En el actual contexto de incertidumbre, el mercado inmobiliario premia a los perfiles social y laboralmente estables, y los jóvenes quedan excluidos. “Esto afecta tanto al mercado de compra como de alquiler”, explica Bermúdez, porque “pese a los tipos de interés más favorables para la compra de vivienda, las condiciones de acceso se endurecen ante perfiles de riesgo con el objetivo de protegerse de futuros impagos”. Por lo que respecta al alquiler, los propietarios también priorizan el arrendamiento de sus viviendas a aquellos perfiles que presentan mejores garantías de solvencia.
La actual crisis económica ha repercutido, también, en la capacidad de ahorro de los jóvenes, donde actualmente conseguir el capital necesario para la entrada de un piso significa ahorrar durante más de una década. “La financiación hipotecaria ha cambiado a raíz de la crisis económica de 2008, con lo que en la actualidad las entidades financieras otorgan el 80% del total del inmueble, lo que requiere un capital inicial equivalente al 20%, y en el caso de los jóvenes, esta menor capacidad de ahorro dificulta todavía más el acceso a la vivienda”, explica Bermúdez.
Intervención del sector público
En este contexto y pese a los altos precios del alquiler en las grandes ciudades, el arrendamiento se presenta como la más viable para la emancipación de los jóvenes por la baja capacidad de endeudamiento que representa y su versatilidad ligada a la movilidad laboral. “En este momento de precariedad laboral, los jóvenes están ligados todavía más a la movilidad asociada al empleo, por eso el alquiler es buena opción a corto plazo y mientras se hacen un hueco en el mundo laboral”, analiza Bermúdez.
Por otro lado, el problema de la vivienda, como problema social que es, requiere de una intervención del sector público de urgencia con el objetivo de aumentar el parque de inmuebles, sobretodo del mercado de alquiler. “El acceso a la vivienda es un problema cronificado de la sociedad que están sufriendo de especial manera los jóvenes y, como problema social que es, requiere de la intervención pública mediante políticas de alquiler social”, afirma Bermúdez.