Peores salarios
Los salarios registraron en 2022 una contracción del 5,3% en términos reales, es decir, al incorporar al poder adquisitivo el impacto negativo de la inflación, lo que supone la novena mayor caída entre los 38 países de la OCDE, donde cayeron una media del 3,3% en su conjunto.
Además, España es el 2º país por la cola en subida nominal de los salarios en el periodo más reciente entre 2019 y 2022 (1,29%), solo por delante de Grecia (–0,55%). Según la OCDE, el salario promedio de España a precios constantes, es decir, descontando los efectos de la inflación, se ha reducido en la última década un 3,5%.
Los ciudadanos españoles no sólo fueron más pobres en 2022 que en 2018 (renta per cápita), sino que transfirieron una cantidad mayor de recursos a las arcas públicas. El ingreso público sobre PIB pasó del 39,2% en 2018 al 43,4% en 2022.
Menor poder adquisitivo
España es el 4º país por la cola en renta per cápita de la zona euro, según Eurostat, perdiendo casi un 9% de renta, sólo por encima de Portugal, Grecia y Bulgaria.
Como se observa en Eurostat, el poder adquisitivo de los españoles entre 2008 y 2022 ha caído más de un 10% en la franja de edad de 16 a 64 años (un -11,2% los de 16 a 29, un 7,5% los de 30 a 44 y un 10% los de 45 a 64 años).
España ha perdido convergencia con la UE en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo y ya se encuentra 15 puntos por debajo de la media de la UE, el peor nivel desde 2009. En 2018, España estaba en el 91,2% de la renta nacional bruta por habitante media de la UE, pero en 2021 bajó hasta el 83,4%.
De acuerdo con el estudio IX Monitor Adecco (2023), el salario medio registra una pérdida en el poder de compra de un 7% de poder adquisitivo. Desde que gobierna Sánchez, los trabajadores han acumulado una caída del poder adquisitivo de la remuneración media del 2,5%.
Más desigualdad
España figura en el 5º puesto de la UE con mayor desigualdad en la distribución de la renta. Así lo recoge el informe Desigualdad y pacto social 2023 (Observatorio Social de la Fundación la Caixa), que afirma que el índice de Gini se mantiene 0,2 puntos por encima de la media europea, alcanzando unas cifras de desigualdad de 32,1 puntos de coeficiente Gini.
Asimismo, como ha informado la OCDE, el 20% de los hogares más ricos de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12% (Income support for working-age individuals and their families, 2023).
La inflación acumulada en el periodo 2019-2023 se sitúa en un 14,8% con los alimentos subiendo un 40% y el IPC ha subido en cuatro de los seis primeros meses de 2023. Según datos a septiembre de este año, apenas el 25% de los bienes y servicios que consumen los hogares se encuentra en estabilidad de precios (datos ponderados por peso de cada producto en la cesta de la compra de las familias). La mitad de los alimentos sube más de un 10%.
Más pobreza
El indicador de “Carencia Material Severa”, elaborado por el INE, se disparó a raíz de la pandemia y el cierre de la actividad económica para mantener una tendencia alcista hasta los últimos datos disponibles en 2022. Este indicador constituye la métrica más cercana a lo que puede calificarse como “pobreza”. Actualmente, el número de pobres en España está 3 puntos por encima que al comienzo del mandato del gobierno de Sánchez.
Según Eurostat, España ha escalado cuatro posiciones hasta situarse actualmente como el 3º país, con Grecia, con mayor porcentaje de personas en pobreza y riesgo de exclusión, cuando estaba en el 7º puesto en 2018. Solo Rumanía y Bulgaria tienen una tasa de pobreza mayor que España. Adicionalmente, España se aleja de la media europea, ya que países como Italia, Lituania o Letonia han reducido su tasa de pobreza y riesgo de exclusión mucho más rápido.
Según el XIII Informe “El Estado de la Pobreza en España 2015-2022”, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en España un total de 1,4 millones de personas con educación superior se encuentra en riesgo de pobreza.
Respecto al Ingreso Mínimo Vital, la AIReF ha afirmado que solo ha llegado al 35% de sus beneficiarios potenciales y sólo ha cubierto al 22% de los hogares en riesgo de pobreza.
