El Tribunal de garantías, cual intérprete supremo de la Constitución e independiente de los demás órganos del Estado, pasa de dirimir los asuntos que afectan a derechos fundamentales, para actuar como tribunal de casación que rectifica las sentencias de los tribunales ordinarios. Su última decisión no ha sido otra que anular las condenas por malversación de caudales públicos a tres ex consejeros de la Junta de Andalucía tras diseñar un “sistema fraudulento” y clientelar, con “descontrol absoluto” en el reparto de 680 millones a desempleados y la compra de voluntades. El alto tribunal ultima la anulación total o parcial de condenas al tiempo que desautorizaría las sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla, con una amnistía de facto al saqueo de fondos públicos entre 2000 y 2009.
A ello se une el intento de exonerar del delito de malversación a ex altos cargos del gobierno autonómico e incluso al propio ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El órgano de garantías, cuyos miembros son mayoritariamente nombrados a propuesta de los partidos -incluido su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido-, enmienda a jueces y magistrados independientes, al tiempo que se hunde en un peligroso descrédito similar a otros organismos y entidades como la Fiscalía General del Estado o el CIS.
Filibusterismo nacional y autonómico…
Reflexión aparte merece el filibusterismo parlamentario del Gobierno tras colar por la puerta de atrás una enmienda para suprimir la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tal treta política utiliza la Ley de Paridad para modificar la Ley Presupuestaria, que especifica que, si los objetivos de estabilidad y deuda son aprobados por el Congreso y rechazados por la Cámara Alta, volverán de nuevo a la cámara baja para una nueva votación, aprobándose por mayoría simple. El agitprop o aparato de propaganda y agitación socialista, induce la segregación de León, Zamora y Salamanca de la autonomía castellano-leonesa para convertirse en la décimo sexta comunidad española. La estrategia -imposible de prosperar- la agitan tanto UPL y PSOE con el argumento de que “no es que León quiera irse, sino que la Junta se ha ido de León”.
… y renovación del Poder Judicial con aviso de Feijóo.
Tampoco es un consuelo al progresivo deterioro de las instituciones, el acuerdo in extremis del bipartidismo para renovar el Consejo del Poder Judicial tras cinco años de profunda parálisis y el obstruccionismo del PP. Su líder, Núñez Feijóo, supera el inasumible bloqueo judicial que deberá reponer hasta un centenar de vacantes en los tribunales, un tercio de ellas en el Tribunal Supremo y 30 presidencias de las 50 audiencias provinciales. Un día después del reparto salomónico de vocales en el órgano de los jueces (diez a propuesta de cada formación entre PSOE y PP), el ministro de Justicia amenaza con incumplir el pacto. Bolaños se descuelga asegurando que “no es vinculante” y recuerda que son las Cortes las que tienen la iniciativa para decidir si prospera el sistema de elección entre los propios jueces, como propone el principal partido de la oposición. Con distintos argumentos, SUMAR, Podemos y VOX cargan contra un acuerdo “cerrado” que rechazan. El dirigente de esta última formación, Abascal, acusa al PP de “traición” a sus electores y avisa de que votara en contra de un pacto que puede hacer saltar los acuerdos territoriales de ambas formaciones.
Feijóo exige, a su vez, a Sánchez poner límite a la “voracidad” del Gobierno para controlar las instituciones, que solicite la dimisión del Fiscal General del Estado, que explique la corrupción que le rodea y que deje trabajar al Tribunal Constitucional sin la “obediencia debida”.
La mordaza que prepara el gobierno
Superado el ciclo electoral y el perdón a la carta para el independentismo, Sánchez busca reimpulsar la legislatura con medidas de “regeneración democrática” que incluyen a los medios de comunicación, cuatro plenos escoba durante el verano, y la negociación de los presupuestos del Estado -con unos socios cada vez más críticos- para finales de año. Las iniciativas estrella para neutralizar el “fango” de los medios no son otras que la modificación de la Ley orgánica sobre el derecho al honor y de rectificación, y una “medición objetiva” antes de conceder cualquier subvención pública. Tampoco se descarta la creación de un nuevo órgano administrativo que tendría capacidad de sancionar y de eliminar noticias sin una intervención judicial previa.
No pocos adanistas siguen sin enterarse que fueron las Cortes de Cádiz las primeras en aprobar la Ley de Imprenta que permitió publicar los pensamientos e ideas políticas con libertad e impedía poner bozales a los periódicos críticos de la época, remitiendo “a los tribunales” cualquier “libelo infamatorio o escrito calumnioso”.
Deterioro democrático y Parlamento catalán
El Parlament de Cataluña activa la cuenta atrás para una repetición electoral, tras constatar que ninguno de los candidatos posibles -ni Illa ni Puigdemont- tienen los apoyos necesarios para conseguir su investidura, y activa el reloj para una nueva convocatoria de los comicios el 13 de octubre, si ningún candidato logra el acuerdo antes del 26 de agosto.
El deterioro del Estado de Derecho en España supera ya cotas inimaginables tras la restauración de la democracia, con signos evidentes de degradación de las instituciones. Solo hay que recordar el informe enviado a la propia Unión Europea por el Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe donde se detalla la vulneración del Estado de Derecho en el funcionamiento de las instituciones estatales y las imputables a la Generalitat catalana. Entre otros ataques a la independencia judicial, señala la apropiación indebida del Ministerio Fiscal y del Tribunal Constitucional, la tolerancia con acciones delictivas en que incurren socios políticos del Gobierno, la ley de amnistía ya aprobada, las comisiones legislativas para fiscalizar a los tribunales, el control político de los medios de comunicación y el abuso de la legislación de urgencia.
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