Entre los actores centrales de esta trama vuelve a aparecer Jared Kushner. Su fondo de capital privado, Affinity Partners, ha recibido flujos millonarios en paralelo a sus gestiones diplomáticas ante Arabia Saudí e Israel. En el último mes —marzo de 2026— los activos bajo gestión de Affinity alcanzaron los 6.200 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 30%. Un dato aún más revelador es que el 99% de ese capital es de origen extranjero, proveniente en su abrumadora mayoría de los fondos soberanos de Arabia Saudí (2.000 millones de dólares), Emiratos Árabes Unidos y Catar.
Estas ganancias han mostrado correlaciones sospechosamente estrechas con el papel de Kushner como «enviado de paz» en la región. La superposición entre su beneficio personal y su influencia diplomática ha llevado ya al Congreso estadounidense a abrir investigaciones que intentan dilucidar si nos encontramos ante un nuevo capítulo del viejo problema de la denominada “captura del Estado” por intereses privados —o ante una mutación cualitativamente distinta de aquel.
El círculo de influencia no se agota, sin embargo, en la figura de Kushner. Los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, han ejecutado en los últimos meses cambios significativos de sus carteras de inversión, virando de manera repentina hacia el sector de los sistemas aéreos no tripulados (drones). Este giro sectorial ha coincidido, de forma notable, con la apertura de nuevas y sustanciales licitaciones gubernamentales impulsadas por el gobierno de su padre. Ambos hermanos han entrado con decisión en el complejo industrial de la Defensa, respaldando a Powerus, empresa con sede en Florida dedicada a la fabricación de drones autónomos de gran capacidad de carga y de interceptores. La compañía está ofreciendo actualmente sus sistemas a los estados del Golfo Pérsico —directamente amenazados por la escalada con Irán— y, simultáneamente, negocia una fusión inversa con Aureus Greenway Holdings, una entidad vinculada al ecosistema financiero de la familia Trump, con el propósito de salir a bolsa.
Pero la imbricación no termina ahí. Los hermanos Trump desempeñan además funciones de asesoramiento en Unusual Machines y en otras empresas del sector, como XTEND, una firma israelí especializada en drones dotados de inteligencia artificial. Esta última ha obtenido ya importantes contratos con el Pentágono en el marco de la creciente cooperación técnico-militar entre Estados Unidos e Israel. El dato que mejor ilumina la porosidad entre información privilegiada, tráfico de influencias y conflicto de intereses, es, quizá, de naturaleza temporal. Según la documentación disponible, Eric Trump materializó su inversión en XTEND apenas once días antes de que Washington y Tel Aviv lanzaran los mayores ataques con drones de la historia militar contra objetivos iraníes. Una sincronía que, en cualquier otro contexto, podría atribuirse a la casualidad. En el presente ciclo político, sin embargo, plantea interrogantes difíciles de soslayar sobre el flujo de información estratégica hacia los círculos patrimoniales más próximos a la toma de decisiones.
Lo que estos movimientos sugieren no es meramente la existencia de conflictos de interés puntuales, sino la emergencia de una arquitectura de captura preventiva consistente en un conjunto de jugadas financieras que anticipan los movimientos geopolíticos. La diferencia entre la información privilegiada clásica y esta nueva modalidad reside en que aquí no hay secretos oficiales filtrados, sino decisiones de inversión que se toman en el mismo espacio físico y temporal que las decisiones de gobierno. La distinción entre el policy-maker y el inversor privado ha dejado de ser estrictamente jurídica. Podría decirse, sencillamente, que ha desaparecido.
Para comprender cabalmente la arquitectura de captura que hoy se despliega en Washington, quizá no baste con mirar hacia adelante. El presente, a veces, se ilumina con las sombras del pasado. El ecosistema actual de imbricación entre poder político, capital extranjero y tráfico de influencias encuentra un precedente inquietante —y hasta ahora insuficientemente explorado— en el ascenso de Jeffrey Epstein.
Mucho antes de que Epstein se convirtiera en un nombre conocido por la opinión pública global, su trayectoria fue impulsada por conexiones profundas en Oriente Medio, particularmente sus vínculos con los servicios de inteligencia israelí y con las redes de tráfico de armas que operaron durante la década de 1980. Su transformación de empleado de Bear Stearns a figura de influencia transnacional no fue, como a veces se ha sugerido, un misterio insondable. Tuvo raíces concretas relacionadas con el tráfico ilícito internacional de armamento y el blanqueo de capitales propios de la era Irán-Contra.
En este entramado, la figura del ex primer ministro y ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, adquiere una relevancia particular. Barak se contó entre los colaboradores más estrechos de Epstein durante los años de su plenitud pública. Si bien Barak declaró posteriormente que ambos se conocieron en 2003, diversas pruebas documentales sugieren que su relación se remonta en realidad a la década de 1980, y que se forjó precisamente a través de su participación conjunta en las operaciones del escándalo Irán-Contra.