Según el último Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España 2021, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de Comillas, y presentado en febrero de 2023, la pobreza energética ya afecta a 4,5 millones de personas en España (9,5% de la población) que no pudieron pagar sus facturas energéticas en fecha y 6,7 millones (14,3% de los hogares) no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares.
Mayor carga impositiva a los trabajadores
Las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF alcanzan ya el 39,5% del salario del trabajador medio español, 0,2 puntos más que el año pasado. La denominada “cuña fiscal”, fruto de sumar estos dos conceptos, supera en 4,9 puntos la media de los países de la OCDE, que se sitúa en el 34,6%, sin variación anual.
De ese modo, el sueldo neto que finalmente recibe un empleado queda en el 60,5% del coste laboral. En consecuencia, los trabajadores españoles disponen de menor renta disponible porque dedican casi 4 de cada 10 euros generados por cada empleo a pagar impuestos (OCDE, Taxing Wages 2023 Indexation of Labour Taxation and Benefits in OECD Countries, 2023).
Por si esto fuera poco, el gobierno PSOE/Podemos-Sumar seguirá incrementando el castigo contra los trabajadores, al aprobar el incremento de cotizaciones de la reforma de pensiones (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que gravará con 0,6 puntos extra el salario de los trabajadores para pagar las pensiones del baby boom.
Estancamiento económico y retroceso en libertad económica
El crecimiento medio real del PIB en el periodo 2019-2022 muestra que la economía española fue la que menos creció durante ese período (un 0,4%, 0,7% y 0,9% respectivamente), por debajo del promedio de la Eurozona y de la UE-27, según el informe de Freemarket Corporate Intelligence “Balance económico 2019 – 2022”.
España se sitúa por debajo de la media de países de la OCDE en lo referente a la libertad económica y empresarial, según arroja el Índice de Libertad Económica 2023, elaborado por la Fundación Heritage. España ocupa el puesto 29 de los 38 países de la OCDE, un retroceso de 7 posiciones en comparación con el año 2012.
Pérdida de productividad y competitividad
Entre 2017 y 2022 España ha registrado los peores datos de productividad de la UE, con una caída del 4,3% (The Adecco Group Institute, “Informe Trimestral sobre Predicciones del Mercado de Trabajo”, 2023).
Los 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social trabajan muchas menos horas que la cifra de horas trabajadas en 2019 y, además, la duración media de los contratos se ha reducido de 60 a 42 días. Las horas trabajadas por todos los asalariados y ocupados (ajustado por estacionalidad y calendario, según el INE) se situaban en el primer trimestre de 2008 en 9.117.942,3 (miles de horas), en el primer trimestre de 2019 eran 8.554.873,9, y en el primer trimestre de 2023 cayó a 8.476.989,8.
Según el Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral, elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad, en España 1,15 millones de españoles no acuden a trabajar a diario y 267.000 no lo justifican. Como afirma el Informe: “El absentismo laboral supone un problema para las empresas españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, lastrando asimismo su competitividad”. Esta situación provoca que en nuestro país se pierdan más de un 5% de las horas pactadas de la jornada semanal.
La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa en el −3,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, según el INE.
El Índice General de Cifra de Negocios de la Industria cae un −5,2% en lo que va de 2023 hasta el último dato publicado por el INE.
España cerró 2022 con la 7º mayor tarifa eléctrica de la Unión Europea, un 22% superior a la media y un 40% superior a la de Portugal, que también tiene la excepción ibérica, según Eurostat. La excepción ibérica reduce artificialmente la inflación, pero no la tarifa. Esto impide a la economía española reindustrializarse y ser competitiva en sectores que impliquen un alto consumo eléctrico.
España cae del puesto 28 al 35 en el Índice de Complejidad Económica sobre la diversidad en exportaciones, de la Fundación Cotec (Mapa de complejidad económica de España). Esto implica que el nivel medio de complejidad, entendida por los conceptos de diversidad -variedad de productos exportados- y ubicuidad -número de países de lo exportan- de la cesta anual de bienes que exporta España se está reduciendo progresivamente.
