De un tiempo a esta parte vivimos y sufrimos un peligroso proceso de ideologización del Derecho Penal. Así, sobre determinadas personas u organizaciones investigadas por sus presuntos delitos, especialmente los económicos, se fija una sentencia de antemano, una condena que excede a lo que se considera la pena de telediario. Lo hace la opinión pública o, al menos, el mainstream de los medios de comunicación social de una manera muy intensa y machacona durante un cierto periodo de… programas, jalonados éstos por titulares lapidarios y sesudos comentarios servidos a granel.
La injusticia es terrible, llegados a este punto, para quienes se ven sometidos no al escrutinio ciudadano (lo cual es lógico y hasta necesario) sino a una condena preestablecida por hechos que, en ocasiones, ni siquiera han sido instruidos por encontrarse en una fase ultra-embrionaria. Sin embargo, el ‘populismo punitivo’ se ocupa de escribir autos y de fijar el veredicto final con dramáticas consecuencias.
Hace ya un lustro que saltó a la palestra el ‘caso Acuamed’. La imagen que cuajó al instante fue la de una carpeta de corrupción más vinculada al Partido Popular, por supuesto de apropiaciones indebidas al por mayor para las que hombres cercanos al partido de la gaviota se habían valido, como mero instrumento, de una empresa pública para inflar el precio de las obras y, literalmente, forrarse.
Hoy, sin embargo, Manuel García Castellón aún no ha sido capaz de cerrar la investigación pero ya ha archivado la causa contra dos altos cargos de Acciona porque “hay meras sospechas tras ellos” y, por consiguiente “no se han concretado indicios serios de criminalidad”. En una pieza separada, en la que se está examinando una supuesta manipulación de un concurso público, ya está imputada Gracia Ballesteros, sorprendentemente (o no) una de las tres denunciantes del caso.
¿Es el ‘caso Acuamed’ lo que aparentaba ser? El principal acusado, Arcadio Mateo, aún espera diligencias (o no) de la Audiencia Nacional, tras un reguero de dilaciones, no todas suficientemente motivadas. Pero, tirando por elevación: ¿tiene la sociedad capacidad mental para detenerse un instante y cerciorarse de los inmensos estragos que el ‘populismo punitivo’ produce entre sus víctimas?
Antes de que sea tarde, y lo va siendo, bien valdría la pena una reflexión sobre lo que ocurre cuando, en un país, el clamor popular (guiado por intereses partidistas o simplemente de lo políticamente correcto) sustituye la acción de los tribunales. Y, en el colmo de los colmos, éstos demoran sus legítimas y necesarias actuaciones reproduciendo incontables y hasta dramáticos… daños colaterales.
Si (
No(
