La aplicación de la norma del perdón reabre la polémica tras su entrada en vigor, con un plazo de dos meses para que jueces y tribunales decidan si se ajusta al derecho español e internacional.
El primer paso lo da el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tras mantener la orden de detención del ex presidente Puigdemont y el aviso a las Fuerzas de Seguridad para que se pronuncien sobre si el dirigente de Junts debe beneficiarse o no de la norma. La redacción de la amnistía, en lo que afecta a los delitos de malversación y terrorismo, deja abierta la posibilidad de que los principales protagonistas queden fuera del perdón. El Supremo también tiene la opción de plantear una consulta prejudicial al Tribunal de la Unión Europea, lo que supondría la suspensión de los procedimientos previstos en la ley. La Audiencia Nacional, por su parte, instruye una pieza del caso Tsunami, que afecta, entre otros, a la líder republicana, Marta Rovira- y el juicio pendiente a los miembros de los CDR.
Por su parte, los fiscales del tribunal sentenciador del 1-0 rechazan la orden superior de aplicar la norma al considerar que el delito de malversación de caudales públicos no puede ser borrado. Los integrantes del ministerio público califican de “improcedente y contraria a Derecho” la orden del Fiscal General del Estado para favorecer el perdón.
Por si algo faltara, hasta el Tribunal de Cuentas identifica los ataques de la norma al derecho europeo incompatibles con el Tratado de la UE. El tribunal fiscalizador activa la vía para que Bruselas pueda recuperar hasta 5,3 millones malversados por los dirigentes del procés por vulnerar la protección de dinero público. Otro atentado contra "el principio del estado de derecho" seria la retirada de sus peticiones de fianza a Puigdemont, Junqueras y hasta 35 independentistas encausados “de manera imperativa y unidireccional”, sin que las partes del proceso pudieran realizar alegaciones.
Amenazas de Sanchez y ofensiva de Feijóo
El presidente del gobierno continúa amenazando a la oposición, a la que sitúa como “portavoz” de la ultraderecha y el fango, además de alimentar el extremismo. Tras advertir que agotará el mandato de tres años más para “volver a ganar”, Sánchez da un ultimátum al PP para renovar el Poder Judicial so pena de “revisar” la competencia de nombrar a los jueces. Su intención es neutralizar también la "máquina (mediática) del fango" con medidas contra "pseudo medios digitales" para controlar la transparencia de su propiedad.
Feijóo le recrimina no tener un gobierno sólido, ni mayoría garantizada, ni Presupuestos, ni tampoco un apoyo suficiente en las urnas. También rechaza la amenaza de romper las reglas del CGPJ, avisando a su vez de que asumirá los tiempos y forma que marque la Comisión Europea, a la que ya se ha dirigido. Sostiene el líder de la oposición que el inquilino de la Moncloa pretende “tapar” sus derrotas en las elecciones y en el Parlamento tras los comicios europeos y las leyes presentadas por el PSOE, tumbadas por sus socios de legislatura, como la propuesta contra el proxenetismo o la ley del suelo.
El líder popular pide a la presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección, Ursula von der Leyen, actuar contra la ley de amnistía una vez que ha entrado en vigor. Denuncia el “ataque frontal al Estado de Derecho” que sólo busca borrar los delitos de corrupción o terrorismo a los dirigentes catalanes a cambio de “permanecer en el poder.
Las comunidades del PP esperan el pronunciamiento judicial para mover ficha una vez que proliferen las cuestiones prejudiciales de inconstitucionalidad. Génova y sus comunidades autónomas medirán los tiempos en su respuesta contra la norma. Los recursos ya anunciados por los barones populares, no se presentarán ante el Tribunal Constitucional de inmediato, como amenazó la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, sino que esperarán la revisión los casos que afectan a 82 procesos penales y 46 encausados.
Puigdemont o elecciones
El ex presidente de Generalitat está dispuesto a echar el último órdago político tras hacerse su partido con la presidencia del Parlament, lo que le permitirá presentarse a la investidura para 'renovar' su mandato, seis años y medio después de ser destituido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El envite de Puigdemont, amparado por una mesa con mayoría independentista en la cámara, deberá contar con el apoyo de ERC y la CUP para sumar hasta 59 diputados, que podrían llegar a 61 con los dos votos de Aliança catalana. El candidato del PSC, por su parte, podría alcanzar 48, con la ayuda de los comunes. Sólo si los republicanos cambian de bando, podrían hacer President a Salvador Illa.
El compromiso del presidente fugado es "firme" para regresar a España el 25 J, -fecha de la investidura- "sea cual sea la circunstancia". En caso de ser detenido por orden del Tribunal Supremo, al estimar que la amnistía no le es aplicable por estar acusado de malversación o, cae derrotado por negarse el PSC a una abstención con el voto de ERC, el líder de Junts exigiría la repetición electoral. La legislatura de Sánchez podría llevar el mismo camino si el fugado de Waterloo rompe también el tablero nacional con un resquebrajado gobierno de coalición. Para evitar el desaguisado, tanto el ejecutivo como el PSC ofrece una financiación “singular” y privilegiada para la autonomía a cambio de hacerse con la Generalitat.
Rebelión y futuro de Sumar
Mención aparte requiere el paso a un lado de la lideresa de Sumar, Yolanda Diaz, que dimite en diferido como coordinadora de su multi-coalición tras el quinto varapalo electoral y la rebelión de las principales formaciones que la integran. Díaz se mantendrá como interlocutora en el Gobierno y de la veintena de diputados en el Congreso. Pese a su catastrófica trayectoria política -IU, AGE, En Marea, Unidas Podemos y Sumar- continuará como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. La formación queda en manos de una coordinadora colegida afín a Díaz -Elizabeth Duval, Lara Hernández, Txema Guijarro y Rosa Martínez- con visos de refundación.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo continuará dentro del ejecutivo, aunque liberada de las cuestiones orgánicas y de lidiar con la docena de partidos integrados, que ya han anunciado su rebelión. El valenciano Compromís se relacionará a partir de ahora “de igual a igual”. Izquierda Unida defiende que habrá una “nueva etapa”, más “horizontal”, al dar por superado el proyecto “aglutinador” de todas las confluencias políticas. El PSOE confía en que la recomposición interna de sus socios no perjudique al Gobierno, consciente de que sin una marca a su izquierda no puede aspirar a otro ejecutivo de coalición. El antiguo correligionario y mentor de Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, vaticina el ”fin” de la formación y sostiene, además, que no tiene sentido de existir sin el liderazgo de su otrora protegida.
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