El derecho de familia en España está experimentando una profunda transformación, marcada por la evolución de las estructuras familiares y un notable incremento en los casos de custodia compartida. Según datos del INE de 2023, de los 76.685 divorcios registrados a nivel nacional entre cónyuges de diferente sexo, el 50,7% involucraron hijos menores, lo que representa un total de 38.876 familias que se vieron en la necesidad de reconfigurar su organización y dinámicas internas.
En este contexto, la custodia compartida emergió como la opción predominante en el 48,4% de los casos, superando por primera vez a la custodia exclusiva materna (47,8%) y consolidándose significativamente por encima de la custodia exclusiva paterna (3,5%). Esta nueva realidad familiar plantea interrogantes, especialmente en lo que concierne a la pensión de alimentos.
Lidón García Navarro, abogada de Marín & Mateo Abogados, asegura que existe la “idea mitificada” de que, en un régimen de custodia compartida, cada progenitor simplemente asume los gastos de sus hijos durante los períodos en que conviven con ellos. “Sin embargo, la custodia compartida no exime automáticamente a los progenitores de la obligación legal de abonar una pensión de alimentos. La complejidad de las múltiples situaciones familiares que pueden darse y la riqueza de los principios legales va más allá”, añade.
Si bien es cierto que, en situaciones de custodia compartida en la que los ingresos de ambos progenitores son similares, la práctica habitual suele consistir en que cada uno asuma los gastos ordinarios de los hijos durante su respectivo tiempo de custodia, la legislación contempla y permite expresamente la posibilidad de establecer una pensión de alimentos cuando se constata una desproporción económica significativa entre ambos progenitores.
Cómo establecer la pensión en una custodia compartida
Los datos del INE revelan que en el 54,5% de los divorcios de cónyuges de diferente sexo registrados en 2023 se asignó una pensión alimenticia, lo que demuestra que esta obligación económica persiste en un número considerable de casos. El reparto de esta responsabilidad recayó mayoritariamente en el padre (54,9%), seguido de ambos progenitores (41,5%) y, en una mínima proporción, en la madre (3,6%).
La clave para determinar la procedencia y el importe de la pensión de alimentos en casos de custodia compartida reside en el principio fundamental de proporcionalidad. “La prioridad de los jueces es garantizar el bienestar del niño y promover su desarrollo integral. En base a esto, y amparándose en los artículos 145 y 146 del Código Civil, realizan una evaluación detallada y exhaustiva de la diferencia de ingresos existente entre los progenitores y las necesidades económicas concretas de los hijos”, explica Lidón García.
En aquellos casos en que ambos padres cuentan con una situación económica equivalente, lo habitual es que cada uno de ellos asuma los gastos corrientes de los hijos durante su correspondiente periodo de custodia, compartiendo de forma proporcional los gastos extraordinarios que puedan surgir. Según expone la abogada de Marín & Mateo Abogados, “cuando hay una disparidad significativa en los ingresos se hace necesario fijar una pensión a favor del progenitor que dispone de menos recursos, ya que hay que asegurar que se atiendan las necesidades del niño de forma equitativa sin cambiar su nivel de vida. Sin embargo, también se pueden establecer otras fórmulas”, añade Lidón.
Una de ellas es que el progenitor con mayor capacidad económica asuma directamente el pago de ciertos gastos específicos y relevantes, como los educativos o sanitarios, para compensar la disparidad. Otra opción viable es crear una cuenta común para cubrir los gastos ordinarios de los hijos, con aportaciones en función de los ingresos de cada cónyuge, mientras que los gastos de manutención se cubren por separado durante sus respectivos periodos de custodia.
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