El exalcalde de Sogamoso fue mencionado de forma indirecta en algunas piezas periodísticas publicadas en 2022 principalmente por la revista colombiana Semana, su relaciòn con el escándalo de corrupciòn que vincula a la madre del ex presidente Ivan Duque se da especialmente a partir de interceptaciones telefónicas y declaraciones de terceros vinculados al expediente.
Pero, a diferencia de otros implicados en el caso, no ha sido imputado por la Fiscalía General de la Nación, ni figura como acusado, ni existe en su contra una condena judicial. Tampoco ha sido vinculado formalmente a contratos, flujos de dinero o decisiones administrativas relacionadas con la red de corrupción investigada. Su nombre, en términos estrictos, permanece en el terreno de las referencias mediáticas, no en el de la responsabilidad penal probada.
Condía sostiene que su inclusión en esos informes responde a interpretaciones erróneas de conversaciones indirectas y a su relación circunstancial con sectores políticos durante su aspiración al Congreso en 2022. En ese momento, el entonces senador y hoy difunto Mario Castaño —quien posteriormente sería el principal rostro del escándalo— ya era una figura consolidada dentro del sistema político colombiano, con capacidad de influencia en distintas regiones. La interacción de Condía con ese entorno, según su versión, fue estrictamente política y electoral, sin vínculos con estructuras ilegales.
La trayectoria de Condía se remonta lejos de los círculos de poder nacional. Nacido en una vereda rural de Boyacá, hijo de un sastre y de una madre dedicada al hogar, se formó en la educación pública y comenzó a trabajar desde joven para sostener sus estudios. Su recorrido incluyó el trabajo como técnico en minería, antes de ingresar a la vida pública a través de la Acción Comunal. Desde allí dio el salto al Concejo Municipal y, posteriormente, a la alcaldía de Sogamoso en 2015, en un ascenso poco habitual en un país donde las estructuras partidistas tradicionales suelen definir las carreras políticas.
Durante su administración, uno de los puntos de mayor tensión fue la gestión del relleno sanitario regional, que recibe residuos de más de 40 municipios. Condía impulsó una revisión del modelo basado en el enterramiento de basuras, al que calificó como ambientalmente insostenible y económicamente concentrado en pocos operadores. Esa postura lo enfrentó a intereses regionales y derivó en decisiones administrativas controvertidas, sanciones en primera instancia y una suspensión temporal en medio de un contexto electoral.
El trasfondo de ese debate no es menor. El valle de Sogamoso ha sido históricamente un enclave industrial, desde la instalación de Acerías Paz del Río en los años cincuenta —que Gabriel García Márquez describió como símbolo de la modernización colombiana— hasta la consolidación de un modelo extractivo que combina minería, industria pesada y presión ambiental. Setenta años después, ese territorio sigue reflejando una pregunta no resuelta: quién asume los costos del desarrollo.
En ese escenario, la aparición del nombre de Condía en el caso “Las Marionetas” abrió una discusión más amplia sobre el papel de los medios en investigaciones judiciales en curso. En Colombia, como en otros países de América Latina, la filtración de expedientes y las interceptaciones han adquirido un peso creciente en la construcción de la opinión pública. El problema, advierten expertos, no es la investigación periodística en sí —fundamental en una democracia— sino la rapidez con la que una mención puede convertirse en condena social sin que exista una decisión judicial.
El propio Condía solicitó una rectificación a la revista que difundió su nombre en el contexto del caso, sin obtener respuesta, según afirma. Este tipo de situaciones ha reavivado el debate sobre los estándares de verificación y la responsabilidad de los medios cuando se trata de personas que no han sido formalmente vinculadas a procesos penales.
Mientras tanto, el expediente judicial sigue su curso respecto a otros implicados, y el nombre de Condía permanece en un limbo: visible en el relato mediático, pero ausente en los registros judiciales del caso. Una distancia que, en el contexto colombiano, no es menor.
Más allá de la controversia, su paso por la alcaldía dejó resultados en infraestructura, educación y gestión administrativa que aún son objeto de valoración local. Pero su historia reciente ilustra una realidad más amplia: en un sistema donde justicia, política y medios convergen, la reputación puede definirse antes que los tribunales.
“Gobernar es resolver problemas, no alimentar estructuras de poder”, ha dicho Condía. En el caso que hoy lo rodea, la pregunta sigue abierta: quién decide, en última instancia, dónde termina la responsabilidad y dónde comienza la narrativa.
Si (
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