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¿Hay opciones para que España entre en la Fórmula 1?

El Gobierno foral vende el circuito de Navarra por una décima parte de lo que costó

El Gobierno foral vende el circuito de Navarra por una décima parte de lo que costó
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· El Gobierno de Navarra cerró el viernes pasado la venta del circuito más importante de la Comunidad por 7 millones de euros

By Ricard López (Corresponsal en Pamplona)
sábado 08 de octubre de 2022, 06:11h

La infraestructura había costado diez veces más que el precio de venta. Se considera como uno de los mayores fraudes con dinero público navarro. NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio) autorizó la compra del recinto por la empresa británica experta en la gestión de circuitos Motor Sport Vision. Se trata de unas instalaciones que costaron 67,8 millones de euros. La empresa británica podría comenzar a actuar sobre las 74 hectáreas de circuito a mediados de octubre de 2022. España, sin embargo, ha tenido otras propuestas para Fórmula 1, como el circuito de Valencia o el recientemente rescatado por Ayuso para Madrid, con una actualizada propuesta para el Jarama.

El Circuito de Navarra se inauguró en 2010, cuando la crisis económica ya había estallado. Sin embargo, la empresa Construcciones Samaniego ya había aprobado el presupuesto en 2006. En principio, el gasto no iba a superar los 6 millones de euros, pero este proyecto consiguió levantar el interés de Miguel Sanz (Presidente de Navarra en el momento, de UPN) y decidió que su gobierno debía formar parte de la construcción de las instalaciones. Por ello, el presupuesto ascendió a 52 millones euros, y a pesar de que no se pretendía hacer uso de los fondos público, luego se acabó invirtiendo más dinero.

Aunque se trate de una operación ruinosa para el gobierno navarro, podría suponer una inmersión en el mundo de la F1 en España. El Circuito de Navarra jamás funcionó como se esperaba, pero dada la millonaria inversión de una de las empresas británicas más especializadas en el sector, estas instalaciones podrían convertirse en un motor de crecimiento para la industria automovilística a nivel nacional.

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha mostrado en los últimos meses su interés por implementar la Fórmula 1 en Madrid. El Gobierno madrileño habría elegido el circuito de Jarama, aunque tendría que pasar antes por una profunda remodelación. El Gobierno central mostró su pleno apoyo a que haya dos carreras de Fórmula 1 en España, lo que hace más viable la operación.

Ayuso afirmó en septiembre que “la Federación Internacional de Automovilismo está interesada y estamos trabajando precisamente con ella para analizar cómo debemos comenzar esta importante aventura”. Sin embargo, la Presidenta afirmó que esta no es una lucha contra Barcelona, ya que “España puede tener dos Grandes Premios o puede no tener ninguno. No queremos competir con nadie en este sentido”. De hecho, el asunto gira en torno a una cuestión económica, según Díaz Ayuso, “la celebración de este gran evento automovilístico es un motor económico, ya que la Fórmula 1 tiene mucha afición y atrae turismo.”

No obstante, esta ilusión del gobierno de Ayuso podría llegar a costar 100 millones de euros tan solo de entrada, dato que se convierte en aún más alarmante si se tiene en cuenta que los precedentes de la Comunidad en la Fórmula 1 son nulos. Hay que tener en cuenta que es uno de los sectores más caros del entretenimiento. De hecho, se invierten 22 millones de euros en Montmeló cada año para poder tener un Gran Premio.

De hecho, España lleva ya varios intentos fallidos en torno a la implementación de la F1. Se ha sabido este 2022 que el circuito de Fórmula 1 que Francisco Camps aprobó en Valencia va a terminar costando 66 millones de euros a la administración. La Generalitat Valenciana, anticipó 42 millones de euros para el comienzo de la construcción. No obstante, los daños urbanísticos eran demasiado nocivos para la ciudad y los gastos demasiado elevados, por lo que el proyecto era inviable. Dada esta conclusión, alguien debía hacerse cargo de ese dinero ya invertido. La decisión final ha sido que la parte privada asumirá 32 millones y los otros 10 caen a cargo de la administración valenciana.

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