Incremento de las quiebras empresariales y de la morosidad hipotecaria
Las quiebras en España se han disparado un 200% respecto a los niveles prepandemia. En el informe de Perspectivas Económicas, publicado el pasado mes de septiembre por la Comisión Europea, destaca que la media de la UE: "sigue viéndose muy afectada por el elevado y creciente número de declaraciones de quiebra en España".
El marco regulatorio y las dificultades que atraviesan las empresas en España hacen que nuestro país sea la economía europea con mayor incremento de quiebras empresariales tras el fin de la moratoria concursal en 2022 (que suspendía la obligación de solicitar el concurso de acreedores).
Por otra parte, la morosidad hipotecaria registró en el primer semestre de 2023 la mayor escalada en casi una década, tanto en términos relativos (en puntos porcentuales), como en absolutos (en millones de euros). Según el Banco de España, la morosidad hipotecaria ha ido aumentando a lo largo del año, ya que pasó del 2,37% de finales de 2022 al 2,38% de marzo de este año y en septiembre al 2,49%.
Alto desempleo
España duplica la tasa de paro de la OCDE (Situación del Mercado Laboral, 2023).
Según Eurostat, España es el país líder en tasa de paro de la UE, situado por encima de Grecia.
Según Fedea, el paro efectivo -que incluye demandantes de empleo y fijos discontinuos desocupados-, se encuentra en 3,3 millones de personas.
En cuanto al paro juvenil, España también sigue siendo “líder”, con una cifra que asciende al 27,4% de los jóvenes españoles, frente al 13,8% de media de la zona euro o el 14,1% de la UE.
World of Statistics, en su clasificación de países con la tasa de desempleo entre menores de 25 años, pone a España en el 3º peor puesto. Solamente Sudáfrica y Nigeria, dos países africanos, tienen peores datos.
Según estimaciones del FMI, España cerrará 2024 con la mayor tasa de paro de todos los países desarrollados, muy por encima de Grecia e incluso de Ucrania.
El porcentaje de población activa en España está reduciéndose y será de los más bajos de toda la UE. Pasará del 60,8% actual al 50,6% en 2050, el mayor descenso estimado de toda la UE con excepción de Eslovaquia, lo que hará inasumible el actual gasto en pensiones, teniendo en cuenta las proyecciones de envejecimiento de la población.
Según un estudio publicado por Infojobs en agosto de 2023, casi 590.000 trabajadores cuentan con un segundo empleo, dato que supone un 7,4% más que los que había en el mismo período del año anterior y están nada menos que un 21,1% por encima del nivel previo a la pandemia.
Modelo productivo y social desequilibrado
Nuestro país tiene 48 millones de habitantes, pero sólo una parte de ellos son productivos.
Según el INE, España cerró 2022 con 31,1 millones de ciudadanos que son dependientes de nóminas públicas, es decir, cuyos ingresos corrientes proceden de las diversas entidades de la Administración Pública (suma de ciudadanos que son empleados públicos, desempleados, jubilados, pensionistas por viudedad y orfandad, incapacitados permanentes, estudiantes, y otros inactivos).
Este dato contrasta con los 16,9 millones de ciudadanos productivos que no dependen del Estado (suma de asalariados del sector privado y autónomos o autoempleados). Por tanto, España tiene una estructura social en la cual 16,9 millones soportan el gasto de 31,1 millones restantes.
Además, España tiene hoy una clase media más pequeña que el resto de países de nuestro entorno con un peso que es menos del 55% de la población frente al 61% de la OCDE.
Insuficiente inversión en I+D+i
La inversión española actual en I+D+i es del 1,43% del PIB, porcentaje que está lejos del 2,3% de la media de la UE según el INE en 2022.
España se está quedando descolgada porque según el Banco Mundial, la inversión en I+D se está acelerando significativamente a nivel mundial y ya se sitúa en el 2,63% del PIB, con un incremento del 25% en los últimos cuatro años, de acuerdo con el Banco Mundial, Research and development expenditure 2022.
