La exclusión de una entidad de SWIFT es, por tanto, un acto político (o de guerra financiera) de mayor calado aún que el bloqueo de un mensaje individual. No es que se prohíba a un banco sancionado mover fondos; es que se le retira la llave de la red. Sin acceso a SWIFT, un banco no puede ni enviar ni recibir las instrucciones de pago que sostienen el comercio exterior. Las transferencias no pueden iniciarse, y las que llegan no pueden ser procesadas porque los bancos occidentales las rechazarán al carecer del mensaje estandarizado que les permita identificar a las partes y verificar las listas de sanciones.
En la práctica, la desconexión de SWIFT no congela activos uno por uno; más bien, inhabilita al banco sancionado para operar en la economía global, estrangulando su capacidad de liquidar divisas y de mantener relaciones de corresponsalía con el resto del mundo.
El engranaje de SWIFT
Para entender cómo se aplica un régimen de sanciones mediante SWIFT hay que desmontar primero un malentendido fundamental. SWIFT no mueve dinero. SWIFT mueve mensajes. Cada orden de pago internacional, desde una simple transferencia de un particular hasta la liquidación de millones en contratos de petróleo, viaja como un mensaje estandarizado —un MT103 para pagos de clientes, un MT202 para transferencias entre bancos— a través de la red. El dinero en sí se liquida después en los libros de los bancos corresponsales, casi siempre en dólares. La sanción no congela el dinero directamente; lo que hace es bloquear el mensaje que ordena moverlo.
El mecanismo operativo es un proceso de filtrado en tiempo real. Cuando un banco emite o recibe un mensaje SWIFT, este pasa por un sistema de "sanctions screening" antes de ser entregado a su destino. El banco remitente, el banco intermediario y el banco receptor tienen la obligación legal de cotejar cada mensaje contra listas de sanciones actualizadas —las de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.), la UE, Naciones Unidas y el Reino Unido, entre otras. El filtro examina no solo los códigos BIC (identificadores de los bancos), sino también los nombres de los ordenantes y beneficiarios que viajan incrustados en el mensaje, gracias a formatos específicos como el MT202COV que obligan a incluir esa información para evitar que quede oculta en la cadena de corresponsalía.
El software de detección es sofisticado al utilizar algoritmos de coincidencia "difusa" que capturan anagramas, inversiones de letras, faltas de ortografía y similitudes fonéticas para evitar que un sancionado burle el control cambiando una letra en su nombre. Si el sistema encuentra una coincidencia con una lista de sanciones, el mensaje es desviado a una cola de alertas.
A partir de ahí, el banco tiene dos opciones configuradas previamente. En el modo de "bloqueo" (blocking mode), el mensaje queda retenido hasta que un oficial de cumplimiento autorice su liberación, lo aborte o lo señale para investigación. En el modo de "no bloqueo" (non-blocking mode), la transacción sigue su curso, pero se genera una alerta para revisión posterior, aunque este modo es excepcional en contextos de sanciones severas porque la normativa, como la de la OFAC, exige la congelación inmediata (blocking) de los activos de personas o entidades designadas, sin margen para el criterio basado en riesgo.
De hecho, SWIFT, como cooperativa, ofrece su propio servicio de "Sanctions Screening" para que los bancos —especialmente los más pequeños, que no pueden permitirse mantener sus propios filtros— puedan escanear sus mensajes de forma centralizada y con listas actualizadas automáticamente. Este servicio opera con dos modalidades: la "copia" (Copy-based), que escanea mensajes FIN de categorías concretas (pagos, comercio, valores) en el flujo central de SWIFT, y la "conectora" (Connector-based), más flexible y capaz de escanear mensajes en otros formatos, como ISO 20022 o SEPA, y que se integra directamente en el back-office de la entidad.
El Sur Global ante la militarización de SWIFT
Esta simbiosis entre infraestructura técnica y poder geopolítico ha desatado un debate que no admite eufemismos. Lo que algunos analistas occidentales aún denominan "medidas restrictivas", la “militarización” (o weaponization, en el argot anglosajón) es, para los países del llamado “Sur Global”, una evidencia cruda. Es la constatación de que un mecanismo diseñado para lubricar el comercio se ha reconfigurado como un ariete del G7, pero sobre todo de Washington, contra la soberanía económica de los países que desafían el orden angloamericano, la Pax Americana.
Esta percepción fue durante años confinada a círculos académicos y a las cautelosas declaraciones de los bancos centrales de China, India o Brasil, pero ha dejado de ser especulación. Tras el estallido de la guerra ruso-ucraniana, Washington y sus aliados europeos procedieron a excluir a la mayoría de los bancos rusos de SWIFT. De esta manera, las exportaciones energéticas rusas quedaron atrapadas en un limbo de pagos pendientes, y sus reservas internacionales —congeladas en dólares y euros— se volvieron inútiles.
