La investigación policial comienza con el atestado que el 17 de abril de 2015, a primera hora de la mañana, toma declaración al clasificador de “Arcelormittal Zaragoza”, JBM, que manifiesta que poco después de las 5 horas sufre un asalto en el garaje de su domicilio cuando se disponía a coger su coche. Los asaltantes, que iban cubiertos, irían con JBM a su domicilio al objeto de registrarlo, pudiendo sustraerle, solamente, su móvil y el de su pareja.
La primera prueba de la presunta manipulación policial aflora cuando en el primer informe que se emite desde el Grupo de Atracos, de fecha 22 de abril, se sostiene que el móvil de JBM se ha encontrado el mismo día del asalto, el 17 de abril, en el arcén dirección Madrid del Km 512 de la A-2, que corresponde a la provincia de Lérida. Curiosamente en el siguiente informe, de fecha 4 de mayo, se demostrará por los postes repetidores de señal de telefonía que los asaltantes huyeron en coche dirección Madrid, no Barcelona, y por tanto difícilmente se podía haber encontrado el móvil en la provincia de Lérida.
Pero el asunto del kilómetro y la fecha en la que supuestamente aparece el móvil de JBM se va enmarañando en los sucesivos informes policiales cuando aparecen nuevos actores que han de participar en el levantamiento del terminal: la Policía Judicial o la Policía Científica. Se dirá ahora que apareció el día 18, en lugar del 17. Igualmente se añadirá que apareció en la mediana de la autovía a la altura del Km 251, en lugar del arcén. También se apostillará que dada la granizada que cayó en la citada fecha tuvo que recogerse sin esperar la llegada de la Policía Judicial, como era obligatorio. Sin embargo, y a pesar de la ‘versión oficial’, se da la circunstancia de que las dos estaciones meteorológicas más próximas al Km 251 no recogieron precipitaciones, y menos granizo, los días 17, 18 y 19 de abril. Tampoco coincide el reportaje fotográfico que presenta el Grupo de Atracos del Km 251 con la realidad del lugar.
Respecto al análisis de la información de la Policía Científica, no hay huellas ni se conocen las llamadas telefónicas que se hicieron o se recibieron en ese terminal en los últimos días, datos fácilmente accesibles a partir de la propia compañía telefónica titular del IMEI.
Las presuntas manipulaciones policiales no cayeron en su momento en saco roto: el instructor, Rafael Lasala, cuando se le informa el 22 de abril que el móvil ha aparecido, dicta nuevo Auto de esa fecha que levantará el archivo que había decretado en su anterior Auto de 18 de abril. Por otra parte, el juzgado que estaba de guardia el 17 de abril de 2015 y al que le hubiera correspondido instruir el sumario era el nº 6, que había abierto diligencias previas y hasta había ordenado por su Auto de 17 de abril la intervención telefónica de los IMEIs de los móviles sustraídos a JBM y a su pareja. El Inspector Jefe del Grupo de Atracos no informó de su resultado a la titular de ese Juzgado.
Precisamente las actuaciones de esta unidad policial quedan en evidencia según avanza la instrucción sumarial, cuando va incurriendo en graves contradicciones que van dando forma, desde su génesis, a la propia “Operación Lingotes”.
Los agentes conocen la trama de “Arcelormittal Zaragoza” desde marzo de 2015, antes del asalto a JBM, cuando habían recibido un anónimo ocultado al Instructor. Este hecho sorprendente aflora a través de un informe del Grupo 2º de Delincuencia Organizada, que en descoordinación con el Grupo de Atracos, lo refiere. Ese anónimo recibido en marzo por la Brigada Regional de Policía Judicial de Aragón podría tener origen, presuntamente, en el entorno del gerente de la propia multinacional, JTD, que había recibido otro anónimo dos años atrás tampoco entregado el Grupo de Atracos al instructor.
La presunta manipulación informativa a la que somete el Inspector Nº 96996, del Grupo de Atracos, al magistrado instructor no acaba ahí. Va a aparecer en liza un nuevo inspector, Nº 97038, firmante de los siguientes informes, que dejará a su compañero en evidencia. Por ejemplo, cuando refiere en su informe de 21 de septiembre de 2015, contradiciendo lo que se había sostenido hasta ese momento, que la directora de Recursos Humanos de la multinacional ROC había declarado en sede policial el 14 de abril de 2015, tres días antes del asalto a JBM, cuando se venía manifestando que había declarado por primera vez el 7 de mayo.
Es el conjunto de las incongruencias, incorrecciones y falsedades (hechos que de forma acreditada no se ajustan a la realidad) el que da un giro al relato de los hechos hasta hacerlo artificialmente coherente y verosímil… que no verdadero.