De este modo, la Comisión Europea también solicitó más competencias en materia de «recursos propios», lo que equivale a impuestos de la UE, en particular a las grandes empresas, el tabaco, los residuos electrónicos y las emisiones de carbono.
Como muestra de lo desconectada que está la burocracia de la Comisión Europea, se supo que la propuesta «Recurso Corporativo para Europa» (CORE), que generaría alrededor de 6800 millones de euros al año mediante la imposición de impuestos a las empresas con una facturación anual superior a 50 millones de euros y un establecimiento permanente en la UE, no recibió ni un solo comentario positivo de ningún Estado miembro de la UE cuando se presentó.
También el «Recurso Propio del Impuesto Especial sobre el Tabaco» (TEDOR) se enfrenta a una fuerte resistencia. En julio, la ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, calificó la propuesta de «completamente inaceptable», señalando que la Comisión no solo quiere abordar los productos del tabaco, sino también las alternativas al tabaco. Afirmó: «Parece que la propuesta de la Comisión Europea supondría un aumento muy importante de los impuestos sobre el snus blanco y, además, la Comisión quiere que los ingresos fiscales vayan a la UE y no a Suecia».
No es casualidad que Suecia se muestre hostil a un enfoque tan paternalista. El país es el único Estado miembro de la UE que está exento de la prohibición de la UE sobre el snus, que sirve como alternativa al tabaco para fumar. Los resultados son claros, después de tres décadas: Suecia no solo tiene una de las tasas de tabaquismo más bajas de Europa, sino que también tiene una incidencia mucho menor de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. En comparación con otros países de la UE, Suecia tiene un 44 % menos de muertes relacionadas con el tabaco, un 41 % menos de tasas de cáncer de pulmón y un 38 % menos de muertes por cáncer.
La Comisión Europea ni siquiera parece entender el argumento que esgrimen los defensores de este enfoque, ya que personas como el comisario europeo responsable de revisar la Directiva sobre impuestos especiales del tabaco de la UE, Wopke Hoekstra, han declarado en una audiencia del Parlamento Europeo que «fumar mata, vapear mata». » Hoekstra equiparó así ambos productos, a pesar de que, según el departamento de salud del Gobierno británico, «las mejores estimaciones muestran que los cigarrillos electrónicos son un 95 % menos perjudiciales para la salud que los cigarrillos normales».
Presión de las ONG
La Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea también se ha posicionado del lado de los paternalistas. Según se informa, bajo la presión de las ONG, ha redoblado su enfoque con su nueva propuesta de modificar la Directiva sobre impuestos especiales del tabaco (TED) de la UE mediante impuestos significativamente más altos sobre la mayoría de los productos de tabaco y nicotina. Brussels Signal señala que «la propuesta danesa revisada introduce definiciones más estrictas, tipos impositivos más elevados y un enfoque más agresivo para cerrar las lagunas jurídicas. Refleja las prioridades de ONG de línea dura como Smoke Free Europe y parece, en parte, en desacuerdo con las posiciones de los Estados miembros y los debates científicos en curso.
Las enmiendas danesas adoptan las propuestas numéricas defendidas por las ONG. Entre ellas se incluye el establecimiento del tipo impositivo para los productos de tabaco calentado (HTP) en 360 euros por kilogramo, más del doble de la sugerencia inicial de la Comisión Europea de 155 euros por kilogramo».
Sin duda, la Presidencia danesa podría haber evitado copiar y pegar las sugerencias presentadas por las ONG, sobre todo ante el actual escándalo de las ONG, en el que se ha revelado que la Comisión habría gastado miles de millones de euros de los contribuyentes en ONG, al tiempo que les proporcionaba instrucciones sobre cómo influir en la elaboración de las políticas de la UE.
Las audiencias en el Parlamento Europeo sobre este tema ya han tenido lugar. Uno de los antiguos comisarios europeos implicados, Frans Timmermans, se niega a participar, pero el director de la DG ENVI, Eric Mamer, sí compareció. Allí reconoció que, en el pasado, las actividades específicas de lobbying se detallaban en los programas de trabajo que las ONG adjuntaban a las solicitudes de subvenciones operativas, aunque subrayó que, con las nuevas directrices en vigor desde 2024, esto ya no ocurriría. Aun así, eurodiputados como Sander Smit han exigido que los contratos de subvención se hagan públicos en el futuro. Ser testigo de cómo las ONG siguen teniendo una gran influencia en el proceso de elaboración de políticas de la UE, a pesar de las recientes revelaciones, no hace sino reforzar la necesidad de garantizar que los falsos representantes de la sociedad civil no sean financiados por los contribuyentes.
El regreso de los frugales
En cualquier caso, un avance esperanzador es el regreso de los Estados miembros frugales de la UE, que están formando una coalición para frenar las demandas de un gasto cada vez mayor de la UE. Politico señala que a la tradicional alianza «frugal», compuesta por Austria, Suecia, Alemania, Países Bajos, Finlandia e Irlanda, se suman ahora Francia y Bélgica, ambos contribuyentes netos al presupuesto de la UE. Es probable que Dinamarca se una a partir de enero, cuando ya no presida el Consejo de la UE.
Según se informa, esta coalición exigirá una reducción del presupuesto a largo plazo de la UE. La ministra de Europa de Austria, Claudia Plakolm, comentó al respecto: «Si tenemos que apretarnos el cinturón a nivel nacional, no podemos explicar por qué la Comisión Europea ha presentado el mayor presupuesto de la UE de la historia... No debemos gastar más, debemos gastar mejor». La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, añadió: «No veo otra forma de avanzar que poner este presupuesto a dieta y centrarnos en nuestras tareas clave».
Los frugales parecen haber logrado ya convencer a otros Estados miembros de la UE para que presionen a las instituciones de la UE a fin de que adopten una mayor rectitud fiscal. Un proyecto de posición del Consejo de la UE sobre el próximo presupuesto septenal exige «disciplina presupuestaria» en todas las instituciones de la UE, con respecto a la propuesta de la Comisión Europea de aumentar el gasto en costes administrativos de la UE de 82 000 millones de euros a 118 000 millones. Los Estados miembros de la UE afirman así: «Los esfuerzos de simplificación en todos los ámbitos políticos, incluidos los paquetes ómnibus y la reducción del número de programas [del marco financiero plurianual], así como la introducción de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, deberían conducir a una reducción de las cargas administrativas y al correspondiente ahorro».
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