Es difícil obviar que el acontecimiento político más notorio de la semana transcurrida ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado de Alarma. No obstante, detallando un poco, nos parece que lo más importante no ha sido la sentencia en sí, sino la reacción exagerada, energúmena o disparatada de políticos tolondros y gobernantes hiperventilados así como su incapacidad para ir a la raíz de los problemas gravísimos que todo el proceso de esa sentencia destapa clamorosamente. Lo que se sabe de la sentencia tiene bastante de técnico jurídico y, esencialmente, recalca que el método empleado para aplicar unas medidas sanitarias extremas que afectan a la libertad de movimiento y circulación de los españoles, consideradas fundamentales por supuesto, debía haber utilizado otra vía distinta al Estado de Alarma, concretamente el Estado de Emergencia o de Sitio. Pues bien, ¿A qué la crisis de nervios con espasmos y espuma salivar?
Consideremos primero el resultado de la votación en el TC, de 6 a 5, indica que hay un fuerte debate entre juristas, y muchas dudas, sobre si, CON EL TEXTO DE LAS LEYES VIGENTES, se puede interpretar que hubo suspensión (alarma) o supresión (excepción) de libertades fundamentales y si se ha producido un problema de orden público. Obliga a la misma reflexión que si el resultado de la votación hubiese sido 6 a 5 en sentido contrario, o 6 a 6 con voto de calidad del Presidente. Y es que las leyes que desarrollan nuestra ya confusa y pervertida Constitución son ambiguas, polisémicas, ilusivas e inconcretas. Y eso sí es muy grave. Son malas, en una palabra, y crean inseguridad jurídica. Pero no se puede achacar al Gobierno un ánimo de dolo anticonstitucional por no haber acudido al Estado de Excepción, ni a los juristas que le asesoraron en ese sentido cuando la propia alta judicatura parece cuasi dividida sobre el tema.
Y menos aún cuando no se aplicó el estado de Excepción tras la barbarie vomitiva del asesinato de Miguel Ángel Blanco o tras los gravísimos sucesos del golpe de Estado, perdón la secesión, en hispano Cataluña. El Gobierno se equivocó, lo sabemos ahora, pues a rectificar y trabajar. Y a despreciar a los Ministros que intentan aprovechar esta sentencia para atacar los principios básicos de una democracia y un Estado de Derecho e instalar un totalitarismo del Ejecutivo. Pónganse a hacer buenas leyes. Si una mente tan preclara como la del Señor Conde Pumpido constata que el Estado queda inerme para combatir pandemias, la solución es crear urgentemente unas Leyes mínimamente claras que lo permitan, no criticar a los compañeros…
Un segundo aspecto importante y que vuelve a demostrar el cáncer de la justicia española es la tardanza y el ridículo destiempo en que incurre una vez más nuestro TC, como todos los tribunales. Una a justicia a posteriori No es Justicia, sino gayumba y birlonga en plena inseguridad jurídica. En vez de espumarajos sectarios de churrería contra el TC, ¿porque no le hacen funcionar correctamente y en tiempo? Eso sería trabajar para el bien común.
Si (
No(
