En enero de 2009, dos empresarios, que iban a explotar una escuela de hostelería, en los edificios del mercado central de Mercasevilla, para lo cual iban a recibir una obtener una subvención de 900.000 euros de la Consejería de Empleo, fueron extorsionados por directivos de Mercasevilla, que les pidieron el pago de una “especie de impuesto” de 450.000 euros, con el argumento de que la Junta de Andalucía “colabora con quien colabora”. Los empresarios tomaron la valiente y delicada decisión de grabar las conversaciones, remitiendo luego copia al jefe de gabinete de Chaves. La Junta lo trasladó el 4 de febrero al Ayuntamiento de Sevilla, accionista mayoritario de Mercasevilla y, posteriormente, el 13 de febrero a la Fiscalía. El tema fue finalmente hecho público por el ABC, el 31 de marzo, dando lugar a que el juez Juan Ignacio Zoido, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, lo denunciase el 24 de abril ante los juzgados, recayendo, por turno de reparto, en el Juzgado nº6, dirigido entonces por la juez Ayala.
A partir de aquí, tirando del hilo de las grabaciones, se descubrió el caso de prejubilados en el ERE de Mercasevilla, que nunca habían estado trabajando en esa empresa, así como el sistema de los EREs falsos que se abonaban, sin procedimiento alguno, a empresas, que abonaban comisiones por “asesoramientos”, a cambio de que se les concediesen esas ayudas. Así los llamados EREs falsos beneficiaron a 6.473 trabajadores de empresas, supuestamente en crisis, mientras que el resto de afectados andaluces, por los Expedientes de Regulación de Empleo auténticos, 81.644 trabajadores, no tuvieron ni siquiera conocimiento de la existencia de esas ayudas especiales. Se creó así una red de trabajadores y empresas favorecidas, de ayudas a personas, que ni habían trabajado en esas empresas, y de comisiones a sindicatos y “asesores”. En suma, una red clientelar del PSOE en Andalucía, una expresión práctica del poder socialista, que ayudaba a mantener el voto cautivo en las sucesivas elecciones.
El mecanismo que permitía esto fue creado en el año 2000, siendo Presidente Chaves, Consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, Consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y Consejero de Empleo José Antonio Vieira Chacón. Su artífice financiero fue Magdalena Álvarez. Todos los demás conocieron y aprobaron el sistema que se iba creando, en esencia, para sacar fuera del control administrativo habitual de los EREs y de las subvenciones, unas partidas enormes que se podían adjudicar, prácticamente sin control alguno. En el periodo en que estuvo funcionando el sistema, desde el 2000 hasta el 2011, se nutrió ese “fondo de reptiles” con una cantidad, proveniente de los Presupuestos andaluces, que oscila entre los 680 y los 1.217 millones de euros, cifra esta última dada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, como coste de las prejubilaciones otorgadas por los falsos EREs, que incluían lo pagado más lo pendiente de pagar.
Como dice la Sentencia de 19 de noviembre, todos los condenados fueron conscientes de las decisiones prevaricadoras, que crearon esos instrumentos y partidas financieras fuera de control, que los nutrieron en los presupuestos año a año y que los fueron utilizando, como “subvenciones”, al margen de todo control. Por tanto, eso afecta directamente a todos los que ocuparon los cargos de las Consejerías implicadas en esos procesos, entre los años 2000 y 2011, y eso es lo que reconoce la Sentencia.
Desde que, a principios de 2011, se inició su instrucción del caso, el PSOE tuvo varios Secretarios Generales. Zapatero, desde julio 2000 a febrero 2012 y Rubalcaba, el de la famosa frase “Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta”, hasta julio de 2014. ¿Alguno de ellos dijo algo sobre el caso de los ERE? ¿Alguno se interesó por ver qué había pasado? Ninguno. Sánchez había estado preparando su famosa tesis doctoral, que finalmente presentó el 23 de noviembre de 2012, en la Universidad Camilo José Cela. Pero después, en julio de 2014, sucedió a Rubalcaba como Secretario General del PSOE. Las noticias sobre el caso de los ERE eran abundantes, pero no se debió enterar porque estaba concentrado en la corrupción de Rajoy. ¿Preguntó algo a la Junta de Andalucía? No se sabe. Eso sí, defendió la inocencia de Chaves, Griñán y todo su equipo. Pero vamos a ver, ¿de qué partido era Secretario General? En suma, la corrupción dentro del PSOE no le interesa. Sin embargo, se va a encontrar aún con muchas piezas separadas, pendientes de juicio en el tema de los ERE, así como el caso de la FAFFE. Tendrá material para hacer una tesis sobre la corrupción, tal vez con una frase en su frontispicio “España no se merece gobernantes que mientan”. Y probablemente se la dedicará a Susana Díaz, que tampoco ha querido enterarse de nada
En cuanto a las condenas sorprende que los diseñadores, los creadores principales del proceso que ha hecho posible la malversación, Magdalena Álvarez y Manuel Chaves, entre otros, no hayan sido condenados por delito de prevaricación, en su calidad de cooperadores necesarios. Sin su diseño y aprobación de las modificaciones presupuestarias hubiese sido imposible la malversación. Llama también la atención que el PP, que se personó como acusación particular, no pidiera para ellos su condena por esa circunstancia.
Finalmente queda pendiente el tema de la recuperación de lo defraudado. Veremos qué hace el PP respecto a la exigencia de responsabilidades civiles y la propia Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos. En estos momentos, la única que se ha manifestado en favor de que se proceda, como sea posible, para recuperar lo defraudado, ha sido la diputada por Podemos en el Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, cosa encomiable pues la mera condena a inhabilitación, para la mayor parte de los condenados, con la edad que tienen, es tanto como irse de rositas.
En todo caso hay mucho que aprender para establecer normativas adecuadas para acabar con la corrupción. Y, si tienen dudas, me pueden llamar pues, como dije en otro artículo, “Me comprometo a acabar con la corrupción” y, añado, a lograr la eficiencia.
Si (
No(
