La contradicción es tan evidente que casi insulta al sentido común: se dice defender la cultura catalana, pero el ministerio de cultura concede un convenio a una empresa que tributa fuera de España, además, financiada paradójicamente por un inversor español según consta en el registro de sociedades de Andorra.
El caso se agrava con los detalles societarios de la empresa contratante Anticvvm edicions SL.: Josep Estañol Cornella, apoderado, un ex notario cesado en Andorra por el gobierno. Santiago Blanch Hernández, español, administrador y accionista inversor de la sociedad, un empresario con vínculos familiares con la saga Caprabo, a esto sumamos deudas judiciales de la sociedad reconocidas en España según consta en la demanda contencioso administrativa presentada en el juzgado. Todo ello envuelto en un convenio que, aunque no incluye pagos en efectivo, sí otorga privilegios y ventajas patrimoniales claras a la empresa andorrana beneficiaria según el convenio concedido.
En el fondo, este no es un problema solo legal o administrativo. Es un problema de credibilidad institucional. ¿Cómo confiar en unas políticas culturales que, en vez de fortalecer el tejido cultural local, terminan premiando estructuras que operan desde el extranjero y que gozan de ventajas fiscales que nuestros empresarios no tienen en España?
La cultura en España merece algo mejor. Merece apoyo real, con coherencia y con justicia y proporcionalidad fiscal. Y lo mínimo que deberíamos exigir es que los proyectos que la representan no acaben en manos de quienes han optado por invertir en otro país y así tributar menos y desde allí negociar con el ministerio de cultura, máxime siendo figuras relevantes de la sociedad catalana ¡un auténtico disparate!
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No(
