Triunfo de Azcón, ‘sorpaso’ de Vox y castigo a… Pedro Sánchez
El segundo triunfo consecutivo de Azcón pondrá de nuevo a prueba la gobernabilidad con Vox, con una meteórica subida para conformar un ejecutivo estable que evite el continuo enfrentamiento. El presidente autonómico en funciones se compromete a pactar si no consigue la mayoría, levantar un muro contra el independentismo y desterrar el intento de convertir la comunidad en una autonomía de segunda como pretende el gobierno. Incluso amenaza con recurrir a la Guardia civil para recuperar las pinturas de Sijena expoliadas por Cataluña.
Socialistas veteranos asumen con preocupación otro varapalo territorial que se repite cuatro años después tras recibir sus dirigentes el mayor castigo en clave nacional por el legado de Pedro Sánchez. No pocos cargos orgánicos constatan la inquietud por el trasvase de votos socialistas a la derecha extrema, impensable en el largo trecho de la Transición, incluso con proclamación pública de tal ‘deserción’. El panorama autonómico del PSOE no puede ser más yermo, con el control de apenas cuatro comunidades (Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) frente a las 12 regidas por el PP. El 'sorpaso' de Vox ya se produjo de manera contundente en las elecciones extremeñas en las que su principal ciudad, Badajoz, superó a los socialistas por más de cuatro puntos: 14.574 votos (20,79%) de Vox, muy por delante de los 11.647 (16,61%) cosechados por el PSOE.
Regularización ‘electoral’ y nacionalización de los nietos del exilio
La regularización exprés de Pedro Sánchez está abocada a terminar en el Tribunal Supremo por soslayar su debate y aprobación por el Parlamento, en lugar de utilizar la vía del 'decretazo' denunciada por la oposición. La enésima utilización de esta figura, obvia a su vez la "extraordinaria y urgente necesidad" de una medida que puede sobrepasar los límites de un reglamento. Ante lo que consideran un golpe de mano electoral los partidos que más se oponen a la medida han desencadenado su rechazo. Vox anuncia recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, mientras el Partido Popular mantiene la prudencia hasta conocer un contenido más preciso. El argumento jurídico de las impugnaciones será el abuso de la vía escogida para desplegar una medida de tal calado que, además, afecta a una materia reservada a la ley.
A la masiva regularización se suma la pretendida nacionalización de 1,3 millones de ‘nietos del exilio’, amparada por la Ley de Memoria Democrática, que permitiría su voto en las elecciones generales. Para ello, el gobierno acelera la digitalización del millón de expedientes ya iniciados en las oficinas consulares para reclamar la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles y que, al sufrir exilio por razones políticas o ideológicas, hubieran perdido o renunciado a tal derecho.
Electoralismo según Feijóo
El líder del PP, Núñez-Feijóo, denuncia el "electoralismo" de una legalización que en lugar de “repartir papeles”, puede convertirse en un reparto de papeletas. Los 840.000 inmigrantes a regularizar, según los datos de FUNCAS -frente a los 500.000 anunciado por el ejecutivo-, pueden tener una influencia relativa al no conseguir el derecho de voto de manera inmediata, incluso con una participación declarada 14 puntos inferior a la de los españoles. Aun así, habría que tener en cuenta las estimaciones de voto de sus beneficiarios que, de entrada, no favorecen al PSOE u otras opciones de izquierda. El estudio de Funcas sobre la población extranjera en situación irregular en España señala que la inmensa mayoría (91%) son de origen latinoamericano, con mayoría de colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000).
Los expertos reducen al mínimo los efectos de la regularización, tanto en las elecciones generales, donde es obligatorio poseer la nacionalidad española para votar, como en las municipales, donde no lo es. Resaltan la escasa incidencia en el censo, enmarcando la maniobra del Ejecutivo en un acto administrativo y de “supervivencia política" aunque sin efectos inmediatos, ya que el proceso únicamente implica la "obtención de permisos de residencia y trabajo". En el supuesto de las elecciones municipales solo pueden votar aquellos inmigrantes cuyo país de origen haya suscrito con España un acuerdo de reciprocidad y reclamen hacerlo. En 2023 participaron los mayores de edad naturales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Según el INE, quienes más solicitaron el derecho de sufragio fueron las personas de Reino Unido (211.277), seguidas de Ecuador (66.086) y Colombia (60.275).
Puente, enésima reprobación
El Senado reprueba por cuarta vez y pide la dimisión de Óscar Puente, tras considerar que su permanencia en el ministerio de Transportes es una “afrenta a las víctimas” de los accidentes de Ademuz y Rodalías, y una “amenaza para los ciudadanos". La enésima reprobación del titulart del ministerio más inversor del Estado sale adelante con el voto de PP, Vox, ERC y UPN, la abstención de Junts y el rechazo del PSOE. La cámara alta insta también al ejecutivo a aprobar el plan de choque extraordinario en el que se identifiquen las limitaciones temporales de velocidad debido a incidentes en las infraestructuras, así como detallar todas las actuaciones necesarias para solventarlas. Los sindicatos mantienen la huelga de tres días ante el caos ferroviario y la situación de red para la que piden medidas concretas en materia de personal, así como de mantenimiento de Adif.
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