La interrupción de SWIFT fue para Rusia un shock de infraestructura. Los investigadores Sharaf, Shahen, Mansour y Elboghdadly, han expuesto un detallado análisis de cómo las reservas internacionales experimentaron una contracción pronunciada y persistente, en consonancia con la congelación de activos, la salida de capitales y las intervenciones defensivas de los bancos centrales, entre 2022 y 2024 ("Financial resilience in a fragmented system: assessing Russia’s SPFS and the sustainability of global payment networks", International Economics and Economic Policy, Springer, vol. 23(2), pp. 1-26).
Como afirman los mencionados expertos, si bien los sistemas alternativos pueden mantener algunas transacciones en marcha, no reemplazan el alcance global de SWIFT, su acceso a la liquidez ni la confianza inherente a su red. Su estudio destaca cómo los sistemas de mensajería financiera se han convertido en instrumentos estratégicos de la política económica estatal y cómo la fragmentación de las infraestructuras de pago globales está reconfigurando la soberanía financiera y el orden económico internacional.
Los BRICS buscan alternativa al SWIFT
Para los países del Sur Global, la lección de este suceso fue cristalina. ¿Qué impide que mañana esa misma tijera se cierre sobre la economía de Sudáfrica por su postura en Palestina? ¿O sobre la de Turquía si decide salirse del guion? La dependencia de SWIFT no es un riesgo contingente, sino una vulnerabilidad estructural, para cualquier país que aspire a una política exterior independiente. Y esa soga, como han descubierto muchos gobiernos de Asia y África, la maneja Occidente.
China, como era previsible, tomó la delantera y anticipó potenciales jugadas. En 2015, Pekín lanzó el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS), un andamiaje que permite a los bancos globales liquidar transacciones en renminbi directamente en el país, eludiendo la intermediación de los bancos de compensación estadounidenses o europeos. Hoy, CIPS cuenta con más de 1.400 participantes en 110 países, aunque su volumen sigue siendo modesto —apenas el 3% de las transacciones globales frente al 80% que aún fluye por SWIFT— y su funcionamiento depende en parte de la misma red de mensajería que pretende desafiar. De momento no puede afirmarse que sea un sustituto, sino un primer paso en otra dirección.
La reacción de los BRICS+ ante esta evidencia fue inmediata y proporcional a la amenaza. El grupo, consciente de que la dependencia de SWIFT no es un riesgo contingente sino una vulnerabilidad estructural, intensificó sus esfuerzos por desvincularse de un modelo que perciben, con razón, como una extensión digital de la hegemonía estadounidense.
La ambición de los BRICS, sin embargo, apunta más alto. El objetivo de fondo no parece que se encamine hacia la acumulación de sistemas nacionales aislados, sino a la articulación de una red integrada y multilateral. Una infraestructura de pagos de alcance global capaz de competir —si no en igualdad de condiciones, sí como alternativa creíble— con el dominio de SWIFT.
En esta dirección, la Cumbre de Kazán, celebrada en octubre de 2024, marcó un hito. Allí se presentó la propuesta de BRICS Bridge, una plataforma digital multilateral diseñada para facilitar los pagos transfronterizos entre los Estados miembros sin la intervención del dólar ni de la banca occidental, ni de SWIFT.
La clave de la arquitectura de BRICS Bridge reside en la integración de tecnologías de vanguardia —blockchain y monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs)— con un mecanismo de compensación gestionado por el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). El NBD, con sede en Shanghái y presidido por la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, actuaría como cámara de conversión y liquidación entre monedas locales, eliminando la necesidad de un intermediario que convierta a dólares. Un exportador brasileño recibe reales; su contraparte rusa paga en rublos; el sistema compensa los saldos; el dólar no aparece en ningún momento del proceso. Esta cuestión ha sido comentada en el Cuaderno Nº4 dedicado a los BRICS+, publicado por la Fundación Cátedra China el pasado mes de junio.
La trascendencia de este proyecto no puede subestimarse. BRICS Bridge no es un mecanismo de pago más eficiente, sino un intento de reducir, con potencial de suprimir, el papel del dólar como moneda vehicular en el comercio intragrupo. Es la materialización técnica de la aspiración desdolarizadora que los líderes del Sur Global vienen proclamando desde hace décadas, pero que hasta ahora carecía de soporte operativo. Un circuito de compensación que opera al margen del eje financiero occidental. Haciendo un símil, sería construir una autopista de dos carriles si pasar obligatoriamente por los peajes de Nueva York o Londres.
Pero también conviene señalar ciertas limitaciones de este proyecto de emancipación sobre la infraestructura financiera. BRICS Bridge sigue en fase piloto; su interoperabilidad con los sistemas nacionales existentes —el SPFS ruso, el UPI indio, el CIPS chino— está por resolverse; y su éxito depende de que los bancos centrales de los BRICS armonicen políticas monetarias y cambiarias que hoy son dispares.