España ocupa en 2023 el puesto 16 de 27 en el ranking de innovación de la Unión Europea, idéntica posición que un año antes, según recoge el European Innovation Scoreboard 2023, publicado en julio por la Comisión Europea. La posición de España no se corresponde con su potencial económico, de hecho, hay tres países con menor renta per cápita (Estonia, Eslovenia y República Checa) que obtienen una mayor puntuación en el ranking por su esfuerzo en innovación. En términos agregados, de los 32 indicadores que componen el índice, España se encuentra por encima de la media europea en 12, en la media en 1 y por debajo en los 19 restantes.
Gasto público poco eficiente
El Instituto de Estudios Económicos, en su informe “Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España” (2022), estima que la ineficiencia en el gasto público tiene un coste de más de 60.000 millones de euros.
Entre 2021 y 2022 el gasto en Estado de Bienestar se redujo un 1,5% para disparar el gasto político en 36.000 millones de euros, que se ha consolidado y anualizado, como ha examinado el economista José Ramón Riera, en El Debate, “La economía del bienestar baja para que suba el gasto político”, 16 de febrero de 2023).
España ha experimentado el mayor aumento del gasto público en Europa, 5 puntos superior al de la media de la UE-27, 4,4 al de la Eurozona-20 y 4,3 puntos frente a la Eurozona-19, de acuerdo con el informe de Freemarket Corporate Intelligence “Balance económico 2019 – 2022”.
El ritmo de creación de empleos públicos (una de los instrumentos que ha utilizado el actual gobierno para maquillar el problema de desempleo) implica que más del 20% del total de la población activa ocupada son asalariados públicos, mientras que en Alemania tan solo son un 12% y en Italia un 16,7%.
A esto se suma que esto representa una partida de gasto presupuestario al alza, pues el sueldo medio en el sector público es un 32% superior al del privado, como publicó el INE el año pasado. Adicionalmente, el 55% del empleo “creado” desde el cuarto trimestre de 2019 es público.
Declive demográfico
España es el 2º país de la UE con menor población entre 0 y 4 años, la cual representa únicamente un 3,9% del total, tras Italia (El Mundo, “Una España sin niños: sólo un 3,9% de la población tiene menos de 5 años, el segundo peor dato de la UE”, 28 de agosto de 2023).
A pesar de ello, el gobierno promueve políticas antifamiliares y abortistas (que resultan en 98.316 abortos en 2022, un 9% más que 2021 y el 2º país de la UE, tras Bulgaria, en ratio de abortos -número de abortos realizados por cada 1.000 bebés nacidos en un año-).
Según las proyecciones demográficas del INE, España tendrá un millón de niños menos (menores de 16 años) en 2037. Se trata de la pérdida del 15% de la población infantil, un cambio histórico que marcará a toda la sociedad durante décadas. Esto supondrá un cierre masivo de colegios y una reordenación del sistema escolar. Cada vez hay menos mujeres en edad fértil y cada una de ellas tiene menos hijos.
Pérdida de salud y mortalidad
Según datos de la Encuesta Europea sobre Salud (2023) España se encuentra por encima de la media europea en sobrepeso, tabaco y consumo de fármacos. En particular, el 54% de la población tiene un mayor índice de masa corporal que el recomendado, es decir, más de la mitad de los ciudadanos tienen sobrepeso o son obesos, particularmente por su relación con el aumento del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión, ciertos cánceres o dolencias coronarias y cardiacas.
En 2022, la mortalidad en España alcanzó según el INE el peor dato desde que hay registro, solo por detrás de 2020 (pandemia).
Más suicidios
Según el informe “Evolución del suicidio en España en este milenio (2000-2021) realizado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), del Centro de Investigación Biomédica en Red Salud Mental (Cibersam) y del Hospital del Mar de Barcelona”, más de la mitad de las provincias españolas presentan una tasa de mortalidad por suicido superior a la media mundial (OMS).
El incremento anual en hombres ha sido del 6,7% entre 2018-2021 (un 3,7% entre 2019-2021); en el caso de las mujeres, ha sido del 6,5% para el primer periodo y del 5,3 % en el segundo.
Según los datos oficiales del INE en 2021 se quitaron la vida 4.003 personas. España se acerca así los países con las mayores cifras, como son Estados Unidos, Canadá o los países escandinavos.
