Presentado el decálogo verde de la coalición Recortes Cero - Grupo Verde

Rut Clemente, que encabeza la lista de Recortes Cero - Grupo Verde en Tarragona añadió que son necesarias "medidas contra la petrodependencia y lucha contra la contaminación en las grandes urbes, producida por la industria y el tráfico rodado, con especial atención a la reducción de ozono atmosférico".

Por su parte Nuria Suárez, candidata a la presidencia de la Generalitat, propuso "instalar filtros de partículas en todos los coches diesel, implantar un nuevo estándar para las emisiones de partículas de los vehículos".

DECÁLOGO VERDE DE "RECORTES CERO - GRUPO VERDE"

Recortes Cero - Grupo Verde proponemos la promulgación de una Ley General del Medio Ambiente que garantice la biodiversidad, la transición energética, la protección de la fauna y flora, la prohibición de la obsolescencia programada y la educación ambiental; y la aplicación de una nueva política ecológica con medidas que contemplen:

1º.- Un nuevo modelo energético basado en el uso de energías limpias y renovables y en el autoconsumo. Proponemos prohibir el fracking, el almacenamiento temporal centralizado de residuos radiactivos, la paralización de las centrales térmicas proyectadas que mantienen modelos energéticos de combustible fósil y rendimiento reducido, y un calendario para el cierre y desmantelamiento de todas las centrales nucleares antes de 2020. Impulsaremos la derogación de las leyes que limitan o recortan el desarrollo de las energías renovables y el autoconsumo eléctrico y la creación de una Agencia de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro Energético, con el objetivo inmediato de fomentar la instalación de tejados solares y de parques de energía solar fotovoltaica en terrenos baldíos.

2º.- Fomento de la economía verde en todos los campos: agricultura, energía, nuevas tecnologías, transporte, reciclaje, depuración en origen, gestión forestal sostenible, educación ambiental... Ayudas a la producción ecológica y el autoempleo. Fomento de la autogestión y el cooperativismo para la producción de bienes y servicios de utilidad ecológica y social. Regulación de la práctica y la enseñanza de las terapias naturales incorporándolas al sistema sanitario siguiendo el modelo portugués. Generalizar el uso de software libre en todas las dependencias de la Administración. Nueva legislación más restrictiva sobre caza y pesca sostenible y sobre el maltrato animal. Ayudas para los refugios y centros privados de protección animal y ampliación de las inversiones en los centros públicos.

3º.- Impulsar la agricultura y ganadería ecológica, apoyando las cooperativas agrarias y los medios de distribución alternativos. Fomento de los huertos urbanos con cultivos ecológicos incluyendo terrazas y azoteas. Alimentación ecológica en los comedores escolares. Prohibir los cultivos y productos transgénicos. Nueva regulación más restrictiva de los aditivos alimentarios.

4º.- Una nueva cultura del agua, basada en el ahorro y la eficiencia, la depuración en origen y la recuperación y uso sostenible de acuíferos, deltas y ríos en todos sus tramos. El agua debe ser un bien común no privatizable.

5º. Una “Política de Residuos Mínimos”. Eso implica minimizar la generación de residuos, recuperación de los residuos reutilizables y reciclables, eliminación de los residuos peligrosos, sistemas de retorno de envases y ventas a granel, tratamiento de los residuos en las zonas de origen y prohibición de la incineración.

6º.- Prohibición de la obsolescencia programada mediante una ley catalana que garantice que los fabricantes de todo tipo de aparatos electrónicos no programen el final de la vida útil de los productos de forma premeditada para incrementar las ventas de forma artificial.

7º.- Reequilibrio territorial de personas, servicios e infraestructuras adaptadas al territorio. Ley de sostenibilidad rural recuperando pueblos habitados, sostenibles y con servicios comarcales

8º.- Cambio global en la política de movilidad, basada en el fomento de la proximidad y la accesibilidad entre trabajo, vivienda y ocio correlativa al reequilibrio territorial. Red integral de carril bici, peatonalización de los centros de las ciudades. Red integral de ferrocarriles adaptados y mejora de la comunicación interna comarcal y provincial. Reducir en la próxima legislatura el tráfico pesado en las autopistas en un tercio, y duplicar las mercancías transportadas por tren.

9º.- Mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático, en la línea de las propuestas de los científicos de Naciones Unidas. Partiendo de la propuesta de la UE (30% de disminución de CO₂, 30% de energías limpias y 30% de ahorro y eficiencia), progresar decididamente hacia la propuesta de los expertos (40% de cambios en el 2020 y 80% en el 2050). Medidas contra la petrodependencia y lucha contra la contaminación en las grandes urbes producida por la industria y el tráfico rodado, con especial atención a la reducción de ozono atmosférico y los triahalometanos en las aguas potables. Instalar filtros de partículas en todos los coches diesel, implantar un nuevo estándar para las emisiones de partículas de los vehículos. Financiación pública para nuevos métodos de reducción de la contaminación electromagnética producida por las nuevas tecnologías

10º.- Mayor compromiso en la lucha contra la impunidad de los grandes monopolios Una fiscalidad ecológica que premie los consumos responsables y sancione los consumos irresponsables de las grandes empresas. Fuertes imposiciones a las eléctricas que no concreten el cambio de modelo energético y los porcentajes acordados, y fuerte apoyo a las iniciativas particulares, de empresas, comunidades o pueblos. Establecimiento de porcentajes de inversión obligatorios a bancos y cajas en proyectos sociales y ecológicos, tanto a nivel general como local. Prevenir y evitar los riesgos de control social inherentes a la biométrica. Fomento de la inversión ética monetaria, favoreciendo el asentamiento de entidades y bancos dedicados a la inversión ecológica y ética, la economía social y solidaria, los circuitos cortos de producción y consumo, y permitir la emisión y circulación de monedas soberanas, sociales o complementarias por parte de las entidades locales y las entidades ciudadanas sin fines de lucro.