Un Gobierno en minoría que no puede aprobar sus medidas clave sin recurrir al chantaje parlamentario, sobrevive en lugar de gobernar con el único objetivo de resistir como forma de ejercer el poder, en el que el interés general queda supeditado a la obsesión de permanecer en él. Sánchez perpetúa a su vez el récord de decretos desde 2018 -168-, 39 más que Felipe González, el triple que Suárez y 59 más que Rajoy. Tal prerrogativa legal no solo esquiva el poder de control del parlamento, sino que, en algunos casos, obvia también la convalidación por el Congreso al no necesitarla. Es el caso de la masiva regularización exprés de 500.000 extranjeros -850.000 según el cálculo de FUNCAS- que podría acabar en el Tribunal Supremo.
Macro decretos, el soldado Puente y la Comisión de Investigación
Con su estrategia, el ejecutivo abusa de los denominados decretos ómnibus al incluir todo tipo de medidas, como el ultimo rechazado por la cámara baja, con una docena de iniciativas como la subida de las pensiones, moratoria de desahucios, bono social eléctrico, deducciones de IVA para mejora de viviendas y compra de coches eléctricos, exención del pago del impuesto de sociedades, ayudas por daños en los incendios forestales, cotizaciones de autónomos o compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo para médicos de atención primaria. La estrategia de imponer un paquete legislativo cual trágala del todo o nada, es rechazada por segundo año consecutivo. Todo vale para burlar la falta de Presupuestos o tapar los escándalos y la corrupción. Sánchez ya utilizó las protestas de La Vuelta para disipar la imputación de su mujer, el aborto para ocultar la de su hermano, Eurovisión para tapar la prisión de su número 2 y la macro-regularización de inmigrantes para salvar al soldado Puente.
Tanto el Ejecutivo como el ministro de Transportes se enfrentan a una Comisión de Investigación en el Senado por su “negligencia, soberbia y opacidad” en la gestión de las infraestructuras ferroviarias que Feijóo circunscribe al “mantenimiento y seguridad” de una red salpicada de incidencias y tragedia. Tras la ausencia y escapismo de Sánchez que dilata sus explicaciones hasta el 11 de febrero, PP, VOX, UPN y Junts exigen la renuncia del ministro de los bulos que lejos de asumir responsabilidades arremete contra el “neofascismo” político y mediático. Las catástrofes de Adamuz y Rodalias ya están también bajo la lupa de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Ministro pendenciero y provocador
El ministro pendenciero y provocador lleva dos semanas recorriendo los medios para tapar las graves negligencias denunciadas desde hace meses por maquinistas, viajeros y sindicatos ferroviarios, amonestando incluso al presidente de la Comisión Independiente que investiga la catástrofe que produjo 45 muertes y medio centenar de heridos para diluir la asunción de responsabilidades. El fallecimiento de un maquinista más en Cataluña por el caos de gestión de sus cercanías se salda con el urgente cese de responsables intermedios de Renfe en espera de asumir las correspondientes (i)responsabilidades políticas y de gestión del accidente de Adamuz.
Los sucesivos ministros de Transportes han conseguido hundir el orgullo de la Alta Velocidad hispana tras la negligente gestión de la red de infraestructuras sin prevenir la obsolescencia de vías, material e incluso el notable incremento de trenes exigido por la liberalización del sector que ha multiplicado por cuatro la operatividad y rodaje. El tal Puente ha pasado de amenazar a las compañías ‘extranjeras’ Iryo y Ouigo por hundir el precio de los billetes, a reprender al presidente de la CIAF, Iñigo Barrón, tras sorprenderse de que no ha habido una “remodelación integral” de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento. Tanto la inestabilidad de rodaduras como la vibración de “muchos trenes” ha sido denunciada en los últimos meses por el Sindicato de Maquinistas de SEMAF que propuso reducir la velocidad máxima en las líneas liberalizadas o reforzar el mantenimiento preventivo, sin recibir ninguna respuesta oficial".
Indultos por doquier
El indulto del ex fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el delito de revelación de secretos que tramita el Gobierno por la vía de urgencia, es tan bochornoso y corporativo como el otorgado en 2013 por Zapatero al banquero Alfredo Sáenz, condenado por falsas querellas contra varios empresarios. En de esperar que como entonces hizo el Supremo anulando tal atropello al considerar que el gobierno se excedió en su ámbito de aplicación al pretender que no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita, el alto Tribunal reitere la jurisprudencia y palie los abusos del poder Ejecutivo. Entre los firmantes de la petición de indulto al fiscal condenado figuran la exjueza, Manuela Carmena y el ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sentenciado a su vez por prevaricación y expulsado de la carrera judicial. La medida de gracia de Sánchez se sumará al sonoro indulto a los nueve independentistas, incluido el líder republicano Oriol Junqueras, condenados por sedición y malversación durante el procés. Jueces y fiscales del Supremo avisan de que la actual Fiscal del Estado, Teresa Peramato, se “arriesga” a una querella si no inhabilita a su predecesor.
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