Asimismo, el suicidio es ya la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años en España, como se desprende del Informe sobre la Evolución del suicidio en España en población infantojuvenil, dirigido por Alejandro de la Torre, investigador principal del Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense de Madrid, entre 2019 y 2021 se produjo un aumento del 32,35% en el número de suicidios en adolescentes (de 12 a 17 años).
Insostenibilidad de las pensiones públicas
El gasto en pensiones de España superará en 2023 la cifra que el gobierno había previsto para 2030, un 13,7% del PIB. Al mismo tiempo, la deuda de la Seguridad Social se ha triplicado hasta los 103.636 millones de euros.
En un año, la deuda neta de la Seguridad Social ha aumentado un 88% hasta los 99.554 millones de euros, y el déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado ha aumentado un 32%, 51.700 millones de euros (Presupuestos 2023).
Como afirma el informe “El gasto en pensiones en España en comparativa europea”, publicado en el Boletín Económico del Banco de España (2023/T1): "si a la proyección del factor demográfico en 2050 se le añade la evolución esperada de la tasa de cobertura contemplada en el 2021 Ageing Report (las proyecciones económicas de la Comisión Europea hasta 2070), España pasaría a ser el segundo país con el gasto en pensiones más alto de la UE, situándose únicamente por detrás de Grecia".
La denominada “tasa de sustitución”, el indicador que mide la cobertura de las pensiones para mantener el poder adquisitivo de los jubilados -relacionando su último salario con el monto de la pensión que recibirán-, se sitúa en España en aproximadamente el 72,3% para el salario medio, cifra que obviamente no podrá ser sostenida.
De hecho, según el Índice de Pensiones elaborado por Mercer CFA Institute, España ha bajado del puesto 22 al 26 del ranking de 44 países analizados (por debajo de Portugal), y suspende en solvencia de las pensiones (el cuarto peor país de los analizados), situándose por debajo de Argentina. España paga pensiones generosas pero el sistema no genera los ingresos suficientes como para garantizar su autonomía.
Crisis migratoria
En 2022, el número total de entradas de inmigrantes de forma irregular fue de 31.219. De ellos, un total de 28.930 accedieron al país por vía marítima mediante 1704 embarcaciones que arribaron a las costas españolas (datos de Statista).
Ya en 2019 se estimaba que había en España entre 390.000 y 470.000 extranjeros “sin papeles”, entre 6 y 20 veces más que en 2014, y alrededor de 300.000 extracomunitarios ocupaban un empleo en la economía sumergida antes de la pandemia.
El informe “Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España” (2020), de Gonzalo Fanjul (Fundación porCausa) e Ismael Gálvez-Iniesta (Universidad Carlos III de Madrid), concluye asegurando que la situación de irregularidad tiene un coste medio anual para las arcas públicas españoles de 2.000 euros por inmigrante.
La inmigración en España procede principalmente de Marruecos, el 11,49%. De hecho, más de 175.000 marroquíes han obtenido la nacionalidad española desde la llegada de Sánchez al poder.
Sube la criminalidad
La criminalidad en el conjunto de España ha subido 5,75 por ciento en lo que va de año (hasta el trimestre 2 de 2023) respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Todos los tipos de delitos sin excepción se han disparado, sobre todo asesinatos, secuestros y los de carácter sexual. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han crecido un 11,32% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior; los robos con violencia e intimidación suben 2,95%; los robos en domicilios un 2,3%. Los delitos de carácter sexual han aumentado un 16,9% hasta superar por primera vez los 3.000. De ellos, más de un millar (1.021) han sido agresiones sexuales con penetración, que han subido un 3,8%. Pero el resto de delitos contra la libertad sexual se ha disparado más de un 21%.
Según el informe "Índice de paz y seguridad de las mujeres" elaborado por el Instituto de Georgetown, España pierde 22 puestos como mejor país para ser mujer en dos años, pasando del 5º puesto al puesto 14 en 2022 y al 27 en 2023.
Pésimo sistema educativo público
Según el último informe PISA, los alumnos españoles salen de la ESO con un nivel menor al de la media de la UE en las tres competencias que se evalúan: comprensión lectora, matemáticas y ciencias. También por debajo de la media de la OCDE.