A principios de los años 80, Epstein trabajó como consultor para el traficante de armas británico Douglas Leese. A través de la empresa de Leese —y posteriormente a través de su propia firma, Intercontinental Assets Group— Epstein habría establecido contactos con Adnan Khashoggi, el legendario traficante de armas saudí que desempeñó un papel clave en Irán-Contra. Khashoggi, vale la pena recordarlo, obtuvo cientos de millones de dólares en comisiones de gigantes estadounidenses del sector de la defensa, entre ellas Lockheed Martin y Raytheon (hoy RTX). El mismo complejo industrial-militar que décadas después seguiría siendo el principal cliente —y socio— de las empresas vinculadas a la actual administración.
Un último dato, aparentemente marginal pero revelador, completa el círculo. Durante el escándalo Irán-Contra, Southern Air Transport —una aerolínea tapadera de la CIA— fue utilizada para el transporte clandestino de armamento. Tras el estallido del escándalo, la aerolínea reorientó sus operaciones y se trasladó a Columbus, Ohio, donde comenzó a transportar carga para The Limited, el imperio textil de Les Wexner. Y fue precisamente durante ese período —y con plenos poderes sobre la gestión financiera del imperio Wexner— cuando Epstein consolidó su fortuna y su red de contactos.
Esto sugiere que las mismas redes que conectaban el tráfico de armas, los paraísos fiscales, los servicios de inteligencia extranjeros y los círculos del poder político en los años 80 parecen haber mutado, adaptado y reaparecido bajo nuevas formas en el presente. Kushner, Steve Witkoff y los hijos de Trump gestionan simultáneamente negocios y negociaciones políticas en Oriente Medio. Además, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de 1977, promulgada originalmente para frenar la corrupción tras el caso Khashoggi, fue modificada recientemente por la Administración Trump, lo que, en la práctica, está facilitando el tipo de enriquecimiento ilícito mediante conflictos de intereses que vemos hoy.
No se trata, ciertamente, de una percepción aislada ni de una construcción meramente especulativa lo que planteamos en este artículo. Recientemente, de hecho, la revista francesa Le Point ha dedicado su último número a un análisis en profundidad que ahonda en la misma perspectiva, bajo el título explícito —y deliberadamente provocador— "La Maison-Blanche, machine à cash de Donald Trump". El trabajo, de carácter exhaustivo, examina la imbricación entre el segundo mandato del presidente Trump y los intereses comerciales privados de su familia y su círculo más próximo.
La tesis central es, cuando menos, inquietante. La Casa Blanca, bajo la actual Administración, se habría transformado en una auténtica máquina de generar dinero para Trump, sus familiares y sus asociados más directos. El mecanismo, según Le Point, no es ni novedoso ni particularmente sofisticado. Opera sobre una lógica simple pero eficaz basado en el tráfico de influencias —tanto de actores extranjeros como de grupos de presión nacionales—, y orientado a obtener acceso a la toma de decisiones mediante la inversión en empresas vinculadas al presidente y su entorno.
Una de las líneas de investigación más sugerentes del artículo francés afecta a las fluctuaciones anómalas del mercado. Le Point documenta cómo ciertos movimientos bursátiles se producen sistemáticamente en las horas inmediatamente posteriores a las publicaciones del presidente en redes sociales o a sus anuncios políticos. La hipótesis que se desprende es que un pequeño grupo de personas con información privilegiada podría estar anticipando estos cambios, beneficiándose de un conocimiento previo al que el público general no tiene acceso.
Pero el fenómeno no se limita al ámbito geoestratégico o bélico. Le Point examina también, a modo de ejemplo, el súbito giro de la Administración Trump hacia políticas explícitamente favorables a las criptomonedas. Este viraje regulatorio, señala la revista, coincidió temporalmente con el lanzamiento de activos digitales con la marca Trump y de la plataforma World Liberty Financial. La correlación, al menos, invita a preguntarse si las decisiones normativas están siendo influenciadas —conscientemente o no— por las posesiones personales del presidente en el sector de los activos digitales.
El artículo detalla asimismo un fenómeno ya observado durante el primer mandato pero que en este segundo ciclo ha adquirido una intensidad superior, como es el hecho de que las delegaciones extranjeras y los lobbies sigan frecuentando las propiedades privadas de Trump —especialmente Mar-a-Lago— como si de anexos informales de la Casa Blanca se tratara. De este modo, sostiene Le Point, se ha consolidado un sistema en el que el acceso al «Comandante en Jefe» y el “cabildeo” (lobbie) —ese arte cortesano de la proximidad al poder— es, en la práctica, una transacción comercial perfectamente articulada.
La progresiva fusión entre el ejercicio del poder político y el enriquecimiento privado del círculo más cercano a la Casa Blanca no se trataría pues de anomalías aisladas o de meros conflictos de interés técnicos, sino de un sistema en el que el acceso a la información sensible y a las decisiones estratégicas se han convertido en un modus operandi de hacer política y negocios. La cuestión central que queda sobre la mesa no es jurídica, sino política y también reputacional del todavía hegemón mundial.
El segundo mandato de Trump no ha inventado esta lógica, pero sí la ha llevado a un nivel de desvergüenza que hace difícil a los ciudadanos estadounidenses, a los socios de EE.UU. y a la comunidad internacional seguir mirando hacia otro lado.
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