La CNMC debe reconsiderar las consecuencias derivadas de su nueva regulación de la fibra óptica

Los datos resultan elocuentes. Telefónica, por citar a la operadora más pujante en este capítulo, ha inyectado más de diez mil millones de euros en el período 2009-2013. Este esfuerzo inversor se ha traducido en la creación de más 10.000 empleos directos e indirectos en un momento económico asolado por la crisis y con ratios de desempleo superiores al 20%. El pretendido cambio en las reglas del juego no sólo pone en peligro esta fuente de generación de nuevos puestos de trabajo sino que amenaza el empleo consolidado en las propias operadoras, en las compañías fabricantes y proveedoras de equipamiento y en las dedicadas a las instalaciones y al tendido de las nuevas redes.

No puede pretender la Comisión que las compañías revendedoras de recursos ajenos, llamadas eufemísticamente “la competencia” o “los alternativos”, vayan a compensar el esfuerzo económico ni de Telefónica, ni del resto de operadoras con infraestructura propia. La senda histórica de estas compañías, carentes en absoluto de vocación inversora, niega rotundamente esa posibilidad.

Existe una dificultad lógica para aceptar que el fomento de la competencia resulte contradictorio con el interés de los usuarios finales. Pero éste es, exactamente, el escenario al que aboca la nueva regulación de la CNMC. La ralentización de las inversiones en el despliegue de las nuevas redes conllevará el ensanchamiento de la denominada brecha digital, que desequilibra las facilidades de acceso a las nuevas tecnologías en los medios rural y urbano. Habrá de enfrentar la CNMC, como primer efecto, un retroceso sin precedentes de la alfabetización digital de la población española. El horizonte regulatorio que amenaza al sector traerá como consecuencia inmediata el dramático desprendimiento de la sociedad española de la nueva economía digital y su marginación dentro de la sociedad globalizada de la información. Un escenario al que, sencillamente, no puede contribuir sin afectar a su condición de servicio público.

En las antípodas de este entorno, los usuarios finales obtendrían más beneficio cuanto mayor resultara la libertad en este mercado que se pretende regular. Hasta la víspera, Telefónica, como primera empresa inversora en el sector, mostraba sus planes de servir la fibra óptica a un 80 % de los hogares españoles, en 2018. Pero la amenaza de verse forzada a compartir sus recursos con las empresas parasitarias del sector, como ya ocurriera en el pasado, la obliga a reducir el ritmo de despliegue en un tercio de lo que tenía inicialmente previsto. Esta misma defensa legítima de sus intereses empresariales se hace muy previsible en el resto de operadoras con infraestructura propia, como Orange, Jazztel o las empresas regionales de cable, que sin duda se verán perturbadas por un efecto contagio.

En conclusión, con su reciente anuncio la CNMC no hace otra cosa que actualizar la vieja política desincentivadora de la inversión heredada de la extinta CMT. Una visión de las cosas no sólo tropieza con la lógica empresarial, las necesidades de los usuarios finales y los intereses nacionales. Contradice, además, la política de telecomunicaciones de la Unión Europa, cuya Agenda Digital hace una apuesta inequívoca por el despliegue de la Fibra Óptica.

Gracias al esfuerzo inversor de las operadoras, en especial de Telefónica, España lideraba ese despliegue en Europa y en el resto del mundo. Es claro que este dato niega absolutamente la necesidad de una regulación. Por tal motivo, la CNMC debe reconsiderar, con carácter urgente, las consecuencias derivadas de su pretendida regulación de la fibra óptica o hallar una justificación más convincente para perseverar en su intención de obstaculizar el progreso tecnológico, económico y cultural de nuestra sociedad. Si es que puede hallarla.