Según el informe Eurydice (red de información educativa financiada por la Comisión Europea que recoge el número de horas lectivas que los estudiantes de secundaria en cada país de la Unión Europa), los alumnos españoles son los segundos de la UE que más horas lectivas tienen, pero presentan competencias más bajas.
Según el Academic Ranking of World Universities 2023 (ARWU, conocido como ranking de Shanghai) ninguna universidad española se sitúa entre las 200 mejores del mundo y hay tres menos entre las 300. Solo 38 universidades españolas entran entre las 1.000 mejores.
Según el informe “Datos y cifras del Sistema Universitario Español” correspondiente al curso académico 2022/2023, publicado el Ministerio de Universidades, los alumnos de los centros privados son los que sacan las mejores notas en la universidad.
País de ninis
España sigue estando en lo más alto del ranking de jóvenes que ni estudia ni trabaja, los conocidos como ninis, que suman más de 1,4 millones.
Según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación”, publicado este año, nuestro país es el que presenta la mayor debacle de jóvenes con una formación precaria en toda la UE. El 27% de ciudadanos, entre los 25 y 35 años, no ha terminado los estudios de bachillerato o su equivalente de FP. Una cifra que supera la de los países de nuestro entorno y que casi duplica la media de la OCDE, el 14 %.
Asimismo, el 27% de los jóvenes entre 25 y 34 años no tiene un título de bachillerato ni FP de grado medio, representando el peor dato de todos los países de la UE, de acuerdo con el informe anual Education at a Glance, de la OCDE.
Según Eurostat, el 46% de los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años vivía con sus padres en 2021, la cuarta peor cifra de los principales países de la UE. Existen 1.047.000 personas que, trabajando, viven aun con sus padres, el cuarto peor dato de la UE.
Pésima educación financiera y en comprensión lectora
De acuerdo con el último informe PISA nuestro país se encuentra en el puesto 17 de 20 países de la OCDE en términos de conocimientos financieros de los adolescentes.
Los estudiantes españoles están a la cola de la UE en comprensión lectora. Este dato ha empeorado en 7 puntos desde 2016 según el estudio internacional “Progress in International Reading Literacy Study” (PIRLS), realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), en el que participaron 57 países de la OCDE y de la UE. España se sitúa significativamente por debajo del promedio OCDE y de la UE.
Endeudamiento masivo y próximamente insostenible
Según el Banco de España, el déficit del Estado se sitúa en un 4,8% del PIB, casi el doble del déficit de 2018, y eso presentando las arcas públicas el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, el efecto de los fondos europeos (Next Generation EU) y récord de ingresos (según la AIReF, la inflación supuso un 50% de la recaudación extraordinaria de 2022, y sus estimaciones apuntan a que en 2023 será un 70%).
Como consecuencia, España ha experimentado un espectacular crecimiento de la deuda pública, que en el periodo 2007-2022 -como puede observarse con datos de Eurostat-, ha sido del 290% (por contraste con Italia 64,34% y Francia 105,83%).
España ha acumulado 15 años de déficits presupuestarios, elevando su deuda pública desde niveles inferiores al 40% del PIB a cotas situadas por encima del 120% del PIB.
Según los datos del Tesoro, hay vencimientos de deuda pública calendarizados hasta 2071. La deuda pública española según el criterio europeo del Protocolo de Déficit Excesivo se sitúa en el segundo trimestre de 2023 en el 113% del PIB, cifra que en lo que llevamos de 2023 ya supera los 1,56 billones de euros. Sin embargo, los pasivos totales en circulación de todas las Administraciones Públicas han alcanzado ya los 2 billones de euros en el segundo trimestre de 2023 (140% del PIB).
La deuda externa bruta de España ya supera los 2,34 billones de euros, un 172,6% del PIB, en el primer trimestre de 2023, significativamente superior al nivel de 2019 (169,8% del PIB).
Desde que gobierna Sánchez (PSOE) junto con Podemos/Sumar, esta cifra ha aumentado en 324.841 millones de euros, lo que supone casi 11 puntos de PIB, más del doble que la media de la UE.
