El acuerdo final insta a cada país a implementar políticas ambientales que reduzcan el uso de combustibles fósiles. Naciones Unidas en los días previos a la cumbre expresó una gran preocupación respecto a los esfuerzos fallidos para limitar el aumento de la temperatura global por encima del umbral crítico de 1,5º. La representante de la delegación del Parlamento Europeo, Lidia Pereira, no se mordió la lengua y definió la COP30 “un fracaso” en términos de compromisos y el bajo nivel de ambición y urgencias requeridas. Independientemente de la eficacia de la COP como mecanismo para alcanzar el denominado Cero Neto, o sea el estado en el que la cantidad de gases efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera se iguala a la cantidad eliminada favoreciendo un equilibrio, cabe preguntarse si los policy makers están mirando a la luna – necesidad de una estrategia común para evitar efectos irreversibles – o al dedo fijándose en la ecuación costes/beneficios.
Parece existir un consenso sobre la tardanza de la descarbonización por razones endógenas (seguridad energética, disparidad de contribución financiera, avance tecnológico) y la necesidad de acelerar el debate, sin embargo lo único certero es que el presupuesto de carbono – la cantidad de emisiones de dióxido que podemos emitir globalmente para no superar el aumento de temperatura de 1,5º - se está agotando. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la reducción debería ser del 43% antes de 2030. Aunque los datos confirman una estabilización, el verdadero problema radica en la falta de alternativas en sectores estratégicos como la industria y la agricultura. Y tampoco la tecnología realizará milagros en otras parcelas como la automoción, la generación de electricidad y la eficiencia energética pese a los falaces cantos de sirena de movimientos ambientalistas.
Si las emisiones siguen la tendencia actual, el margen de maniobra se agotará rápidamente. Nos quedaríamos sin tiempo y tampoco dispondríamos de ninguna opción. Y no por falta de tecnología, sino más bien por la imprevisibilidad del factor humano. La política, como se ha podido contrastar en Brasil, es bastante más lenta y sorprendente que las soluciones disponibles. La pregunta del millón es cómo vehicular los esfuerzos en un contexto internacional delicado y tensionado.
Lula da Silva, mandatario carioca, procuró convencer a las delegaciones de la necesidad imperiosa de transitar de la negociación a la implementación. Buenas intenciones que sin embargo quedaban en entredicho ante la deforestación de una parte de la selva amazónica para facilitar el tránsito de los coches oficiales hasta Belém. Pero tal invitación quedó desnuda ante las enormes desigualdades que afectan a todos los involucrados. Los acuerdos de Kioto y París se refrendaron en un contexto geopolítico mucho más favorable que el actual. Entonces el partido demócrata gobernaba en EE.UU., China maniobraba en silencio hasta convertirse en una “superpotencia” y la UE no había convertido el Green Deal en su mínimo común denominador ambiental.
El Brasil se ha presionado hacia una conversión de las responsabilidades en logros fácticos. Las reflexiones y propuestas sin embargo requieren soluciones enormes a nivel financiero. Y los datos contradicen las buenas voluntades en el ámbito de la mitigación. El último informe del PNUMA evidencia como las promesas de la reducción de emisión GEI no son mínimamente ambiciosas, sino que provocarán un calentamiento del planeta de hasta 3,1º respecto a los niveles preindustriales. Los compromisos financieros siguen por debajo de la transparencia exigida y el riesgo de ejecución se mantiene crítico por la ausencia de marcos regulatorios y políticos que espantan a los inversores.
Una lectura del documento final revela un nuevo marco de implementación denominado Agenda de Acción Climática Global (GCAA en inglés, NdA). Esta se divide en seis ejes temáticos que abarcan las políticas de emisión, la alimentación, los ecosistemas, las infraestructuras, el desarrollo y ambiguos efectos transversales. Se adoptará supuestamente un plan de cuatro fases para la implementación de los compromisos – coordinación, medición, distribución y escalabilidad – y el reforzamiento de la imagen de una comunidad internacional que de las promesas genéricas transita a acciones concretas.
En los sectores más expuestos a los cambios políticos y económicos como la energía, el transporte y la industria se reafirma el impulso hacia la tan anhelada descarbonización. Pero la transición desde los combustibles fósiles hacia el solo utilizo de energías renovables difícilmente podrá llevarse a cabo sin recurrir a lo nuclear como magistralmente detalla la economista Eva Valle en un interesantísimo artículo en Agenda Pública (es posible consultar el texto al enlace https://shorturl.at/Myv7P).
La COP30 ha incumplido la promesa de articular una hoja de ruta clara y oportuna que faculte prescindir de gas y petróleo. Las presiones son enormes y las resistencias históricas. Por un lado, la oposición manifiesta de la administración Trump a que EE.UU. abandone el oro negro y prescinda de su monopolio energético a través del Gas Natural Licuado (GNL). Por el otro, el imparable avance de China en las tecnologías renovables (solar, baterías, coches eléctricos) y el dominio sobre la explotación de las tierras raras. Si durante el mandato de Joe Biden se alimentó la esperanza de que Washington pudiera trabajar conjuntamente a la UE, el regreso del tycoon neoyorkino ha obligado a un giro copernicano.
Es probable que sea Pekín quien liderará la transición energética por su envidiable planificación estratégica e industrial. Las necesidades de descarbonización de muchos países europeos coinciden con el rol del dragón asiático de proveedor de soluciones de energía limpia. Pero más allá de las narrativas que buscan edulcorar un escenario futuro, la realidad es que el consumo mundial de energía sigue fuertemente sesgado hacia los combustibles fósiles. Y esto obliga a arrinconar legítimas aspiraciones y recuperar lo que el periodista Javier Blas define como “tabú cognitivo”. Pasar de los compromisos a la acción sin pactar una ruta común y un estadio intermedio – o sea qué hacer para garantizar el suministro energético durante la transición – es la pregunta a la que se debería responder sin muchos ambages. Y nuevamente lo nuclear asoma la cabeza.
A pesar de los contratiempos, lo rubricado en París sigue siendo esencial. Los esfuerzos de los países en la reducción de GEI deben actualizarse y las inversiones multiplicarse. Todas las variables quedan estrechamente ligadas al contexto político y económico y la COP30 no ha logrado el salto cualitativo esperado. No indicar cómo lograr la eliminación de los combustibles fósiles y tampoco presentar objetivos ambiciosos a corto plazo ha evidenciado la falta de un liderazgo global. China es un interlocutor obligado, pero las redes de influencias y las transformaciones que posibilitan las estrategias climáticas se conforman con hechos, y no con simple declaraciones.
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