Las normas o reglas de la gobernanza global, lejos de ser el fruto de un consenso universal, han reproducido en su arquitectura institucional los intereses de un núcleo reducido de potencias, relegando a la periferia las aspiraciones de un Sur Global que, no obstante, alberga la mayoría de la población y de los recursos del planeta.
Frente a esta inercia hegemónica, los BRICS+ han irrumpido no tanto como un grupo internacional homogéneo, sino como un vector de contestación pragmática que propugna un modelo multilateral más vertebrado en torno a los intereses y las sensibilidades de los países emergentes.
Para calibrar el alcance real de esta empresa, conviene centrar la atención en dos instrumentos que condensan la estrategia financiera del grupo: de una parte, el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Reservas Contingentes (CRA). Una suerte de “artefactos” institucionales que revelan tanto las ambiciones como las contradicciones internas de esta alianza heteróclita.
El fomento de las monedas locales en las transacciones intra-BRICS+ constituye, en apariencia, una vía expedita para aminorar la dependencia estructural del dólar. No obstante, esta senda se halla jalonada de no pocos obstáculos. Exige, en primer término, la maduración de un mercado de capitales genuinamente autónomo y la capacidad de emitir deuda soberana en divisas propias, cuya viabilidad se topa con la escasa armonización macroeconómica entre los miembros y, más aún, con el dominio casi omnímodo de las agencias de calificación estadounidenses (Fitch, Moody´s, Standard and Poors), que siguen ejerciendo una posición decisiva sobre la percepción del riesgo en los mercados globales. Es, por tanto, un proceso que avanza a contrapelo de inercias institucionales muy arraigadas.
Aun cuando los BRICS+ no hayan logrado aún articular una alternativa plena y operativa al sistema de Bretton Woods, lo cierto es que su mera existencia ha comenzado a resquebrajar los consensos incuestionados de la posguerra mundial. Conscientes de sus limitaciones presentes —que no son menores—, el grupo promueve reformas graduales y proyectos de envergadura que, sin llegar a constituir un paradigma acabado, podrían sentar los cimientos de un nuevo imaginario financiero en el horizonte próximo. No se trata, pues, de una revolución, sino de una lenta sedimentación tectónica cuyos efectos solo serán plenamente visibles a largo plazo, como he sostenido recientemente en la revista italiana Frontiere (“¿Por qué los BRICS? La búsqueda de un nuevo orden internacional”, 24 de junio de 2026).
El banco de los BRICS
Hasta el momento, el mayor acierto de los BRICS+ en este pulso por la reconfiguración del orden monetario mundial ha sido, sin duda, la puesta en marcha del Nuevo Banco de Desarrollo. Concebido como un contrapeso explícito a las instituciones de Bretton Woods —a las que el grupo considera anacrónicas, poco representativas y manifiestamente insensibles a las demandas del Sur Global—, el NDB nace con la vocación de encarnar una gobernanza más horizontal y equitativa.
La gestación de esta entidad se remonta a la V Cumbre del grupo, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2013, aunque fue al año siguiente, en la ciudad brasileña de Fortaleza, donde se rubricó el acuerdo constitutivo. El 7 de julio de 2015, el banco abrió oficialmente sus puertas en Shanghái, con un capital inicial autorizado de 100.000 millones de dólares, de los cuales 50.000 millones quedaron efectivamente suscritos.
Con el propósito explícito de sortear los desequilibrios de poder que lastran al Fondo Monetario Internacional, el capital se distribuyó de manera paritaria: cada uno de los cinco miembros fundadores aportó 10.000 millones —el 20 % en efectivo y el 80 % restante en garantías—, asegurando así una participación nominal idéntica y, por ende, un peso equivalente en el derecho al voto. De este modo, se garantiza que ninguno de los socios pueda ejercer un veto unilateral sobre el resto, circunstancia tanto más relevante cuanto que el grupo aglutina a actores con intereses no siempre convergentes.
En el plano procedimental, la presidencia del banco rota cada cinco años entre los países fundadores, mecanismo que refuerza simbólica y materialmente el principio de igualdad soberana. La admisión de nuevos miembros está prevista en los estatutos, siempre que pertenezcan a Naciones Unidas y obtengan la aprobación de la Junta de Gobierno.
No obstante, se establecen dos salvaguardas que revelan una prudencia muy calculada, dado que el poder de voto conjunto de los cinco fundadores no podrá descender del 55 %, y ningún país no fundador podrá superar individualmente el 7 % del total. Con estas cláusulas, los BRICS+ se blindan frente a eventuales injerencias externas y preservan el núcleo duro de decisión, en un ejercicio de realismo institucional.
