En lo que respecta a la eficiencia en la toma de decisiones, siempre se ha asumido como premisa el hecho de que cuanto más cercana esté la persona que tiene que tomar la decisión al colectivo al que va a afectar esta decisión, mejor. Esta afirmación puede que sea parcialmente cierta para determinados temas, pero no es la piedra filosofal de la gestión pública. Hoy en día con las herramientas informáticas que existen, el que la decisión sobre una determinada cuestión en La Seu d’Urgell se tome en Barcelona o en Madrid, no es precisamente importante, ya que el que la distancia sea de 200 o de 500 kilómetros no va a mejorar el conocimiento que tenga el funcionario público de la realidad de un determinado problema.
En el fondo, lo que subyace es la delimitación de una cuota de poder. Los políticos nacionalistas tratan por todos los medios de descentralizar la toma de decisiones, mientras que los políticos de los partidos nacionales tratan de limitar esa descentralización para determinados aspectos comunes a todos los ciudadanos del país. Desde este punto de vista, sí que son los políticos y los juristas los que deben establecer con los juicios de valor adecuados, y a ser posible por consenso, cuáles son las decisiones que deben tomarse en cada nivel de las Administraciones Públicas.
Como una mera opinión, consideraría que se deberían mantener centralizados entre otros los siguientes temas:
- Principio de igualdad fiscal. Todos los españoles pagan los mismos impuestos independientemente de donde radiquen. No se puede permitir que las diferentes autonomías o ayuntamientos compitan por captar nuevos residentes poniéndoles como “zanahoria” que si se empadronan en otro lugar van a pagar menos impuestos o menos tasas locales.
- Caja Única de la Seguridad Social. Todos los españoles deben tener derecho a una misma pensión, a un mismo subsidio de desempleo y a unos servicios sanitarios equivalentes en toda la geografía nacional.
- Principio de igualdad de oportunidades para desempeñar un puesto de trabajo en todo el territorio español. Todos los españoles deben tener las mismas oportunidades para poder trabajar allí donde lo deseen. No se puede, por ejemplo, vetar a una persona para que desempeñe un puesto de trabajo, ya sea público o privado, porque desconozca una lengua diferente del castellano. Lo contrario sería lo mismo que discriminar por razón de sexo o de religión.
- Derecho a una enseñanza común en todo el territorio español. De nuevo el aspecto lingüístico es importante, ya que en las Comunidades Autónomas en las que hay más de una lengua cooficial debe existir la posibilidad de que se pueda elegir en qué lengua se recibe la enseñanza. Además, es preciso que se establezca un consenso en lo relativo a los aspectos básicos comunes en lo que respecta a asignaturas como Historia, Educación para la Ciudadanía, etc., a fin de que todos los españoles tengan una educación homogénea.
En lo que respecta al coste de las Administraciones Públicas, es preciso que analicemos cuál es la situación actual, es decir, cómo ha evolucionado el gasto de las diferentes Administraciones Públicas en los últimos años, para poder darnos cuenta de la situación del gasto público en España.
En el cuadro siguiente, se puede ver que desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2025 (casi 18 años), el endeudamiento de las Administraciones Públicas ha crecido en un 344%, pero el PIB tan solo un 54%, es decir, seis veces menos. Probablemente, lo más significativo es que el endeudamiento de las Comunidades Autónomas ha crecido en un 447%, mientras que el de Entidades Locales, sobre todo Ayuntamientos, ha disminuido en un 24%.
El conocido ratio de deuda sobre PIB está en un 103%, cuando hace dieciocho años no llegaba al 36%. Si tenemos en cuenta también el endeudamiento de las empresas públicas llegaría a casi el 106%. Además, es preciso tener en cuenta que los 1,751 billones de euros de deuda global constituyen una deuda neta, puesto que de acuerdo con las premisas del Protocolo del Déficit Excesivo, se han restado 336.000 millones de euros de activos que tienen las Administraciones Públicas (AAPP) entre depósitos bancarios, bonos y participaciones empresariales, lo que supone que la deuda real a renovar periódicamente es de 2,087 billones y no de 1,751.
