Longevidad de la Carta Magna
Los embates extremistas junto a los incumplimientos de la Carta Magna, no impiden que la ley de leyes de 1978 se convierta el año próximo en la más longeva de la historia, superando los 47 años de la ‘canovista’ de 1876 que sustentó el ‘turnismo’ de la Restauración borbónica. El ejecutivo lidera ya el número de transgresiones constitucionales por vulnerar o reinterpretar algunos de sus preceptos, entre ellos la obligación de presentar los presupuestos, la aprobación de medidas como la amnistía, los estados de alarma durante la pandemia o la cesión de competencias fiscales y migratorias a Cataluña.
A excepción de la Constitución de Cádiz de 1812 con 385 artículos, la de 1978 es la segunda con más preceptos, 169. La Carta que posibilitó el tránsito de la dictadura a la democracia, ha sido reformada solo tres veces frente a las 12 de Italia, 60 de Alemania o las 80 de Austria. Nuestro precepto legislativo se ha modificado para incorporar el sufragio pasivo de extranjeros (art. 13.2 en 1992), la estabilidad presupuestaria (art. 135 en 2011), y la referencia a personas con discapacidad en lugar de disminuidos (art. 49 en 2024).
Apoyo social a la Carta del 78
A día de hoy, los ciudadanos mantienen una elevada confianza en la Constitución, casi el doble de la que tienen los partidos políticos o el Gobierno. De hecho, es el único referente que aprueba (6,59 puntos), por encima de la Justicia (4,98), el Parlamento (4,35) o los medios de comunicación (4,12). Peor respaldo merece el poder ejecutivo, con el 3,99 de apoyo y los partidos políticos, con apenas el 3,82. Pese a ello, la Constitución continúa señalada por un independentismo obsesionado con destruir el ‘régimen del 78’, la 'corrupta' monarquía y hasta el consenso de la Transición.
La ley de leyes más robusta y consolidada es apoyada por el 48,4% de ciudadanos (sobre todo votantes de PP y Vox) que la consideran válida todavía, frente al 42,6 que no lo cree así y sugiere modificaciones (votantes de Psoe y Sumar). Según Sigma Dos, siete de cada diez encuestados está a favor de introducir reformas como eliminar la preferencia del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona, o de blindar que jueces y magistrados se elijan a sí mismos sin interferencia política de ningún tipo. El 65,5% de los interrogados se muestra favorable también a imponer un máximo de años o legislaturas para ejercer la presidencia del Gobierno. Las tres únicas modificaciones de nuestra ley de leyes, permitieron la adhesión al Tratado de Maastricht de la UE, la prioridad del pago de deuda pública en los presupuestos sobre las demás partidas y la sustitución del término “disminuidos" por “personas con discapacidad” en lo que supone la primera reforma social de la Carta Magna.
Artículos de la discordia
Entre los cinco artículos que están en el punto de mira del secesionismo, el abertzalismo y hasta la izquierda radical, figuran la “indisoluble unidad de la Nación española” (art. 2), la Corona como “símbolo de la unidad y permanencia" del país (art 56), la capacidad para "sancionar y promulgar leyes” (art 62), “las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas (art 92) y la igualdad entre las Comunidades que “no podrá implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” (art 138) .
Una reforma difícil de consensuar
Tan relevantes derechos conquistados deben acomodarse hoy a las reformas que algunos partidos reclaman para mejorar la Carta Magna y otros pretenden derogar. La fragmentación y radicalización que padece el Parlamento no es la mejor situación para revalidar los amplios consensos de la Transición. Hasta el bipartidismo socialista o conservador (PSOE y PP) reconoce la dificultad de su reforma en una legislatura tan convulsa y, sobre todo, fragmentada. A diferencia de la italiana (1947) o de la alemana (1949), nuestra Ley de leyes no excluye ninguna materia susceptible de cambiar. La Ley Fundamental de Bonn prohíbe modificar la federación en Estados, mientras Francia (1958) o Italia, prohíben alterar la forma republicana de Gobierno. En España, tal pretensión no fructificará si se cuestiona la unidad con naciones inexistentes o se entierra la democracia representativa.
De la pena de muerte, al divorcio y las CC.AA.
Cinco décadas atrás en nuestro país había pena de muerte, la interrupción del embarazo era delito, divorciarse ilegal, los sindicatos eran perseguidos y hasta defender ideas europeizantes estaba considerado una traición. Por no haber, en 1977 no existían las comunidades autónomas, ayuntamientos democráticos, ni televisiones o universidades privadas, mientras la libertad religiosa o de enseñanza brillaban por su ausencia. Tras la muerte de Franco en 1975, todavía hubo que esperar para despenalizar los anticonceptivos o la blasfemia, castigar el tráfico de influencias, legalizar el derecho de huelga, construir autopistas y ferrocarriles de alta velocidad o suprimir el servicio militar. Todo un ingente legado que tuvieron que construir varias generaciones ilusionadas, frustradas durante décadas, en un tiempo en el que el terrorismo de ETA y del Grapo, el matonismo ultraderechista o el golpismo militar estuvieron a punto de truncar la restauración de la democracia.
Si (
No(
