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REFORMAS JUDICIALES Y LEGALES EN UZBEKISTÁN: PASOS IMPORTANTES REALIZADOS EN 2020

Hace tiempo que el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, se uso a trabajar duramente para modernizar el país en todos los aspectos.
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Hace tiempo que el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, se uso a trabajar duramente para modernizar el país en todos los aspectos.

Uzbekistán avanza a pasos de gigante en sus reformas del marco legal

· Por iniciativa del Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, se están dando pasos importantes para garantizar el Estado de Derecho, reformar el sistema judicial y legal y proteger los derechos e intereses de los ciudadanos

lunes 03 de mayo de 2021, 19:32h
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En los últimos cuatro años, en el marco de la Estrategia de Acción para las cinco áreas prioritarias del desarrollo de la República de Uzbekistán para 2017-2021, adoptada por iniciativa del presidente Shavkat Mirziyoyev, que prevé la reforma del sistema judicial y jurídico, se han llevado a cabo en el país reformas a gran escala en este ámbito. Se ha prestado especial atención a la mejora de la labor de los tribunales y a la eficacia de la administración de justicia, así como a la revisión de códigos y leyes de acuerdo con las normas jurídicas internacionales.

Es menester destacar varios aspectos de los resultados conseguidos en 2020.

Primero. Se ha dado otro paso muy importante para proteger los derechos e intereses humanos. En particular, se adoptó una nueva versión de la Ley de Ciudadanía de la República de Uzbekistán relativa a la concesión de la ciudadanía uzbeka a los apátridas y la garantía de que estas personas también gozan plenamente de los derechos políticos y participan en los procesos electorales como ciudadanos del país. Como resultado, apróximadamente 50.000 apátridas residentes permanentes en el país pudieron adquirir la ciudadanía uzbeka.

Segundo. Se han introducido modificaciones y adiciones a la legislación para garantizar una verdadera independencia del poder judicial, aumentar la autoridad del tribunal, democratizar y mejorar el sistema judicial. Según estas modificaciones, la instancia de revisión de los casos por parte de los supervisores se dio por terminada. Se estableció que los casos sobre disputas de inversión y competencia se remiten a los tribunales económicos. Ahora el fiscal puede participar sólo en los casos previstos por la ley o en los casos iniciados a petición del fiscal. Se han ampliado los poderes del Defensor del Pueblo de las Empresas de participación en procedimientos judiciales. Además, se ha establecido que un juez del Tribunal Supremo tiene derecho a solicitar un caso en el Tribunal Económico de Casación. Estos cambios también se han introducido en las normas de procedimiento para casos administrativos, penales y civiles.

Tercero. En los tribunales penales con el fin de reforzar aún más las garantías de los derechos humanos en los casos judiciales y aplicar en la práctica el principio de contradicción se introducirá la institución de una audiencia preliminar.

En 2019, en Uzbekistán, fueron devueltos 469 casos al fiscal para que corrigiera las deficiencias de la investigación preliminar después de varios meses de consideración en el tribunal. También se estableció que el fiscal podía examinar los casos sobre sentencias, decisiones, determinaciones o resoluciones que habían entrado en vigor legalmente retirándolas del tribunal sólo si las partes de los casos habían recurrido. Si el fiscal se niega a procesar, se ha introducido la terminación de la causa penal por motivos de rehabilitación.

La exclusión de la participación del fiscal por iniciativa propia durante los procedimientos en los tribunales civiles y económicos, iniciados por otras personas (excepto en los casos previstos por la ley) permitió introducir el principio de "un tribunal - una instancia" y llevar a cabo una serie de cambios organizativos y estructurales en el sistema judicial.

Es importante destacar que, que hasta ahora, las apelaciones presentadas contra las decisiones dictadas por los tribunales regionales, han sido examinados por estos mismos tribunales. Y, según los datos de 2019, 13.000 de tales decisiones de los tribunales regionales han sido cambiadas o anuladas por el Tribunal Supremo.

De acuerdo con el principio recientemente introducido "Un tribunal - Una instancia", las decisiones de los tribunales interdistritales y de distrito (ciudad) son revisadas en apelación por los tribunales de nivel provincial, y las decisiones de los tribunales revisadas en apelación por el Tribunal Supremo son revisadas en casación y las decisiones de los tribunales en casos revisados en casación son revisadas por el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y sus adjuntos y son revisadas de nuevo en casación.

De este modo, se suprime el instituto de la revisión de los casos judiciales. Como resultado del establecimiento de dicho procedimiento, se garantizará la estabilidad de las decisiones judiciales y se evitarán las molestias innecesarias para los ciudadanos y empresarios al llegar a una decisión final sobre cada caso en los tribunales.