Fue en 2017, con la aprobación del "Plan Estratégico 2017-2021", cuando el Nuevo Banco de Desarrollo abrió formalmente la compuerta a la ampliación de su membresía. Un movimiento que obedecía a una estrategia de legitimación política en el escenario global. En 2021 se materializaron las primeras adhesiones: Bangladesh, Egipto y Emiratos Árabes Unidos se sumaron al selecto club de accionistas, mientras que Uruguay, pese a haber sido admitido, no ha completado aún el desembolso inicial requerido para ostentar la condición de miembro de pleno derecho. Más recientemente, en 2024, se anunció la incorporación de Argelia, en un gesto que apunta hacia una creciente vertebración del mundo árabe y africano en el proyecto.
Con estas sucesivas ampliaciones, el Banco no solo acrecienta su autonomía operativa y su influencia diplomática, sino que engrosa significativamente su músculo financiero. Más miembros implican un mayor capital disponible, una base accionarial más diversificada y, en consecuencia, una capacidad de actuación ampliada que comienza a disputar espacios tradicionalmente reservados a las instituciones de Bretton Woods.
La misión declarada del NDB consiste en movilizar recursos financieros para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en mercados emergentes y países en desarrollo. Un sector que, como es sabido, constituye el principal escollo para el despegue económico de los países periféricos. Sin infraestructuras adecuadas —transporte, energía, telecomunicaciones, saneamiento— no hay crecimiento posible, y el Banco se erige como un mecanismo de facilitación para quienes encuentran en el sistema financiero internacional trabas sistemáticas e inaccesibles.
Desde su fundación, el NDB ha aprobado la financiación de 95 proyectos de desarrollo y evalúa 30 más, para un total de más de 40.000 millones de dólares, como confirma Schulz en su trabajo: “El banco del BRICS: eje de una arquitectura financiera multipolar”, CLACSO, Nº 97, 2024, pp. 41–49. Cifras que, a primera vista, atestiguan una eficacia operativa nada desdeñable, pero que al mismo tiempo ponen de manifiesto una contradicción estructural, como es la persistente —y casi omnipresente— dependencia del dólar estadounidense como unidad de cuenta y medio de intercambio en todas sus operaciones. El Banco, en suma, quiere navegar con bandera de autonomía, pero anclado todavía en las coordenadas monetarias del adversario.
Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil y actual directora del NDB, ha asumido con convicción la tesis de que el comercio y la financiación en monedas locales deben erigirse en eje vertebrador de la estrategia del grupo. En sus intervenciones públicas, Rousseff ha argumentado que el uso de monedas locales nos protege de las fluctuaciones del dólar y de las tasas de interés internacionales, asegurando una mayor autonomía financiera (TeleSur, 2024).
Esta declaración de la mandataria brasileña sintetiza la doble naturaleza del proyecto. Por un lado, una aspiración inequívoca a la desdolarización como instrumento de emancipación monetaria; por otro, el reconocimiento tácito de que dicha emancipación no puede decretarse, sino que ha de construirse gradualmente mediante la creación de instrumentos y mercados que aún están por consolidar. El NDB se configura así como una pieza axial en la estrategia de desdolarización del grupo.
En su conjunto, el Nuevo Banco de Desarrollo ha conseguido abrir una senda de escape —aunque todavía estrecha y precaria— frente al dominio omnímodo de los organismos financieros de Bretton Woods. Pero conviene no perder de vista su naturaleza y sus limitaciones constitutivas. El NDB no es un banco central, ni podría serlo en el estado actual de las relaciones económicas internacionales. Carece de la prerrogativa de emitir moneda, no dicta política monetaria común para sus miembros ni fija tipos de interés de referencia. Tal condición, que podría interpretarse como una debilidad, le libra también del riesgo inflacionario que acompaña a toda emisión fiduciaria, pero le vincula de manera indisociable a las decisiones y políticas que adopten los bancos centrales de cada país miembro.
De este modo, el NDB opera en un espacio de soberanías compartidas, pero no fusionadas, un equilibrio inestable entre la cooperación supranacional y la autonomía nacional que constituye, quizá, su principal fortaleza y su más acusada fragilidad al mismo tiempo.