A pesar de que la inflación ha ayudado a diluir la cantidad de deuda pública, su importe es, en 2022, un 12% superior (en términos reales) a la de 2018. El actual gobierno está dejando las finanzas públicas a merced del crédito exterior.
La paulatinas subidas de tipos del BCE junto con la retirada de las compras de este organismo auguran un mayor coste de financiación que tendrá que asumir el Estado (y por tanto sus contribuyentes) para colocar su deuda pública, que irá perdiendo calidad crediticia.
Por el momento, la rentabilidad exigida al bono a 10 años de España ha subido ya del 0,35% al 4,04% y el coste medio de la deuda en circulación ha pasado del 1,541% de marzo de 2022 al 2,023% de agosto de 2023, de acuerdo a los datos del Tesoro.
Según estimaciones de Funcas, en 2026 España pagará 14.900 millones más en intereses de su deuda hasta alcanzar al menos los 45.000 millones de euros.
Voracidad fiscal
La presión fiscal con el actual gobierno ha experimentado una subida del 21% y el esfuerzo fiscal de los españoles ya es un 53% superior a la media europea, conforme a los datos de la Tax Foundation en su informe “International Tax Competitiveness Index 2023”.
Esto sitúa a España en el puesto 34 de 38 en el Índice de Competitividad Fiscal, tras perder 11 posiciones entre 2020 y 2022. Un salario mediano en España paga ahora aproximadamente 400 euros más que antes solo por IRPF.
Según Funcas (Cuadernos de Información Económica, septiembre 2023), las familias pagaron en los dos últimos años 297 euros más de IVA que en el ejercicio precedente sólo por el impacto de la inflación.
Ese sobrecoste que han soportado las familias demuestra que las medidas gubernamentales como la rebaja del IVA en la electricidad no fueron suficientes para compensar el perjuicio fiscal de unos precios desbocados.
Desplome de la inversión extranjera
La inversión extranjera se desplomó un 26,6% en los primeros seis meses de 2023 y menos de la mitad del nivel alcanzado en 2018 según el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio (El País, 26 de septiembre de 2023).
Por tanto, España pierde interés para los inversores internacionales por el riesgo institucional y jurídico que ha provocado el gobierno de Sánchez/Sumar-Podemos con su pésima gestión, que ha convertido a economía española en un lugar complicado para invertir, con elevados impuestos al capital y al trabajo -superiores a la media de la UE-.
Pérdida de calidad democrática
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2022, elaborado por Transparencia Internacional, España empeora por segundo año y se sitúa al mismo nivel que Botsuana y Cabo Verde, y por debajo de Bután y Catar. Desde que gobierna Sánchez, ha descendido cuatro posiciones.
España figura a la cola de la OCDE en satisfacción con el funcionamiento de la democracia (por debajo de 4 puntos sobre 10), sólo superando a cuatro países con un pasado comunista (Eslovenia, Eslovaquia, Croacia y Polonia).
Además, España ha perdido dos posiciones en el Índice sobre el Estado de Derecho en el mundo del 2022, publicado por la organización World Justice Project. España se sitúa por detrás de Corea del Sur, la República Checa, Francia y China. En relación con la ausencia de corrupción, España empeora dos posiciones, lo mismo que sucede con respecto a la ejecución normativa.
Según el ranking del Banco Mundial publicado en el Worldwide Governance Indicators, sitúa a España en el puesto 25 de 30 países, en cuanto a calidad regulatoria y, en el puesto 23 de 30 en seguridad jurídica, poniendo de relevancia que la situación de España no está en consonancia con el promedio de la UE, que ocupa los puestos 19 y 18 respectivamente.
En cuanto a su nivel de democracia, España también desciende desde 2018 según los rankings de The Economist y Freedom House. En el primero, España cae tanto en puntuación como en la posición en la clasificación, y en el segundo, en puntuación total, concretamente, cuatro puntos en los últimos cinco años en el ranking que tiene en cuenta los indicadores democráticos. Ello contrasta con lo desinformado por el gobierno actual, como incluso llegó a ser denunciado como engañoso por el aparato oficialista Newtral (27 de marzo de 2023).