Cuarto. Se ha establecido que las declaraciones, explicaciones o pruebas de los sospechosos, acusados o imputados pueden ser realizadas con previa autorización escrita de la persona que realiza la investigación inicial, el investigador, el fiscal o el juez encargado del caso penal y sólo en presencia del abogado defensor. Se especifica que el abogado defensor debe estar presente cuando se consideren casos de personas sospechosas o acusadas de cometer delitos especialmente graves, así como cuando se considere la posibilidad de imponer la detención o el arresto domiciliario a una persona.

Quinto. Como resultado de las modificaciones pertinentes de la legislación, con el fin de garantizar la verdadera independencia de los jueces y mejorar la prevención de la corrupción en el poder judicial, a partir del 1 de febrero de 2021 se ha introducido por primera vez la práctica de los procesos de examen online para la selección de los candidatos a jueces.

Sexto. Sigue la labor sistemática de lucha contra la corrupción, se creó un organismo estatal independiente Agencia de lucha contra la corrupción. La Agencia es un organismo estatal especialmente autorizado para la formación y aplicación de la política estatal de prevención y lucha contra la corrupción. Una de las principales tareas de la Agencia es realizar un análisis en profundidad de las zonas con altos niveles de corrupción y abordar las causas y condiciones de los delitos de corrupción. La Agencia elabora el Informe Nacional de Lucha contra la Corrupción, que debe publicarse anualmente a través de los medios de comunicación. Las advertencias, las presentaciones y los recursos de la agencia deben ser revisados en un plazo de diez días y se debe proporcionar información escrita sobre los resultados. Además, supervisa la consecución de la plena compensación de los daños causados a los intereses de la sociedad y del Estado como consecuencia de los delitos de corrupción.

También, junto con las instituciones de la sociedad civil, la Agencia organiza la formación de un Índice de Percepción de la Corrupción Nacional, que evalúa el nivel de corrupción en términos de regiones, sectores de la economía y otras áreas.Ppara prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública la Agencia establece la obligación de que el cliente público aplique la norma anticorrupción ISO: 37001.

Séptimo. Como prueba de que las reformas realizadas en el país están basadas enen los principios del humanismo, el sistema de indultos, introducido por el Presidente de Gobierno se ha mantenido de forma constante. En particular, durante el año 2020, se firmaron 5 decretos presidenciales relevantes. Como resultado, un total de 616 condenados fueron indultados. También, 274 personas fueron indultadas en libertad condicional, a 237 personas se les redujeron las penas de prisión impuestas y se les conmutaron las condenas impuestas a 76 personas por penas menores. De los indultados, 87 eran mujeres, 29 eran extranjeros y 290 eran miembros de organizaciones prohibidas.

Octavo. Para garantizar una protección fiable de los derechos humanos y las libertades, el derecho de los ciudadanos a la libertad de movimiento, se ha reformado radicalmente el sistema de "registro de residencia", que durante muchos años ha sido un tema doloroso para la población del país. Se ha suprimido el requisito de estar empadronado permanentemente para poder poseer bienes inmuebles en la capital.

Sin duda, los mencionados cambios radicales y las actualizaciones llevadas a cabo en el ámbito judicial y legal han dado resultados positivos.

En particular, cerca de 2.300 injustamente acusados fueron absueltos, más de 3.500 jóvenes y mujeres, que habían entrado por error en la senda de la criminalidad y podrían haber sido condenados a penas de prisión, fueron condenados a penas más leves sobre la base de la garantía del consejo la mahalla (barrio/distrito) y de la sociedad.

Según el índice de Estado de Derecho (The Rule of Law index), Uzbekistán ocupó el 94º puesto de 128 países en 2019 y ascendió al 92º en 2020.

En el indicador "Orden y seguridad", Uzbekistán ha registrado el mejor resultado, ocupando el 9º lugar junto con Canadá, los EAU y Hungría.

Asimismo, en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, publicado en 2020 por la organización internacional Transparencia Internacional, Uzbekistán ocupó el 153º puesto entre 180 países con 25 puntos y subió 5 posiciones. En 2018, este indicador fue de 23 puntos y el país ocupó el 158º puesto.

Así, en el nuevo Uzbekistán, por iniciativa del Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, se están dando pasos importantes para garantizar el Estado de Derecho, reformar el sistema judicial y legal y proteger los derechos e intereses de los ciudadanos. Estos cambios cardinales son el resultado de un trabajo práctico realizado en interés del pueblo.

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