Cuando no hay un control real del poder; es decir, cuando la Legalidad es en esencia un decorado, se abren por entero las puertas de la corrupción, de todos los partidos, cuya última gran consecuencia ha sido la muerte de 45 inocentes en Adamuz. Donde el dinero se gasta en vicios y demás lindezas, no lo hay para servicios públicos, por mucho que la pistola fiscal, sea ya un cañón, que arruina la economía nacional. Y claro, cuando el resultado son muertos, en Derecho Penal esto se llama homicidio, que incluso puede ser doloso y no imprudente, porque si para poder robar, se acepta que algo así puede pasar, habría dolo eventual. Todo ello aparte de que, lo que en lenguaje coloquial es “robar”, implica varios delitos patrimoniales más.
Lo mismo hay que decir de la famosa “regularización” de 500.000 personas. Yo he sido el primero en defender la dignidad de los inmigrantes. Lean si no, mi Manifiesto para una Nueva Ilustración, de 2008, que es rotundo en la tutela de los derechos de la persona, ¡faltaría más!; pero los mismos que antes decían que la inmigración ilegal debía ser delito, hoy han dado un giro de 180º, y promueven activamente una política irresponsable de fronteras abiertas. Aquí el que salta la valla o entra en patera, o en open arms, se queda. Y estos “open” subvencionados, son parte de la “open society” de Soros, artífice principal de la ingeniería social, que trabaja activamente para sustituir la cultura de libertad de ex-Occidente, por una discultura de sumisión.
La regularización masiva por Decreto, sin pasar por el Parlamento, atenta frontalmente contra el Principio de Legalidad, porque los derechos de los extranjeros, son una materia reservada por el artículo 13 de la Constitución, a la Ley de Cortes; pero claro, cuando el Estado está en desguace, por la desactivación y politización de los órganos de control, la Constitución es un decorado más. Y no se diga que hay Ley de Extranjería, porque para hacer algo así directamente por Decreto, habría de ser en ejecución de una Ley que regulase con claridad los requisitos de la regularización, y lo que han presentado los promotores, es un “me-se-ocurre” -como dirían elles-, donde fijo libremente los requisitos que me da la gana, en el que la factura de una pizza, o la declaración responsable de un delincuente, de no tener antecedentes penales, pasan por delante de la Ley y de la propia Constitución. Tanto el Congreso, como el Senado, pueden y DEBEN exigir, sin esperar a que se pronuncien los Tribunales -quienes serán sometidos a mil presiones-, que se respete su rol legislativo y de control, y que el Gobierno se someta a la Ley. Antaño, tampoco se podían atribuir alegremente derechos sociales, a quien “me-se-ocurre”, porque esto tenía repercusión presupuestaria, y los créditos eran limitativos en el artículo 60 de la vieja Ley Presupuestaria de 1977, y es lógico, porque regalar derechos sociales, depaupera los servicios de quienes los financian, con lo que se desmantela el Estado Social; pero claro, esto ya no es así en la vigente Ley de 2003, promovida por un Gobierno del PP. Estas cosas explican que se pueda gobernar hoy, con presupuestos varias veces prorrogados. Sencillamente se desactivaron también los controles presupuestarios, principal herramienta que en un Estado no fallido, tiene el Parlamento para controlar al Gobierno. Lo dicho: el Estado está en desguace.
Si (
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