El conflicto se originó tras las denuncias escritas del dirigente sindical sobre presuntas irregularidades y tratos de favor a políticos presos durante su estancia en un centro penitenciario catalán. A raíz de esas denuncias, fue sometido a varios expedientes disciplinarios, uno de los cuales se basaba en una captura de pantalla de un mensaje de WhatsApp manipulada.
La sentencia del TSJC desmonta la actuación del Departamento de Justicia y se apoya en dos fundamentos principales:
1.- Vulneración del derecho de defensa, al no permitirse la presencia del abogado del trabajador durante diligencias clave, como el visionado del teléfono móvil o las declaraciones de los denunciantes.
2.- Error en la valoración de la prueba, al no haberse tenido en cuenta un informe pericial informático que demostraba que la imagen del supuesto mensaje era un montaje falsificado.
El tribunal califica la actuación administrativa como una “flagrante conculcación de derechos” y advierte del uso irregular de la potestad disciplinaria en el ámbito penitenciario.
Desde SICAP destacan que la resolución restaura el honor del secretario general y revela un patrón preocupante de prácticas abusivas dentro de la Inspección de Servicios Penitenciarios. Además, el sindicato exige al conseller de Justicia que asuma responsabilidades políticas y depure a los responsables de lo que califican como un abuso de poder institucional.
El fallo, según los representantes sindicales, constituye una victoria sin precedentes para un trabajador público frente al Departamento de Justicia y podría marcar un precedente jurídico en la protección de los derechos laborales dentro de las instituciones públicas catalanas.
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