzado los 600 millones de euros, a los que hay que sumar el posible quebranto del caso del IVA que supone 861 millones más.
“En definitiva, han convertido RTVE en su cortijo, Telepedro, para colar la guía de comunicación del Gobierno, pagado todo ello con los impuestos de los españoles”, afirmó, antes de defender “una reforma que devuelva el equilibrio, la independencia y la pluralidad” a la radiotelevisión pública. A su juicio, la situación actual “vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz” y genera “un desequilibrio evidente”.
La Comisión de Peticiones continuará analizando la solicitud presentada por los ciudadanos, cuyo contenido será evaluado por los servicios de la Eurocámara antes de decidir si se mantiene abierta o se remite a otras instancias del Parlamento.