Como puede observarse el problema está sobre todo en las Comunidades Autónomas (CCAA) y, como puede verse en el cuadro siguiente, no todas han evolucionado de la misma forma:
Tal y como se ve, Cataluña es la CCAA campeona del endeudamiento, y no sólo en valores absolutos, 89.000 millones de euros, multiplicando por seis su deuda en dieciocho años, sino en deuda por habitante, llegando a 10.880€ para cada catalán. ¿Tiene sentido que la deuda autonómica catalana por habitante duplique a la de Madrid? Sí, ya sabemos, “Espanya ens roba”, pero no es cierto.
Desde los tiempos de Jordi Pujol, los catalanes aspiraron a crear un estado dentro de otro estado y crearon una hiper estructura de muchos niveles, Generalitat, Diputaciones, Comarcas, Mancomunidades, Ayuntamientos, Pedanías, Agencias Metropolitanas, Embajadas, amén de 944 entidades dependientes de las anteriores y fuera de las AAPP, como sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, organismos autónomos y demás, donde se colocan a amigos, familiares y gente con carnet con sueldos que superan a los de los propios ministros del gobierno estatal (de lo de Waterloo no tenemos información). El resultado es obvio y los catalanes tienen que sufrir una de las presiones fiscales más elevadas de España, amén de soportar una deuda creciente que a saber cómo se va a pagar.
En lo que respecta a las Entidades Locales, la situación es mucho mejor en general, salvo, como era de esperar en Barcelona, donde, como se puede observar en el siguiente cuadro, la deuda del ayuntamiento se ha incrementado un 47% en estos dieciocho años, mientras que la de Madrid ha disminuido en un 65%. Sigue siendo superior en valores absolutos, debido a la época de Gallardón que, si hubiera seguido siendo alcalde, hubiera acabado por llenarnos la Castellana de pirámides, pero, afortunadamente, eso se ha solucionado en las últimas alcaldías.
Aun así, la deuda por habitante del ayuntamiento de Barcelona es la más alta de España, mientras que en otras ciudades o capitales de provincia es manifiestamente inferior. En general, en el ámbito de la gestión local, ha habido un claro desendeudamiento, con excepción de las diputaciones forales vascas y las entidades locales menores (mancomunidades, comarcas, pedanías, etc.) que han incrementado notoriamente su endeudamiento, aunque en este último caso las cifras están afectadas por el Área Metropolitana de Barcelona que supone 978 millones de euros de los 1.067 millones de deuda total de las entidades locales menores de toda España (sobran más palabras).
Por tanto, llegamos a la conclusión de que el problema del endeudamiento excesivo no es de quién gobierna la institución pública, puesto que las entidades citadas están regidas por representantes de los diferentes partidos políticos. Además, hay endeudamiento real o potencial que, aunque el real está incluido en las cifras anteriores, no suele ser muy comentado; se trata de los Avales prestados por la Administración Central que han crecido hiper geométricamente en los últimos dieciocho años:
Evidentemente, a donde se han estado dirigiendo estos avales, que suponen una cantidad significativa, es información reservada, pero tenemos la experiencia de hace quince años, cuando se abrió una línea de avales para el pasivo de las cajas de ahorros por importe de 100.000 millones de euros y ello impidió que se pudieran liquidar ordenadamente en la famosa crisis financiera y que, así, los consejeros de las cajas, muchos de ellos políticos, no tuvieran que afrontar juicios por quiebra fraudulenta. En cualquier caso, los responsables políticos de las regiones tienen mucho que explicar a los ciudadanos en relación con las decisiones que toman sobre endeudamiento y el otorgamiento de avales.
Y llegamos al punto capital. El endeudamiento de un determinado colectivo es responsabilidad de los miembros de ese colectivo. Por tanto, si eventualmente un Ayuntamiento quebrara, al menos en teoría, la deuda debería ser pagada por los vecinos de ese Ayuntamiento. Si en determinados ayuntamientos y autonomías se gasta más de lo que se ingresa para ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos teniendo como alternativa un endeudamiento que nunca va a poder pagarse, ¿no estaremos conculcando el artículo 2 de la Constitución en la que se afirma la igualdad de derechos entre los ciudadanos?
La fábula de la cigarra y la hormiga viene muy bien en este contexto, aunque tengamos la impresión de que hay muy pocas hormigas y una auténtica invasión de cigarras, especialmente en cierta región mediterránea de cuyo nombre no quiero acordarme.
Si (
No(
