Cinco décadas después, los sucesores del sindicalismo democrático se han convertido en un apéndice de los gobiernos (de izquierda), cuyas millonarias subvenciones -de hasta una decena de organismos y ministerios- se han triplicado, sin apenas levantar la voz ni siquiera una pancarta crítica, salvo las ‘barricadas’ del primero de Mayo por la vivienda, la ‘democracia’ y… el “no a la guerra”. La agónica legislatura de Sánchez, vuelve a tambalearse tras la deserción del nacionalismo vasco y catalán (PNV y Junts), con el presidente descartando un adelanto electoral y convencido de que lo que necesita España son “ocho años más de Gobierno progresista”.
Redondo y Camacho, ejemplos de sindicalismo reivindicativo
El histórico líder de UGT y también diputado socialista, Nicolas Redondo, renunció a su escaño en el Congreso en 1987 por el profundo desacuerdo con la política económica y laboral del gobierno de Felipe González, después de votar en contra de los Presupuestos del Estado y convocar la segunda huelga general de la democracia en 1988. Tal era la afrenta y el divorcio político-sindical que Redondo acuño un epitafio histórico al asegurar que, al ministro de Economía, a la sazón Carlos Solchaga, solo le faltaba exigir que los trabajadores acudieran al ‘tajo’ con una piedra en el zapato para castigar aún más a la clase obrera.
El impulsor (y fundador en la clandestinidad) de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, se convirtió en el preso más famoso del Proceso 1001 qué llevó a la cúpula sindicalista a la cárcel de Carabanchel convertida en referente antifranquista internacional. Camacho fue elegido diputado en las primeras elecciones democráticas en 1977 tras la muerte del dictador y reelegido para la 1ª legislatura hasta su dimisión en 1981, después de defender los derechos sindicales, el aumento de pensiones o el nonato Estatuto de los Trabajadores.
Vasallos del poder
Desde entonces, los representantes de los trabajadores y sus organizaciones sociales no han dejado de ser los palmeros del poder al servicio de los distintos gobiernos (de izquierda), a los que no osan levantar la voz ni siquiera una pancarta, salvo en las barricadas del primero de Mayo esta vez por el “no a la guerra“, contra el “vasallaje” a Trump, por la vivienda y la ¡democracia!. La defensa de la causa obrera y sus derechos ya quedó reflejada desde la misma Transición con no pocos recelos y exigencias del proletariado de las que el dirigente comunista, Santiago Carrillo, llegó a tomar buena nota tras salir de una conocida marisquería madrileña y encontrarse con el reproche de un grupo de operarios que le esperaban en la calle: ¿"Qué, don Santiago, se come bien a costa de los trabajadores"?, le recriminaron no sin cierta ironía. A lo que el secretario general del PCE replicó sin inmutarse: “Ya sabéis que yo nunca traiciono a la clase obrera, sino que la defiendo, sobre todo ante los empresarios que han pagado la cuenta”.
Afiliación, representación y subvenciones
Medio siglo después, no es de extrañar que buena parte de ese mismo proletariado haya decidido cambiar el sentido de su voto o entregarlo a la derecha, mientras el dirigente del sindicato mayoritario CCOO, Unai Sordo, rechaza liderar el movimiento Sumar, y el secretario general de UGT, Josep María Álvarez, no dudó en situar a su organización en la órbita del Pacto Nacional por el Referéndum en 2014 para impulsar el proceso de autodeterminación.
La afiliación sindical ha caído progresivamente en los últimos años, con nuevos mínimos que apenas superan el 12% de afiliados en 2024, y con cifras todavía más bajas entre los trabajadores jóvenes. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Portal de Transparencia, sitúan en 320.882 los delegados sindicales en España, con la hegemonía de CCOO (34,8%) y UGT (32,5%), que concentran casi el 70% de la representación. Le siguen el sindicato de funcionarios CSIF (3,9%), USO (3,9%), FETICO (2,3%), ELA-STV (0,3%) y otros sindicatos minoritarios (19,5%).
Ayudas directas
Las ayudas directas del Gobierno a las distintas centrales casi se han triplicado durante la presidencia de Pedro Sánchez, tras la contención en la etapa de Mariano Rajoy, pasando de 21 millones de euros en 2018 a 56 millones en 2024. Tanto Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores recibieron un total de 380,9 millones de euros en subvenciones de las distintas administraciones públicas en los últimos cuatro años: entre 2020 y 2024 UGT consiguió 202 millones de euros en subvenciones, mientras que CC.OO. percibió 179 millones, según el portal Laboro Spain a partir de datos obtenidos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Estas ayudas han sido concedidas por diferentes ministerios y organismos estatales, autonómicos y locales, entre ellos los departamentos de Trabajo, Igualdad o Transición Ecológica, CES, Institutos de la Juventud, de la Mujer, de Gestión Sanitaria o la Delegación del Plan de Drogas, además de muchas autonomías.
En la cola de la afiliación europea
Mientras el descenso de la afiliación sindical es generalizado en todos los países desarrollados, las cifras de España con el 12% son particularmente bajas en el contexto europeo, donde los países nórdicos como Islandia, Dinamarca, Suecia o Finlandia, presentan tasas de afiliación de entre el 60% y el 90% de la masa laboral, que se reducen al 30% en Italia o al 14% de Alemania. Un dato desalentador para las organizaciones sindicales es que de cada dos personas que estuvieron afiliados tiempo atrás, solo uno se mantiene, lo que refleja la desconexión entre los intereses de los sindicatos y de los trabajadores en los últimos años. Así, los asalariados a tiempo completo de entre 25 y 44 años presentaban una tasa de afiliación del 18,3% en España, que cae al 10,3% en los empleados a tiempo parcial, mientras que para los mayores de 45 años las cifras son muy similares, con uno de cada cuatro trabajadores afiliados a los sindicatos sin importar el tipo de jornada.
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