La beneficiaria, de más de 55 años, instó la pensión debido a su incapacidad para continuar con sus funciones como Directora de Recursos Humanos, debido a las graves secuelas de su enfermedad. A pesar de los informes médicos que avalaban su situación, el INSS rechazó su solicitud argumentando que las dolencias no justificaban una incapacidad total.
En concreto, se desestimó un informe del Hospital Germans Trias i Pujol, que detallaba la gravedad de su COVID persistente y sus efectos neurocognitivos, los cuales limitaban moderadamente las actividades básicas de la vida diaria de la trabajadora.
El equipo jurídico especializado, conformado por profesionales jurídicos y peritos médicos especializados en la materia, presentó una defensa legal sólida basada en informes médicos detallados, e informe médico pericial, que demostraban la incapacidad de la trabajadora para desempeñar las funciones esenciales de su profesión. Gracias a la estrategia implementada por este gabinete legal, el magistrado del Juzgado de lo Social Nº10 de Barcelona falló a favor de la trabajadora, reconociendo que su estado de salud la incapacita para continuar desarrollando las funciones clave de su puesto y que no es posible reubicarla en un puesto de menor exigencia.
Este caso, que se suma a otros casos exitosos gestionados por el gabinete, pone de manifiesto que el COVID persistente y sus secuelas pueden justificar legalmente una incapacidad permanente, siempre que se cuente con la debida documentación médica y el respaldo legal adecuado. En este sentido, TribunalMedico.com se reafirma como un referente en el ámbito de las incapacidades permanentes relacionadas con el COVID persistente.
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