El fondo de los BRICS
Paralelamente al desarrollo del Nuevo Banco de Desarrollo, y como complemento indispensable de su arquitectura financiera, los BRICS+ suscribieron durante la VI Cumbre de Fortaleza (2014) el Acuerdo de Reservas Contingentes (CRA, por sus siglas en inglés). Concebido como un mecanismo de defensa ante las turbulencias externas, su objetivo primordial es proporcionar una red de protección financiera a los países miembros cuando estos se vean sometidos a situaciones de presión económica aguda o a episodios de volatilidad en los mercados internacionales.
El CRA responde, en esencia, al interés compartido de los países fundadores por dotarse de una fuente de financiación temporal que permita hacer frente a dificultades de balanza de pagos sin tener que recurrir, como única alternativa, al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas condicionalidades han sido percibidas históricamente como injerencias en la soberanía económica de los países periféricos.
El fondo cuenta con una dotación total de 100.000 millones de dólares, si bien las contribuciones de los miembros son notablemente desiguales, reflejo de las asimetrías económicas que persisten en el seno del grupo. China, como primera potencia del bloque y economía global de peso incontestable, aporta 41.000 millones; Rusia, India y Brasil contribuyen con 18.000 millones cada uno; mientras que Sudáfrica, cuya dimensión económica es considerablemente menor, desembolsa 5.000 millones.
Tales aportaciones determinan, como es lógico, el peso específico de cada país en el derecho al voto, de modo que China acumula aproximadamente el 40 % de los votos totales. Sin embargo, y este es un dato de singular relevancia, ninguno de los miembros ostenta derecho de veto, una cláusula que revela la voluntad explícita del grupo de distanciarse del modelo de gobernanza financiera que impera en las instituciones de Bretton Woods, donde el poder de veto se ha convertido en un instrumento de dominación estratégica.
Para comprender cabalmente el significado de esta disposición, conviene detenerse un instante en el funcionamiento del FMI. Allí, el proceso de toma de decisiones replica miméticamente la distribución del poder económico entre los Estados miembros. En efecto, la cuota de cada país fija tanto su número de votos como el volumen de recursos que puede solicitar al Fondo en caso de necesidad.
Este sistema, que en apariencia obedece a un criterio técnico de proporcionalidad, otorga sin embargo una posición privilegiada a Estados Unidos, cuya cuota —la más elevada de la organización— alcanza el 17,4 %, como recordaba el Banco de España en su informe: “La reforma de las cuotas y la representación en el FMI” (2016, p. 83).
El corolario de esta estructura es conocido, pero no por ello menos problemático. Así, por ejemplo, un conjunto de diecisiete países africanos encabezados por la República del Congo, que representan a una población de 487 millones de personas —esto es, 152 millones más que toda la población estadounidense—, dispone tan solo del 1,40 % de los derechos de voto, once veces menos que el país norteamericano, como recuerda Toussaint en su publicación “El ABC del Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.0”, CADTM (2024). La desproporción resulta tan abismal que difícilmente puede ser justificada por argumentos de eficiencia o de capacidad contributiva.
Esta descompensación estructural no es, por supuesto, un accidente fortuito, sino la manifestación más cruda de la profunda desigualdad que subyace al sistema de voto del FMI. Un mecanismo que permite a los países occidentales —y muy particularmente a Estados Unidos— configurar la institución a su antojo, alineándola con sus intereses geopolíticos y económicos.
El desequilibrio adquiere dimensiones aún más gravosas si se considera que las decisiones de mayor trascendencia requieren una mayoría cualificada del 85 %, umbral que confiere a Estados Unidos, único país con capacidad para bloquear por sí solo cualquier resolución, un derecho de veto efectivo que paraliza cualquier intento de reforma sustancial.
Frente a esta asfixiante arquitectura institucional, el Acuerdo de Reservas Contingentes de los BRICS+ se erige como un intento —aún incipiente y no exento de contradicciones— de construir una gobernanza financiera alternativa, donde la reciprocidad y el equilibrio entre socios desplace, aunque sea parcialmente, la lógica del dominio unilateral.
La paradoja de un orden internacional en transición
Los BRICS+ han promovido, a lo largo de su trayectoria, un catálogo reiterado de propuestas de reforma encaminadas a corregir la flagrante falta de representación de los países en desarrollo en el entramado financiero global, y muy particularmente de los países africanos, cuyo peso demográfico y potencial económico contrasta con su irrelevancia institucional en los foros de decisión.
