Birmania regresa a la senda militar

La frágil transición democrática en Birmania bajo la dirección de Ang San Suu Kyi, cuyo partido la Liga Nacional Democrática (LND), obtuvo la mayoría suficiente, en noviembre pasado, para seguir gobernando el país, se rompió con la irrupción de los militares, siempre incómodos con los leves movimientos democráticos que a la postre perjudican a sus enormes intereses económicos.

El general Min Aung Hlaing, quien ahora concentra la mayor parte de los poderes y máximo responsable en 2017 de ordenar la persecución de la minoría musulmana de los rohinyá, considera que el golpe de Estado era "inevitable" tras las supuestas irregularidades en los comicios y "errores en las listas de votantes", que fueron denunciados por el Ejército y el opositor Partido Unión Solidaridad y Desarrollo, afín a los militares.

Tanto el jefe del Ejército y líder del golpe, Min Aung Hlaing, y otros militares golpistas se encuentran ya bajo sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, entre otros, por las operaciones militares contra la minoría rohinyá en 2017, que han sido calificadas de "limpieza étnica" y "presunto genocidio" por organismos internacionales.

Estas sanciones incluyen la prohibición de viajar y la congelación de sus cuentas bancarias y bienes, al tiempo que también se prohíben desde Europa y Estados Unidos la venta de armas y otros materiales al Ejército birmano. China, India, Israel y Corea del Norte han vendido armas a Birmania, incluidos seis cazas chinos JF-17M adquiridos en 2018, torpedos antisubmarinos indios Shyena y cuatro buques israelíes Super-Dvora Mk III, de acuerdo con un informe oficial de la de la ONU.

El hecho es que hacía tiempo los militares no andaban tranquilos y con el argumento de las irregularidades en los pasados comicios la intervención del Ejército era cuestión de tiempo. Minas de rubí y jade, bancos, cerveceras o cadenas de hoteles forman parte, entre otros, de los ingentes intereses económicos del Ejército en Birmania, pero ahora el país se encuentra bajo la amenaza de nuevas sanciones y con el consiguiente perjuicio a la solución de las minorías étnicas en el país y con profundas divisiones a través de líneas étnicas y religiosas donde millones de personas apenas pueden alimentarse.

Ang San Suu Kyi pasó diez años en arresto domiciliario y prometió luchar por la justicia y por la solución a la matanza de las minorías en Birmania, en especial, el genocidio contra los musulmanes rohinyás, pero 2019 viajó a la Corte Internacional en La Haya (Países Bajos) para defender al Ejército de su país de las graves acusaciones contra la matanza de minorías birmanas, lo que acentuó aún más su ya deteriorada imagen política y que ahora los propios militares la echan del poder mientras el genocidio no se ha detenido y cuando Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz 1991, pudo hacer mucho más de lo que hizo durante su mandato.

De hecho, sobre el conflicto étnico Suu Kyi se alineó con el Ejército birmano y denunció un “iceberg de desinformación” instigado por los “terroristas”, en clara referencia a los rebeldes rohinyá, para promover sus intereses y dividir a las distintas comunidades.

Aung San Suu Kyi, detenida en este golpe de Estado, representa el tumultuoso destino de Birmania. Suu Kyi fue un icono de la democracia birmana, pero terminó siendo repudiada por la comunidad internacional tras el drama de los musulmanes rohinyás y su política que luego ha supuesto que vuelva a caer bajo la custodia de los militares.

Eso sí, pues si el Ejército logra acusar a Suu Kyi de traición, un delito que podría suponer una condena de al menos 20 años de cárcel, incluso la pena de muerte, Birmania pasará muchos años gobernada por militares y las minorías étnicas como los rohinyás se irán pudriendo lentamente con la pasividad “salvaje” de la comunidad internacional.

“La Dama de Rangún”, que dirige de hecho Birmania desde 2016, fue detenida junto con otros dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND). Aung San Suu Kyi, 75 años, que presentía las intenciones militares, llamó a “no aceptar” el golpe de Estado, pero lo que es obvio la líder birmana, despreciada en Occidente por su política, tenías sus propios intereses que chocaba con los intereses de los militares, pues si esos objetivos hubieran sido colectivos tal vez los militares seguirían en sus cuarteles.

Una vez más Asia y en este caso un país del sudeste asiático como Birmania han vuelto a enconar a las dos primeras potencias mundiales. Viejas tensiones e intereses geopolíticos y económicos. EEUU ha condenada de inmediato el golpe de los militares, que nunca tuvieron un control civil, y China, que comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con la actual Myanmar, se ha convertido es uno de los mayores inversores del país, el cual se vio favorecido por Pekín al impedir con su voto que el Consejo de Seguridad de la ONU tomara acciones contra la junta militar birmana, mientras EEUU sigue siendo partidaria de sanciones unilaterales.

La comunidad internacional considera una “limpieza étnica de manual” -más de 622.000 personas no reconocidas como ciudadanos birmanos han huido a Bangladesh- las acciones militares ejecutadas contra esta minoría musulmana de los rohinyás, en un país donde el poder del Ejército supera al del propio Gobierno. Ni siquiera la firma de un acuerdo de repatriación en noviembre de 2017 -apoyado por China-, por el cual los refugiados podrán regresar a casa voluntariamente, convenció a organizaciones como la ONU.

Otras fuentes indican que hasta 738.000 rohinyás huyeron del país a Bangladesh tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del Ejército birmano, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio.

En definitiva, después de una década de un débil paréntesis democrático, vuelven los militares, mientras ciudadanos birmanos se manifiestan para no perder la libertad de la que tanto supuso conquistar. Aung San Suu Kyi, vencedora de los comicios de noviembre pasado, se encuentra detenida junto a una parte de su gobierno.