Ni el bloqueo de la señal inalámbrica de Internet y sin móvil, donde sólo en el país sería posible a través de la fibra óptica, un sistema que está poco extendido en el país, insuficiente para movilizar al pueblo a través de las redes, ni tampoco la excusa que un tribunal birmano acusara esta semana a Aung San Suu Kyi de violar la Ley de Secretos Oficiales, son factores que puedan desequilibrar la balanza a favor de los militares.
Como tampoco los bombardeos del Ejército birmano contra la población civil en territorios controlados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional Karen, cerca de la frontera con Tailandia, que defiende la autodeterminación de este pueblo de Birmania, que supuso al menos 15 muertos, van a frenar la ofensiva social y ni la cada vez mayor protesta internacional contra los militares (con fuertes sanciones), aunque China y Rusia, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, figuran entre los Estados miembros que hasta ahora no han denunciado el golpe de Estado del 1 de febrero.
Que también afectan al jefe del Ejército y líder del golpe, Min Aung Hlaing, y otros militares golpistas que se encuentran bajo sanciones de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, entre otros, por las operaciones militares contra la minoría rohinyá en 2017, que han sido calificadas de “limpieza étnica” y “presunto genocidio” por organismos internacionales.
Pese a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado esta semana de forma enérgica la muerte de centenares de civiles en Birmania a raíz del golpe de Estado, y mostrara su profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación, además de pedir la puesta en libertad de la depuesta líder birmana, Aung San Suu Kyi, y del presidente del país, Win Myint, nada va a suceder mientras ese “Consejo de Seguridad”, anacrónico en su funcionamiento, no modifique sus reglas, y más cuando tanto Rusia como China, el mejor aliado de Birmania, ejercen su derecho de veto. Mucha condena para nada.
Así las cosas, se cumplen dos meses del golpe de Estado pero la junta militar birmana no pensaba en tantos problemas para estabilizar el país, el cual vive bajo la amenaza de los militares que subestimaron el descontento del pueblo birmano y las denuncias de la comunidad internacional. A los militares el daño económico no les interesa, están al margen de las protestas del pueblo birmano, pero ¿hasta cuándo?
Cada día que pasa la situación se agrava. El parlamento paralelo establecido por los miembros de la Liga Nacional para la Democracia (NLD), elegidos en los comicios previos al golpe de Estado del 2 febrero en Birmania, anunciaron la abolición de la Constitución y ha apostado por la creación de un gobierno de unidad en el país. De hecho, el Comité Representante del Parlamento de la Unión (CRPH), nombre oficial de este organismo, no reconocido por la junta militar, sostiene que el mantenimiento de la Carta Magna de 2008 permite “prolongar la dictadura militar y evitar el surgimiento de una unión federal democrática”. De esta forma, “la Constitución de 2008 queda derogada desde el 31 de marzo de 2021”.
La situación se hace insostenible, las muerte de civiles no pasa desapercibida, incluso ante el goteo incesante del derramamiento de sangre, varias facciones rebeldes amenazaron esta semana con tomar las armas contra la junta militar, un aspecto que nunca los militares intuían y que hace cada vez más violento y complicado que la Junta Militar controle el país. Además, ya se pide una intervención militar extranjera, muy difícil de llevar a cabo, para frenar la violencia de la junta militar.
Birmania ha sido siempre un polvorín étnico. Desde su independencia en 1948, multitud de grupos étnicos han entrado en conflicto con el gobierno central para lograr más autonomía, acceso a los numerosos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas, pero son los 738.000 rohinyás que huyeron del país a Bangladesh, tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del Ejército birmano, los más castigados.
Una situación que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio y que luego Suu Kyi se alineó con el Ejército birmano y denunció un “iceberg de desinformación” instigado por los “terroristas”, en clara referencia a los rebeldes rohinyá, para promover sus intereses y dividir a las distintas comunidades, lo que le valió el desprestigio internacional que hoy día pesa sobre ella y bien utilizada por los militares tanto a su favor como en contra.
En Birmania, los militares ya llevan a cabo el “castigo social” para los “traidores” que apoyan el golpe de Estado. Y mientras tanto el país sigue desangrándose y con pocas esperanzas por ahora que los militares vuelvan a sus cuarteles, de donde nunca tenían que haber salido, pero sus propios intereses económicos se veían condicionados por la frágil democracia que había en el país y actuaron, y así minas de rubí y jade, bancos, cerveceras o cadenas de hoteles no se verían salpicados por la “débil democracia” de Suu Kyi. Todo era cuestión de tiempo.
Y el miedo a salir a la calle para adquirir las mínimas necesidades ya se ha convertido en peligroso cuando el Ejército dispara contra manifestantes anti-golpistas desarmados para imponer la ley marcial.
Si (
No(