Además, España desciende cuatro puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa (2023), que publica Reporteros Sin Fronteras, cayendo del puesto 32 de la edición anterior al actual 36.
Pérdida de relevancia internacional de España
El posicionamiento exterior y proyección geopolítica de España también expresa su creciente debilidad. En el ranking Soft Power Index 2023, de la consultora Brand Finance, España ha experimentado el descenso de un puesto, del 11º al 12º, y en particular, en el Índice de influencia, ha caído dos puestos, del 11º al 13º.
El ejército español bajó de posición según el estudio de Global Fire Power 2023, que tiene en cuenta más de 60 factores individuales para determinar la puntuación de PowerIndex.
Pérdida de calidad de vida
Según el Índice de progreso social de Social Progress Imperative, España cae una posición con respecto a la edición anterior y dos menos desde la de 2020.
Conclusiones
1º. A diferencia de lo que propaga (desinforma) el actual gobierno y sus terminales mediáticas, España no sólo no avanza, sino que se encuentra retrocediendo en los indicadores más relevantes y a un ritmo muy peligroso. Observando los datos anteriores y las tendencias que muestran, resulta incontrovertido afirmar que la gestión del gobierno actual de España, de corte populista -conformado por la coalición PSOE con Podemos/Sumar y sostenido legislativamente por las oligarquías vascas (PNV y Bildu) y catalanas (ERC)-, ha sido pésima. Una gestión especialmente dañina para los hogares españoles más desfavorecidos.
2º. El gobierno actual ha hecho de España un país más pobre, desigual y más inseguro que con respecto a 2018. España se está empobreciendo a un ritmo alarmante, con una inflación que golpea en los estratos sociales más desfavorecidos, mediante una gestión pública de los recursos deficiente y políticas públicas que restan poder adquisitivo y renta disponible a sus ciudadanos, con una tributación al alza al no deflactarse el IRPF, y unos salarios que no crecen, o lo hacen de forma insuficiente.
3º. España sigue siendo el país con la tasa de paro y subempleo más alta, y con la mayor caída de renta disponible de la UE.
4º. El gobierno actual ha incidido en el clima hostil contra las empresas, la economía de mercado y el emprendimiento, lo cual repercute en un alto desempleo y en un menor dinamismo económico, y que finalmente se traslada en forma de peores condiciones de vida de la población.
5º. La clase política no está afrontando reformas estructurales de calado y ni el gobierno ni los partidos que lo sustentan han promovido consensos para la resolución de las múltiples problemáticas. El modelo administrativo, territorial y financiero de España se sostiene básicamente por la emisión masiva de deuda pública. Esto aproxima al Estado a su probable bancarrota, una vez se endurezcan las condiciones de los créditos y se retiren los ventiladores de respiración asistida del Banco Central Europeo, institución que acumula más del 30% de la deuda pública española.
6º. La pésima planificación económica de nuestros gestores públicos -por no decir nula- también nos conduce inexorablemente a una crisis demográfica estructural que, si bien ya se podía prever y estimar desde los años 90, no se remedió con políticas natalistas, profamiliares, ni sistemas de previsión social.
7º. La elevada tasa de paro y deuda pública, el menor crecimiento medio respecto a otros países de nuestro entorno y la dependencia de una considerable parte de la población de subvenciones, ayudas y subsidios, son algunas razones que inciden en la desigualdad creciente, fomentada con las políticas puramente asistencialistas y poco enfocadas en potenciar el ahorro privado, la libertad de empresa y la autonomía financiera de los ciudadanos.
8º. La tolerancia y pasividad de la sociedad con una clase política que la ha conducido a una situación tan nefasta como la expuesta, y con proyecciones negativas en cuanto a su calidad de vida, tiene que ver mucho con la pérdida de calidad de su nivel educativo.
9º. La vulnerabilidad socioeconómica de España, su endeudamiento masivo y dependencia del crédito exterior, trae causa de las deficiencias de su modelo político y administrativo, y redunda en una pérdida de proyección internacional y de sus capacidades diplomáticas y geopolíticas.
Si (
No(
