Ahora que se cumplen 23 años desde que Hong Kong fuera devuelta a China por el Reino Unido, al antigua colonia británica afronta esta misma semana la nueva Ley de Seguridad que Pekín ha impuesto a los hongkoneses y que ya opera con efectividad al producirse en el primer día de su entrada en vigor con más de 370 detenidos, sembrando con ello el desconcierto y la desconfianza de lo que se avecina para la isla desde el punto de vista político. El 1 de julio de 1997 abandonaba Hong Kong el último gobernador británico, Chris Patten, pero nunca se imaginó que la inestabilidad de la isla se iba a deteriorar tanto tras el acuerdo al que llegaron en su momento Londres y Pekín cuando los británicos devolvían a los chinos la isla y bajo la aplicación del principio “un país, dos sistemas” que les garantiza libertades inexistentes en China, hasta 2047.
El traspaso de la soberanía se acordó en 1984 cuando la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, con el líder chino, Deng Xiaoping, decidieron llevar a cabo este traspaso, que mantiene intactas sus libertades políticas hasta 2047. Es decir, un grado de autonomía con su propio sistema legal, partidos políticos y derechos que incluyen la libertad de expresión y reunión, además del citado principio conocido como “un país, dos sistemas”, pero desde mucho antes de la devolución de la isla a Pekín ya había dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos y que terminaría siendo absorbida por el “gigante asiático”.
Precisamente, la violencia en Hong Kong se ha convertido así en el mayor desafío para el presidente chino, Xi Jinping, que llegó al poder en 2012. Pero los miles de manifestantes se han quejado constantemente de la injerencia del Gobierno chino en la antigua colonia británica, mientras que Pekín ha culpado de la situación en la isla a la influencia de terceros países y de ahí esta nueva Ley de Seguridad que tanto el Reino Unido, como EEUU y la Unión Europea (UE) la han cuestionado al considerar que vulnera los acuerdos de 1984.
La nueva Ley de Seguridad Nacional, que cuenta con seis capítulos y 66 artículos, ha sido desarrollada para arremeter contra quienes han protagonizado las protestas que en el último año han incendiado el principal centro financiero de Asia, además castigará los actos de secesionismo, subversión y terrorismo, así como las injerencias extranjeras, y establecerá una oficina directamente controlada por el Gobierno central para investigar a los delincuentes y hacer que sean procesados en los tribunales de la ciudad, pero en "casos extraordinarios", los procesados se enfrentarán a la justicia en la China continental, cuyas normativas judiciales no tienen nada que ver con las existentes en la isla, y que pueden ser condenados a cadena perpetua.
Además, cualquier persona condenada por alguno de los supuestos de la legislación en vigor desde el 1 de julio no podrá presentarse como candidato a las elecciones del Consejo Legislativo hongkonés, cuyos comicios para elegir a los miembros de este organismo están previstos para septiembre próximo.
Está claro que son dos concepciones políticas bien distintas, dado que mientras para Pekín la nueva “Ley reforzará el modelo de un país, dos sistemas”, para abogados y activistas de la antigua colonia británica la consideran que podría suponer el fin de las libertades de las que gozan los hongkoneses frente al resto de chinos, que deberían mantenerse como mínimo hasta 2047 siempre respetando los acuerdos de 1984.
Taiwán, el otro gran reto que tiene Pekín, se ha ofrecido en ayudar a los hongkoneses y ha creado una oficina para ayudar a los ciudadanos que deseen estudiar, hacer negocios, invertir o solicitar asilo en la antigua isla de Formosa, en respuesta a la controvertida ley china de seguridad para Hong Kong. Un nuevo problema para el “gigante asiático” y más con la condescendencia de Donald Trump, que ha revocado el "estatus especial" de Hong Kong ante el riesgo de que se desvíe tecnología estadounidense "sensible" a las autoridades chinas, que han anunciado que adoptarán represalias en respuesta a esta medida de Washington.
En suma, Estados Unidos cancela sus envíos de material de defensa a Hong Kong ante los planes de China de imponer una ley de seguridad nacional en el territorio, pues Washington considera que no puede "correr el riesgo" de que estos recursos militares "caigan en manos" del Ejército chino.
Además de Taiwán, Australia también acogerá a residentes de Hong Kong tras la entrada en vigor de la nueva Ley, mientras el Reino Unido, que ha calificado de "violación" la nueva Ley de Seguridad Nacional, ha anunciado una ampliación de los derechos de los hongkoneses portadores del pasaporte emitido para habitantes de antiguas colonias, de tal forma que en un plazo de seis años puedan solicitar ser ciudadanos británicos de pleno derecho, en un desafío frontal a Pekín por la imposición de esta “ley”. Y esto al margen de los hongkoneses que están pensando en abandonar la isla, sobre todo ante el deterioro político de la calidad de vida en los últimos años en la conocida como "Perla de Asia", tal como dices ciudadanos de la isla.
La incomodidad política por esta decisión de China, pese a que el Ministerio británico de Exteriores haya convocado al embajador chino en Londres para manifestar el descontento por la decisión de Pekín u otras quejas de la comunidad internacional, no va a perturbar sus horizontes económicos y sus ansias de ir penetrando cada vez más en el mundo, esa es la realidad, guste o no, y obviamente el “gigante asiático”, con su modelo de democracia especial tiene muy claro que es lo que quiere para su estabilidad política y económica.
Y no olvidemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaba recientemente en sus últimas previsiones que en 2024 la economía china representará el 24,1 por ciento del PIB mundial y EEUU el 13,9 por ciento.
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