La Ley 5/2019: un nuevo marco para la transparencia financiera

La Ley 5/2019 marcó un antes y un después en el mercado hipotecario español. Nacida con el objetivo de reforzar la protección del consumidor y dotar de mayor transparencia a las operaciones de crédito inmobiliario, esta norma estableció un conjunto de obligaciones claras tanto para los prestamistas como para los intermediarios.

Uno de los puntos clave fue la regulación expresa de dos figuras fundamentales: los Intermediarios de Crédito Inmobiliario (ICIs) y los Prestamistas Inmobiliarios (PIs). Desde entonces, para operar legalmente en el sector, resulta obligatorio estar inscrito en el registro correspondiente del Banco de España, o, en su defecto, en los registros habilitados por las autoridades competentes de cada comunidad autónoma, si se opera a nivel regional.

La inscripción: más que un requisito formal

La inscripción como ICI o PI no es una mera formalidad, sino la puerta de entrada a un ejercicio legal y transparente de la actividad. Al registrarse, el profesional declara cumplir con requisitos clave:

Honorabilidad

Formación adecuada

Capacidad técnica y financiera

Sistema de gobierno interno que garantice el control y la gestión de riesgos

Operar sin estar debidamente inscrito supone una infracción grave, que puede conllevar sanciones económicas importantes y la inhabilitación para ejercer.

Obligaciones tras la inscripción: el compromiso empieza ahí

Una vez inscrito, el ICI o PI asume una serie de responsabilidades continuas que no deben pasarse por alto. Entre las más relevantes:

Formación continua: Es imprescindible mantenerse actualizado en materia financiera y normativa.

Declaración a la CIRBE (Central de Información de Riesgos): Los prestamistas deben declarar las operaciones activas mensualmente.

Estados reservados: Presentación semestral de información financiera y operativa.

Registro de reclamaciones: Procedimiento interno para gestionar reclamaciones de clientes.

Publicidad responsable: Toda acción publicitaria debe ser clara, veraz y conforme a la ley.

No cumplir con estas obligaciones puede acarrear multas, la pérdida de la inscripción o, en casos graves, consecuencias penales. Más allá del impacto legal, está en juego la reputación del profesional y la confianza del cliente, factores clave en un sector altamente competitivo.

Profesionalismo y confianza: valores que se construyen

El cumplimiento normativo no solo es un imperativo legal, sino una herramienta para posicionarse con solidez en el mercado. Un intermediario que demuestra estar al día con sus obligaciones transmite seriedad, fiabilidad y profesionalismo. En este sentido, la comunicación clara y ética juega un papel esencial.

Un futuro regulado… y prometedor

El sector de la intermediación financiera seguirá evolucionando. La creciente digitalización, la exigencia regulatoria y el perfil cada vez más informado del consumidor exigen a los ICIs y PIs un compromiso permanente con la excelencia.

Cumplir con la Ley 5/2019 no es una carga, sino una oportunidad para elevar el estándar de calidad del sector. Estar inscrito, formarse, actuar con transparencia y comunicar con claridad son los cimientos de una práctica profesional que no solo es legal, sino también ética y sostenible.

¿Necesita asesoramiento?

Desde Legal Claims, despacho especializado en el asesoramiento a intermediarios de crédito y prestamistas inmobiliarios, nos ponemos a su disposición para acompañarle en el proceso de adecuación normativa de su empresa. Le ayudamos a cumplir con los requisitos establecidos por el Banco de España, garantizando así una operativa legal, sólida y alineada con los estándares del sector.