A este respecto, resulta de interés el artículo de Mesbah Sharaf, profesor de Economía de la Universidad de Alberta, y de Abdelhalem Shahen, de la Universidad Islámica Imam Muhammad ibn Saud, publicado en The Conversation, “Can countries replace SWIFT? Evidence from Russia suggests not easily” (29 de marzo de 2026). El artículo se centra específicamente en si sistemas como SPFS pueden reemplazar a SWIFT como red global de mensajería financiera. La evidencia que aportan sugiere que, si bien los países pueden adaptarse y mantener el flujo comercial mediante acuerdos alternativos, estos no sustituyen por completo la escala, la liquidez y la conectividad que proporciona SWIFT.
La inercia del dólar, alimentada por décadas de dominio unipolar y por la ausencia de una alternativa igualmente líquida y fiable, no se desmantela con una simple declaración de principios. La diversificación de las reservas (incluido el oro) y el uso de acuerdos de swaps de divisas son avances importantes que operan en un ámbito distinto al de la infraestructura de pagos. Ambas dimensiones deberían coordinarse y converger. Pero que el intento exista a nivel también de infraestructura, que se haya puesto en marcha un andamiaje técnico con respaldo político de primer nivel, es ya una victoria simbólica de enormes proporciones. El Sur Global ha dejado de preguntarse si puede dejar de estar subordinado al Norte Global; ahora está averiguando cómo.
La clave de las CBDC
Y en todo este tablero, entra en juego una nueva pieza, que son monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDCs), que se han convertido en la gran promesa tecno-monetaria de cualquier potencia que busque reducir drásticamente el riesgo de depender de Washington y del dólar, y de todo lo que ello implica: sanciones, embargos, desconexión de SWITF y congelación de fondos.
Definidas como divisas de curso legal en formato digital, ofrecen una tríada de ventajas aparentemente inobjetables: mayor eficiencia en las transacciones, trazabilidad transparente y, sobre todo, control soberano sobre la política monetaria —un atributo que las monedas privadas como el bitcoin nunca podrán reclamar.
El Banco de Pagos Internacionales (BIS), a través de su Centro de Innovación, ha tomado nota de esta tendencia y ha diseñado múltiples proyectos piloto —mBridge, Dunbar, Jura— que exploran esquemas de liquidación y compensación transfronteriza con CBDCs. En teoría, ofrecen un menú de opciones técnicas para que los BRICS+ implanten estas tecnologías sin tener que reinventar la rueda, como expusimos en nuestra investigación (open access): Sanz Bayón, P., “Current and Future Central Bank Digital Currency (CBDC) projects”, en Carmen Pastor Sempere (Ed.), Governance and Control of Data and Digital Economy in the European Single Market. Legal Framework for New Digital Assets, Identities and Data Spaces (Springer, 2024, pp. 309-348).
La pregunta que subyace a todo este esfuerzo técnico es, una vez más, profundamente política. ¿Serán capaces los miembros de los BRICS+ de coordinar sus políticas monetarias —entre un real sobrevaluado, un rublo volátil, un yuan sujeto a control de capitales y una rupia con convertibilidad restringida— para establecer la gobernanza de una plataforma común de compensación y liquidación multidivisa?
¿Podrán resolver las asimetrías económicas que separan a la potencia china del resto de sus socios? ¿Y qué ocurrirá cuando Washington, como ya ha hecho con el proyecto Nord Stream 2 o con las sanciones a Huawei, decida que el proyecto BRICS Bridge es una amenaza existencial a su dominio financiero y active todas las palancas de presión —desde amenazas de exclusión secundaria hasta sanciones directas a los bancos participantes?
La respuesta a estos interrogantes definirá algo más que el futuro de la desdolarización. Definirá si los BRICS+ logran erigirse como una verdadera alternativa al G-7 y al hegemón norteamericano en el siglo XXI, o si quedan atrapados en la contradicción de pretender escapar de un sistema del que, paradójicamente, siguen necesitando para sobrevivir.
Pero como hemos sostenido en repetidas ocasiones, y también recientemente en El Mundo Financiero, “¿Puede el Sur Global ser solvente sin el permiso de Washington?” (15 de julio de 2026), la dependencia del Sur Global no es solo tecnológica o financiera, es también y sobre todo cognitiva. Durante décadas, sus élites económicas han sido formadas mayormente en las escuelas de negocio del mundo anglosajón, sus reservas se acumulan en dólares, su deuda se denomina en moneda extranjera. Romper ese círculo requiere más que voluntad política. Exige una refundación de la propia idea de soberanía económica-financiera.
El camino está trazado, las opciones van tomando forma y su implementación acabará reconfigurando el orden monetario y financiero internacional. Pero el camino está lleno de obstáculos que no son técnicos, sino geopolíticos, y que no se resuelven solamente con otra tecnología o sistema, sino con el poder y la voluntad de decir no a Washington y tener con qué respaldarlo.
Si (
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