Estas iniciativas, sin embargo, no han prosperado —y es poco probable que lo hagan en el futuro inmediato— debido a la sistemática oposición de Estados Unidos, que ejerce su derecho de veto como un bastión inexpugnable para perpetuar un statu quo que le es manifiestamente favorable. De este modo, cualquier aspiración de transformación estructural del FMI queda, por ahora, condenada al fracaso, atrapada en la rigidez de unos mecanismos de gobernanza diseñados para resistir, precisamente, los embates reformistas.
Desde sus orígenes, los BRICS+ han denunciado este sistema por considerarlo desigual, injusto e ilegítimo, un diagnóstico que el paso del tiempo no ha hecho sino confirmar con creces. No obstante, sería un error interpretar la postura del grupo como un enfrentamiento frontal contra el FMI. Lejos de abogar por su abolición o por una ruptura radical, los BRICS+ se han movido en una lógica más matizada y pragmática, al postular sus instituciones como oferta al Sur Global para que disponga de una alternativa viable, un espacio de maniobra donde las reglas del juego no estén escritas de antemano por la hegemonía occidental.
En este sentido, el grupo ha reconocido explícitamente al FMI como una institución central en el escenario internacional, especialmente en su función de provisión de asistencia a los países en situación de crisis, una función que, pese a sus condicionalidades, sigue siendo insustituible en el corto plazo para muchas economías vulnerables.
Esta postura dual —crítica pero no rupturista— quedó magistralmente sintetizada en la Declaración de la Cumbre de Kazán de 2024, donde los BRICS+ afirmaron en su punto 11: "reafirmamos nuestro compromiso de mantener una Red Global de Seguridad Financiera fuerte y efectiva, con un FMI basado en cuotas y adecuadamente financiado en su centro".
Esta declaración encierra una de las claves más relevantes: los BRICS+ no pretenden desmantelar el orden existente, sino reformarlo desde dentro mientras construyen, paralelamente, sus propias instituciones. A renglón seguido, los líderes del grupo solicitaron una reforma urgente que garantice la representación de los países en desarrollo y un "proceso de selección basado en méritos, inclusivo y equitativo para los puestos más altos" (Instituto Nacional de Estudios Políticos, Declaración de Kazan: XVI Cumbre de BRICS, 2024). Una demanda que, aunque formulada en términos mesurados, apunta directamente al corazón de la gobernanza del FMI: el reparto del poder y la transparencia en la elección de sus máximos responsables.
Por todo ello, los BRICS+ mantienen el Acuerdo de Reservas Contingentes como un pilar central para el fortalecimiento de la cooperación financiera en el seno del grupo. No como un sustituto del FMI, sino como un complemento que amplía el margen de maniobra de los países miembros y les ofrece una salida digna cuando las condiciones impuestas por Washington se vuelven insoportables.
El CRA, junto con el Nuevo Banco de Desarrollo, configura pues un ecosistema institucional incipiente que, sin alcanzar todavía la madurez ni la influencia de las grandes organizaciones de Bretton Woods, representa sin embargo un primer eslabón en la construcción de un orden financiero multipolar, o si se quiere, realmente multilateral o pluricéntrico.
El camino, no obstante, está sembrado de dificultades. La persistente dependencia del dólar, la falta de armonización macroeconómica entre los miembros y la ausencia de un mercado de capitales integrado son obstáculos que no se disiparán por el mero voluntarismo político. Pero los BRICS+ han comprendido que la transformación del orden internacional no es un acontecimiento, sino un proceso. Y en esa lenta pero inexorable erosión de los consensos y hegemonismos unipolares, el grupo ha logrado plantar bandera en un terreno que hasta hace pocos años parecía reservado en exclusiva a las potencias occidentales.
Que ese terreno sea aún pequeño y pedregoso no le resta significado a un proyecto pensado para cosechar frutos de equidad y soberanía compartida en el medio y largo plazo. Hasta entonces, los BRICS+ seguirán navegando entre la crítica y la cooperación, entre la utopía de un mundo más justo y la realidad de un sistema que, por ahora, sigue girando en torno al dólar, la Casa Blanca, el Capitolio, Wall Street y en última instancia, el Pentágono.
*Cuaderno Nº 4 de la Fundación Cátedra China (ISBN: 978-84-09-87839-0). El documento puede encontrarse en este enlace de la revista Mundo Global: https://mundoglobal.org/la-fundacion-catedra-china-impulsa-el-debate-sobre-el-papel-de-espana-en-los-brics-con-un-nuevo-cuaderno-de-trabajo/
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