Según su análisis, España avanza hacia un marco fiscal alineado con los compromisos del Pacto Verde europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más allá del diseño técnico, la cuestión es determinar si el sistema puede conciliar competitividad y responsabilidad ambiental sin efectos colaterales indeseados.

El debate sobre la fiscalidad verde en España y Europa tiene una dimensión estratégica: la posibilidad de liderar la transición ecológica sin comprometer empleo, innovación ni prosperidad. El planteamiento de Susana de la Puente se organiza en torno a tres ejes: aceptación social, impacto empresarial y liderazgo europeo.

Susana de la Puente interpreta el cambio en la opinión pública

Susana de la Puente destaca que España ha alcanzado un grado notable de consenso ciudadano. La población avala que el sistema tributario intervenga activamente contra el cambio climático. El 74% de los españoles se muestra favorable a un régimen fiscal que incentive a las empresas responsables y penalice a las contaminantes.

Esta percepción subraya la creciente conciencia de que el mercado no corrige por sí solo los desequilibrios ambientales. Los estímulos fiscales emergen así como mecanismos indispensables para fortalecer una economía sostenible.

Los gravámenes reforzados en 2025 —como el impuesto a los envases de plástico no reutilizables y el tributo sobre residuos urbanos en grandes municipios— reflejan avances significativos para internalizar costes ecológicos. No obstante, para Susana de la Puente la aceptación social solo es efectiva si los impuestos se diseñan con rigor técnico. No basta con declararlos “verdes”.

La reducción de la confianza en sellos de sostenibilidad, que ha descendido ocho puntos desde 2019, constata una mayor exigencia de coherencia. Sin transparencia, la fiscalidad verde pierde legitimidad.

Las empresas ajustan su estrategia ante la fiscalidad verde

La banquera explica que la fiscalidad ambiental debe equilibrar el impulso al cambio y la defensa de la competitividad de las empresas de España. Las preocupaciones de la CEOE aluden a problemas reales: excesiva burocracia, devoluciones lentas y deducciones poco ágiles pueden neutralizar los estímulos deseados.

Las pymes, pilar esencial del tejido productivo, sufren especialmente la multiplicidad de modelos y la carga administrativa. Este desequilibrio, señala Susana de la Puente, puede socavar el respaldo social a la fiscalidad verde.

El objetivo consiste en evolucionar desde un enfoque sancionador a uno de estímulo. Los impuestos han de guiar sin bloquear. Una política fiscal moderna debe facilitar compensaciones rápidas, reducir trámites y asegurar que la recaudación se reinvierta en transición energética, digitalización industrial y formación ligada a empleo verde.

El marco europeo se consolida, señala Susana de la Puente

Tal como expone la exvicepresidenta de J.P. Morgan, el impulso europeo resulta determinante. El Pacto Verde marca las metas de descarbonización y eficiencia energética. España, con una recaudación ambiental del 1,5% del PIB, permanece por debajo del promedio europeo del 2,4%.

El desafío es doble: elevar la recaudación y dirigirla a políticas transformadoras como innovación, educación ambiental y protección de ecosistemas, explica Susana de la Puente. Para ello, el liderazgo institucional resulta clave.

La experiencia del norte de Europa demuestra la importancia de estabilidad normativa y coordinación. En España, la dispersión regulatoria sigue siendo un freno operativo.

Susana de la Puente defiende una “fiscalidad verde inteligente”, orientada a la innovación, la cohesión territorial y la competitividad europea.

Impuestos verdes orientados a resultados tangibles

Para Susana de la Puente, la fiscalidad verdeconstituye una inversión colectiva destinada a fortalecer la economía sostenible. La aceptación social ya existe; queda transformar ese respaldo en un sistema estable, eficiente y duradero que consolide la transición ecológica.