Conviene recordar que el bien común de una sociedad democrática no significa el bien de todos y cada uno de sus componentes, aunque fuese lo deseable, sino de la mayor mayoría posible a la que se deberá proteger, en primer lugar, de los que atentan contra su convivencia. Llegados aquí planteábamos que la primera víctima de esta nueva España desvertebrada era el valor de la igualdad entre los ciudadanos españoles, entendidos estos, por ejemplo, como los derechohabientes a un DNI español.
Y aquí es menester apartar una confusión de poco rigor intelectual que consiste en entender ese factor toral, la igualdad, como la igualdad o cohesión económica o de riqueza. Como veremos la semana que viene esa aspiración a una mínima cohesión social se incrusta mucho mejor en el valor solidaridad, otrora fraternidad. Volviendo a la igualdad “política”, esta consiste esencialmente en asegurar la igualdad de derechos y obligaciones ante la Ley de cada uno de los ciudadanos de “la polis”, ahora sí de todos y cada uno. Es un valor político social que creíamos haber asentado en nuestra supermanipulada Constitución, con muy pocas excepciones: el jefe del Estado en determinados asuntos de Estado, y los ciudadanos de Vascongadas y Navarra en algunos asuntos supuestamente procedimentales.
Pero aun así y globalmente, en España se pretendió establecer que los miembros titulares de la soberanía nacional y democrática eran iguales ante la Ley sin discriminación posible por razones de raza, religión, sexo (por muchos que haya), etnia o…residencia. Lo que se suele aducir popularmente como que no haya españoles de primera, segunda y x categorías. Pero al perderse la noción de “polis” española, de conjunto de ciudadanos integrados una sociedad integrada, la discriminación por criterios de residencia es inevitable. Así, por ejemplo, en determinadas CCAA un español pierde el derecho de educar a sus hijos en el único idioma común a todos los españoles, o el derecho a instalarse en cualquier rincón de España usando el español profesionalmente. Otros lo mantienen. Ejemplo final, los españoles tendrán un distinto tratamiento carcelario o punitivo según la región en que cumplan sus condenas. Pero de ejemplos, seguro que están Uds. sobrados.
En definitiva, los españoles sólo podían ser iguales en derechos y obligaciones en su propia región, lo cual tampoco es seguro, porque en hispano Cataluña, verbigracia, se persigue legalmente a los hispanohablantes. ¿Se puede considerar democracia una nación dónde existen ciudadanos de primera, segunda y tercera? Sin duda. En la vieja Grecia votaba la demos, pero no la laos; hasta hace muy poco, históricamente, las mujeres biológicas no tenían derecho a voto y hasta para Lyndon.B Johnson (como muchos) los negros eran ciudadanos de cuarta ante las leyes, en cuanto a derechos. Pero los tiempos han evolucionado. Así por ejemplo hogaño tenemos un Ministerio de Igualdad, impensable hace 50 años. No es el problema de que sea constitucional o no, porque ya sabemos que todo, TODO, cabe en la constitución, hasta el canibalismo probablemente, es el problema de saber si hoy en día queremos una España de ciudadanos desiguales ante la Ley. Puede ser que sí, pero el cambio es de tal envergadura que convendría someterlo a consulta concreta de todos los españoles tras haber explicado bien los pros y los contras morales y prácticos.
Y, por favor, que dejen de mentir los partidos políticos diciendo que les preocupa la igualdad de los españoles cuando saben que, actualmente, es esféricamente imposible con las estructuras creadas a la chita callando: Antes al contrario, la desigualdad aumenta imparablemente. Y la semana que viene, la cosa se complicará con la solidaridad.
Si (
No(
